Los aliados deberían presionar para conocer el paradero de los miembros de la oposición y periodistas detenidos
WASHINGTON, 25 Sep. (Por Feliz Horne, investigador del Cuerno de Africa de Human Rights Watch) -
Esta semana se han cumplido 15 años desde que políticos opositores y periodistas independientes de Eritrea vieron la libertad. En septiembre de 2001, las fuerzas de seguridad eritreas detuvieron a once funcionarios gubernamentales, diez periodistas, y otros numerosos disidentes, todos los cuales tenían una cosa en común: habían criticado al presidente Isaias Afeworki. A ninguno de ellos se le ha visto desde entonces.
Ninguno ha sido acusado de ningún delito. Han permanecido incomunicados y bajo detención indefinida durante quince años. Nunca han sido visitados por sus familias. Los llamamientos internacionales a su liberación han sido totalmente ignorados. Las información de los guardias de prisión y de otras fuentes ha sido con cuentagotas con el paso del tiempo, lo que sugiere que varios habrían muerto en cautividad.
En junio, Osman Saleh, el ministro de Exteriores de Eritrea, dio esperanza a las familias y amigos cuando declaró a Radio France Internationale (RFI) que "están vivos".
Eritrea es uno de los países que más abusa de los Derechos Humanos en África. No tiene un legislativo que funcione, ni partidos opositores, ni medios independientes.
El servicio nacional, por el que las personas están obligadas a trabajar para el Ejército o en otros puestos gubernamentales, debería durar 18 meses pero a menudo es mucho más tiempo --una década o más-- y duro, con una paga prácticamente inexistente.
La detención arbitraria es algo común, particularmente para aquellos que intentan evadir el servicio nacional. Muchos eritreos hablan de tortura en detención. No hay estado de derecho y hay restricciones de movimiento en muchas partes de Eritrea, tanto para eritreos como para extranjeros. Miles de eritreos huyen de su país cada año hacia Etiopía, Sudán y Europa buscando un futuro mejor.
En junio de 2016, una comisión de investigación de la ONU determinó que los abusos cometidos por el régimen eritreo podrían constituir crímenes contra la Humanidad. El informe de la comisión de investigación será presentado a la Asamblea General de la ONU para su consideración el 27 de octubre.
En los dos últimos años, la UE y varios países han roto con el enfoque aislacionista que históricamente se había adoptado sobre Eritrea y abierto un renovado diálogo y alianzas.
En este aniversario de la represión en Eritrea, la UE y los demás nuevos amigos que ha encontrado Eritrea deberían presionar para obtener información sobre el paradero de los detenidos en septiembre de 2001. Si siguen estando vivos, deberían ser imputados y juzgados de forma justa e imparcial, o liberados inmediatamente.
A sus familiares, la información sobre su bienestar y paradero se le debe desde hace tiempo. Y para el Gobierno eritreo, la medida señalaría que son serios respecto a comenzar a aplicar reformas de las que han hablado pero que no han realizado.
