MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de nigerianos expulsados recientemente de Guinea Ecuatorial ha expresado su preocupación por la suerte de una decena de compatriotas detenidos junto a ellos en Malabo tras los incidentes del pasado 17 de febrero, cuyo paradero se desconoce y que podrían haber sido asesinados, según informó hoy el diario nigeriano 'The Punch'.
Según el rotativo, un grupo de cuarenta y cinco nigerianos expulsados el pasado martes por el Gobierno de Guinea Ecuatorial expresó su temor por el paradero de otras once personas, las cuales, afirmaron, podrían haber sido asesinadas. Asimismo, exigieron la entrega de los cadáveres de quince nigerianos muertos para que puedan recibir una sepultura digna en su tierra y el pago de una indemnización de cien dólares para los propietarios de los barcos incautados y para los detenidos.
De entre los 128 nigerianos detenidos por el Gobierno desde el asalto del 17 de febrero, según 'The Punch', once fueron sacados de sus celdas y llevados a un destino desconocido. "Todos los esfuerzos realizados para localizarlos han resultado inútiles", aseguró el diario.
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Propietarios de Barcos Nigeria/Malabo, Wisdom Archibong, aseguró al corresponsal en Lagos de 'The Punch' que doce de los nigeranos murieron "como consecuencia de tortura y de disparos".
Los 128 nigerianos fueron detenidos el 17 de febrero durante una operación conjunta de la Policía y el Ejército ecuatoguineanos que capturó a 98 marineros y otros 30 nigerianos a los que trasladaron a la Comisaría Central de la Policía en Malabo, declaró Archibong. Entre las personas muertas a consecuencia de los disparos, prosiguió, se encuentra un tal Sola Jide.
Asimismo, "otras tres personas que habían llegado en barco fueron torturadas hasta la muerte, entre ellos una mujer", prosiguió. "La Policía de Guinea Ecuatorial, tras darles muerte, les colocó armas y tomaron fotografías de ellos para presentarlos como asaltantes", agregó.
Wisdom Archibong también denunció que, a pesar de las quejas presentadas al Gobierno nigeriano, el cónsul general de Nigeria en Guinea Ecuatorial había permanecido "mudo" sobre este asunto. Sin embargo, el portavoz del Ministerio nigeriano de Asuntos Exteriores, Ayo Olukanni, aseguró al diario que "tanto la Embajada de Nigeria en Malabo, Guinea Ecuatorial, como el Gobierno Federal se han ocupado del problema para garantizar que los derechos de nuestro pueblo estén protegidos".
A DOS MESES DEL ASALTO
A mediados de marzo, la propia Asociación de Propietarios de Barcos Nigeria denunció ante el Senado de su país que más de doce comerciantes nigerianos habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas y otros 126 habían sido detenidos en Malabo bajo la acusación de haber participado en el asalto perpetrado el pasado 17 de febrero contra el Palacio Presidencial de la capital ecuatoguineana, según informó la prensa de Nigeria.
Asimismo, denunció la actitud de las autoridades de Guinea Ecuatorial hacia los ciudadanos nigerianos residentes en este país y aseguró que los motivos por los que se cometió el asalto del 17 de febrero contra el palacio del presidente Teodoro Obiang Nguema "siguen siendo desconocidos". Las autoridades ecuatoguineanas "se dieron prisa en asegurar" que los autores del asalto "fueron milicianos de Nigeria", se leía en la carta de la Asociación.
El pasado 17 de febrero, hace casi dos meses, un grupo armado asaltó el Palacio Presidencial de Malabo. El Gobierno se apresuró de inmediato a atribuir el ataque al Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND), pero este grupo ha negado cualquier implicación y desde entonces no se ha anunciado ningún avance en las investigaciones. Las autoridades, desde entonces, han afirmado indistintamente que el móvil era el robo o el derrocamiento del presidente, Teodoro Obiang Nguema.
Aparte, desde el 17 de febrero han sido detenidos nueve miembros de la formación opositora Unión Popular (UP), que han sido trasladados al penal de Black Beach de Malabo bajo la acusación de "atentado contra la seguridad del Estado". Según Amnistía Internacional, las nueve personas han sido detenidas y recluidas sin cargos ni juicio "debido a sus actividades políticas no violentas y su asociación política", y han sido sometidas a torturas.
