MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, ha negado que el juez Aydin Sefa Akay, miembro del Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales de la ONU, tenga inmunidad diplomática y no pueda ser procesado por su presunta vinculación con la intentona golpista de julio de 2016.
El Mecanismo, heredero de las cortes establecidas para estudiar los crímenes de Ruanda y la antigua Yugoslavia, ha pedido a Ankara el cese "de todos los procedimientos legales" abiertos contra el juez turco y la liberación inmediata de éste.
Akay fue detenido en septiembre de 2016 por su presunta relación con la revuelta de julio y, desde entonces, ha permanecido bajo custodia. La ONU ha recalcado que, como juez internacional, dispone de "privilegios e inmunidades", independientemente de que se encuentre en su país natal o en uno ajeno.
Sin embargo, Bozdag ha asegurado en una entrevista en televisión que su Gobierno sólo cooperará si se tienen en cuenta los tratados internacionales. "Cuando examinas los artículos, cuando realizas evaluaciones, está muy claro que este juez no tiene inmunidad diplomática", ha aseverado, según el periódico 'Hurriyet'.
Asimismo, el ministro ha advertido de que Ankara únicamente colaborará con los países y organizaciones que reaccionen de forma solidaria a los últimos acontecimientos vividos en Turquía y, en cambio, tomará medidas contra quienes actúen de forma negativa.
Akay forma parte de la cámara de apelaciones que revisa el caso del exdirigente ruandés Augustin Ngirabatware, condenado a 30 años de cárcel por genocidio. El Mecanismo ha advertido de que su liberación debe producirse antes del 14 de febrero, para que pueda retomar sus funciones jurídicas, y ha recordado a Turquía que está obligado a acatar la orden.
"La inmunidad diplomática es una piedra angular de la jurisdicción internacional independiente", ha subrayado el presidente del Mecanismo, Theodor Meron, que ha rechazado buscar un sustituto para Akay en la medida en que implicaría "no valorar la independencia judicial ni la justicia". "Permitiría a una autoridad nacional interferir en el desarrollo de un caso", ha apostillado.
