El primer ministro anunció a principios de año una amnistía general, aunque luego se matizó que no sería así
ADIS ABEBA, 15 Ene. (Reuters/EP) -
Las autoridades etíopes han retirado los cargos contra un destacado líder opositor y contra más de 500 personas más que se encuentran detenidas por su implicación en la ola de protestas e inestabilidad que vivió el país en 2015 y 2016, según ha anunciado este lunes su fiscal general.
Cientos de personas murieron en la violencia en el país del Cuerno de África desde que estallaron las protestas en primer lugar en la provincia central de Oromiya por denuncias de incautación de tierras.
Como consecuencia de ello, varios políticos disidentes fueron encarcelados y acusados de implicación en terrorismo y colusión con el grupo secesionista Frente de Liberación Oromo (OLF, por sus siglas en inglés), al que el Gobierno considera una organización terrorista.
Ante una creciente inestabilidad, el primer ministro etíope, Hailemariam Desalegn, anunció a principios de este mes que los políticos encarcelados serían liberados y que los que estaban a la espera de juicio verían desestimados los cargos contra ellos en un intento por fomentar la reconciliación. El anuncio se interpretó como una amnistía general, pero luego el Gobierno aclaró que no sería el caso y que se había malinterpretado al primer ministro.
Este lunes, el fiscal general, Getachew Ambaye, ha informado a la prensa de que ya hay 528 personas seleccionadas para beneficiarse del indulto, entre ellas Merera Gudina, líder del grupo opositor Congreso Federalista Oromo, que fue detenido a finales de 2015.
Según Getachew, los criterios para la selección han incluido tener en cuenta pruebas de que los sospechosos no participaron en acciones que llevaron a asesinatos y heridas graves, daños a infraestructuras, y "conspiración para desmantelar el orden constitucional por la fuerza".
"Los 528 serán liberados en un plazo de dos meses", ha asegurado, precisando que estas liberaciones e indultos seguirán más.
Merera fue detenido tras un viaje a Bruselas para reunirse con miembros del Parlamento Europeo e imputado formalmente por intentar "desmantelar o perturbar la actividad política, social y económica".
También fue acusado de respaldar a un grupo secesionista al que Adis Abeba considera un movimiento terrorista, así como por hacer circular directrices sobre el estado de emergencia que se impuso en el país durante nueve meses durante su viaje a Bélgica.
Casi 700 personas murieron en el estallido de violencia durante los meses de protestas en 2015 y 2016, según una investigación llevada a cabo por orden del Parlamento.
Las protestas por la incautación de tierras se ampliaron a manifestaciones por las restricciones políticas y lo que se consideraba que eran abusos contra los derechos, antes de extenderse a la región de Amhara, en el norte, y, en menor medida, a la provincia SNNP en el sur.
Hailemariam hizo su anuncio después de que la coalición gobernante EPRDF concluyera semanas de reunión para fijar las políticas que atiendan las preocupaciones de los ciudadanos. La inestabilidad había generado fricciones en las de la coalición, ya que algunos altos cargos han presentado su renuncia.
