MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un informe redactado por un comité establecido en junio de 2012 por el presidente egipcio, Mohamed Mursi, recoge graves violaciones de los derechos civiles y políticos de los manifestantes durante el periodo en el que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas estuvo al frente del país tras la caída del expresidente Hosni Mubarak.
El comité formado fundamentalmente por jueces, activistas pro Derechos Humanos y familiares de las víctimas de la revolución, fue establecido para investigar las violaciones cometidas en el marco de las manifestaciones populares contra las autoridades entre enero de 2011 y la llegada al poder de Mursi en junio de 2012.
El activista y miembro del comité Taqadum el Jatib ha indicado que el informe no se ha hecho público debido a que el comité únicamente envió una copia al presidente, que no ha procedido a su publicación, según ha informado el diario egipcio 'Al Masry al Youm'.
Los críticos han atacado duramente a la Presidencia por su negativa a establecer un sistema de justicia de transición y han apuntado a un posible acuerdo por parte de Hermanos Musulmanes para garantizar una salida segura a los líderes militares a cambio del silencio del Ejército sobre su control total de las instituciones del país.
El Jatib ha dicho que el informe incluye pruebas detalladas contra líderes militares y agentes de Policía que ordenaron o cometieron abusos contra los manifestantes. Entre estos crímenes destacarían la tortura de manifestantes en el Museo Egipcio el 9 de marzo y los abusos sexuales contra mujeres detenidas, en lo que fue definido como 'pruebas de virginidad'.
Asimismo, ha apuntado que otros casos notorios son la dispersión violencia de las manifestaciones en la plaza Tahrir el 8 de abril de 2011, la masacre de Maspero --en la que murieron 23 ciudadanos coptos--, los enfrentamientos en la calle Mohamed Mahmud, la represión de una sentada frente al Ministerio de Interior y los enfrentamientos en la calle Abbaseya.
"En la mayoría de los casos, los dirigentes militares dieron órdenes directas para matar, herido, detener y torturar a los activistas detenidos", ha reseñado El Jatib. Entre los implicados ha citado al entonces líder del Distrito Central del Ejército, Hassan al Roweini; el jefe del Estado Mayor, Sami Anan; y al director de la Policía Militar, Hamdi Badin, si bien ha recalcado que hay muchos más.
Entre las pruebas reunidas durante la redacción del documento hay vídeos que muestran explícitamente a personal militar agrediendo o asesinando a manifestantes, así como testimonios de altos cargos y miembros de la Inteligencia egipcia.
"Los servicios de Inteligencia cooperaron bastante, así como la Policía y el exfiscal general (Abdelmeguid Mahmud), quien nos ayudó entregándonos los informes de servicio de los miembros de la Policía y el Ejército que estuvieron en activo cuando los crímenes fueron cometidos", ha agregado El Jatib.
Además, ha añadido que el entonces ministro del Interior, Mansur al Essawi, dijo al comité que durante los enfrentamientos en la calle Mohamed Mahmud, la División de Operaciones Especiales del Ejército dio orden directa de dispersar de forma violenta la manifestación.
PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO
El grupo de presión 'Estamos detrás vuestro con el informe', formado por el exmiembro del comité y director del Centro Legal Hisham Mubarak, Ahmed Raguib, está trabajando para conseguir la publicación del documento por parte de las autoridades.
"Lo que hacemos es presionar a las autoridades para que publiquen los descubrimientos realizados por la comisión en cuanto que un tribunal determine respecto a alguno de los crímenes enumerados en el informe", ha dicho la miembro de la campaña Heba Higazi.
"Creemos que la Presidencia es cómplice de esconder la verdad y obstruir el curso de la justicia para cubrir los crímenes cometidos por el Ejército. Nos preguntamos por qué el documento no ha sido publicado hasta el momento", ha agregado.
A pesar de que el actual fiscal general, Talaat Abdulá --nombrado a dedo por Mursi a través de su controvertida declaración constitucional--, estableció la Fiscalía para la Protección de la Revolución (RPP), el organismo no es casi funcional.
El principal fiscal del organismo, Amr Fawzi, ha dicho que el mismo "prácticamente ni existe" y ha subrayado que "su función es llevar a cabo investigaciones suplementarias sobre los crímenes enumerados por el comité de investigación sobre los crímenes que ya están siendo investigados por los tribunales".
En este sentido, ha resaltado que la ley de Protección de la Revolución solo se aplica en los casos en los que el veredicto ya ha sido emitido y se presentan nuevas pruebas para reiniciar el proceso. "En cualquier otro caso, no es implementada", ha remachado Fawzi.
