Será la primera vez en sus más de diez años de historia que un Estado miembro abandone el Tribunal
MADRID, 20 Nov. (EDIZIONES) -
El Tribunal Penal Internacional (TPI) vive horas difíciles. Varios países africanos han tomado la decisión de abandonar la corte de La Haya porque creen que solo se ocupa del continente negro, un paso inédito que ha ganado adeptos y amenaza la ya limitada eficacia del TPI coincidiendo con un nuevo auge de la brutalidad internacional.
El germen de la rebelión africana comenzó el año pasado cuando el Gobierno de Jacob Zuma en Sudáfrica se negó a entregar al TPI al presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir, uno de 'los más buscados', por la matanza en la región occidental de Darfur.
Al Bashir, que desde 2008 --cuando el TPI presentó cargos en su contra por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio-- se piensa mucho qué países visitar, decidió desafiar a La Haya asistiendo a la cumbre de la Unión Africana (UA) en Johanesburgo.
Zuma dio un giro radical en los postulados del Gobierno sudafricano --caracterizado por la cooperación internacional con Nelson Mandela-- y garantizó la inmunidad judicial a Al Bashir, una decisión que enfureció al TPI, que no dudó en señalar a Johanesburgo como país incumplidor.
Sudáfrica no hacía más que recoger el malestar acumulado durante años por las naciones africanas, otrora principales impulsoras del TPI, por la fijación de la corte con los crímenes cometidos en el continente, y en especial con sus líderes.
En la Unión Africana ha comenzado a cobrar fuerza una corriente que aboga por una salida simultánea de los 34 miembros del bloque regional que forman parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI, es decir, la fuga de más de un tercio de sus estados parte.
Actualmente, de las diez situaciones en examen preliminar, cuatro son sobre países africanos; ya en estado de investigación formal la proporción asciende a ocho de diez; y a la espera de juicio o ya en él hay pleno: seis de seis, según datos del TPI.
LA AVANZADILLA
El encargado de romper el hielo ha sido también Sudáfrica. "Hemos hecho llegar la notificación de la retirada del Estatuto de Roma al secretario general de Naciones Unidas", anunció su ministro de Justicia, Michael Masutha, el pasado octubre.
El motivo oficial esgrimido por el Gobierno sudafricano es que las órdenes de detención del TPI chocan frontalmente con la inmunidad judicial de los jefes de Estado y de Gobierno, reconocida en otros tratados internacionales.
El caso sudafricano abrió la espita e inmediatamente después había otros dos países dispuestos a continuar su estela: Burundi y Gambia, cuyos gobiernos ya han notificado a la ONU --depositaria del Estatuto de Roma-- su retirada del TPI.
"Es en realidad un tribunal caucásico internacional", dijo el ministro de Información de Gambia, Sheriff Bojang. "Hay muchos países occidentales, al menos 30, que han cometido crímenes de guerra contra estados soberanos y sus ciudadanos desde la creación del TPI, sin que se haya imputado a un solo criminal de guerra europeo", adujo.
¿BROTE O EPIDEMIA?
Las salidas de estos tres países se harán efectivas en 2017 pero parece que la sangría no acabará ahí. Kenia, Uganda y Namibia sopesan sumarse a sus vecinos y gobiernos de otros continentes observan con suma atención la conducta africana.
Kenia ha recurrido a un argumento similar al sudafricano. "Tenemos que competir con la politizada persecución del TPI, que se ha convertido en una gran distracción para cumplir nuestras obligaciones con el pueblo keniano y con el continente", ha afirmado su presidente, Uhuru Kenyatta.
El líder ugandés, Yoweri Museveni, acorde con su atrevida retórica, ha calificado directamente al TPI como "un montón de gente inútil". "Nosotros siempre hemos dicho que toda África debe retirarse y esperamos que el tema se trate en la próxima cumbre de la UA", ha señalado su ministro 'junior' de Exteriores, Okello Oryem.
La tendencia ha dado un salto intercontinental y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado esta semana la retirada de su firma del Estatuto de Roma. Aunque se trata de un gesto simbólico, porque el Kremlin no ratificó esta firma, de modo que el país nunca ha sido parte del TPI, podría servir de acicate.
De hecho, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, --que figura entre la nueva horda de admiradores de Putin-- ha lanzado su propio órdago: "debería seguir sus pasos porque esta gente solo se mete con países pequeños como nosotros".
EN BUSCA DE PARAPETO
Da la casualidad (o no) de que el malestar africano gestado durante décadas ha aflorado justo cuando el TPI ha puesto el foco sobre los abusos cometidos en el marco de las revueltas políticas en algunos de estos países.
Es el caso de Burundi. La Fiscalía de La Haya inició el pasado abril un examen preliminar sobre la represión de las protestas opositoras de 2015 contra la reelección presidencial de Pierre Nkurunziza, que han dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados.
Gambia está también bajo la lupa internacional por la negativa de su presidente, Yahya Jammé, a abandonar el poder con las próximas elecciones, después de 22 años de mandato que, de acuerdo con organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, han estado plagados de abusos.
Además, Kenyatta y su 'número dos', William Ruto, fueron absueltos por el TPI por falta de pruebas --y en medio de denuncias de compra y coacción de testigos-- por la violencia desatada en Kenia tras las elecciones presidenciales de 2007.
"Esto suele pasar cuando los dictadores --lo que son la mayoría de ellos-- deciden correr a cubierto", ha considerado un trabajador del TPI, bajo condición de anonimato, interrogado por Reuters sobre la urgencia de estos países africanos por salir de La Haya.
UN MAL PRECEDENTE
Será la primera vez desde que el TPI echó a andar, el 1 de julio de 2000, que alguno de sus miembros abandona el primer tribunal internacional de carácter permanente con jurisdicción para perseguir crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
Su creación , después de muchas discusiones, supuso un auténtico hito en la persecución penal internacional de las conductas que --en palabras del Estatuto de Roma-- "conmueven profundamente la conciencia de la humanidad" y atentan contra su paz y seguridad.
Por fin se daba el paso desde los tribunales 'ad hoc' hasta una entidad perenne con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional --124 de los entonces 192 miembros de Naciones Unidas--, a pesar de importantes ausencias como Estados Unidos, Rusia o China.
El TPI es el último resorte para hacer Justicia por las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en cualquier parte del mundo, frente a la desidia de los estados para desplegar la jurisdicción nacional o apelar a la universal.
Por eso, desde el TPI han tendido la mano a los críticos para resolver esta crisis a través del "diálogo" y contener la implosión de un sistema de justicia penal internacional que, según ha reconocido la presidenta del TPI, la argentina Silvia Fernández de Gurmendi, aún es incipiente.
En esta línea, la fiscal jefe, la gambiana Fatou Bensouda, ha advertido contra "cualquier acto que socave el movimiento global hacia una mayor rendición de cuentas". "La retirada del Estatuto de Roma supondrá un revés en la lucha contra la impunidad", ha subrayado el presidente de la asamblea de miembros, el senegalés Sidiki Kaba.
