LONDRES, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
Más de 270.000 funcionarios comenzaron hoy una huelga de 48 horas para protestar contra la reforma de la normativa laboral que impone rebajas en las indemnizaciones de los trabajadores del sector público, en una de las manifestaciones más multitudinarias del sector en más de dos décadas, según informó la cadena británica BBC.
Los tribunales, los puertos, las oficinas públicas de empleo y de Hacienda y los centros de llamadas de emergencia de la Policía se están viendo afectados por la huelga, convocada por el sindicato de Servicios Comerciales y Públicos (PCS, por sus siglas en Inglés).
Según el nuevo sistema, que entrará en vigor en abril y supondrá un ahorro de aproximadamente 500 millones de libras (554 millones de euros) para el erario público, los despedidos y la indemnización por despido voluntario tendrán un tope de 60.000 libras (66.600 euros). La indemnización se calcula en base a la duración del servicio, con una mensualidad por año trabajado.
El sindicato PCS critica que con esta reforma un empleado de más de 20 años de antigüedad que gane 24.000 libras (26.640 euros) podría perder 20.000 libras (22.200 euros) de su indemnización, un tercio de lo que actualmente le correspondería. Sin embargo, el Gobierno asegura que aquellos que ganan 30.000 libras (32.000 euros) o menos --es decir, un 80 por ciento de todo el personal-- podrían percibir la indemnización equivalente al salario de dos a tres años de trabajo.
El secretario general del sindicato, Mark Serwotka, explicó que el Gobierno había roto los ya de por sí débiles derechos contractuales de los trabajadores en el pago de indemnizaciones, lo que significa que podrían ser despedidos de una forma más barata.
En una entrevista a la BBC Radio 4, Serwotka subrayó que "desestabiliza mucho a nuestros miembros, algunos de ellos llevan trabajando unos 30 años para los servicio público, al darse cuenta de repente de que podrían perder sus puestos de trabajo y una gran cantidad de dinero con el que contaban (por la indemnización)".
La secretaria de Estado para la oficina del Gobierno, Tessa Jowell, calificó a la huelga de "decepcionante" porque "sólo uno de cada cinco miembros (del sindicato) votaron a favor de las movilizaciones, lo que representa el 10 por ciento del total los funcionarios". "Durante el proceso de negociación, respondimos a las inquietudes de los sindicatos garantizando protección adicional para el personal con remuneraciones más bajas", aclaró.
"Los cambios en el sistema de indemnización de los trabajadores públicos se han acordado con cinco de los seis sindicatos de la administración pública después de 18 meses de negociación y consultas. Estos sindicatos están de acuerdo con nosotros en que el acuerdo es justo para el personal y los contribuyentes", añadió Jowell.
"Esta reforma sitúa a los trabajadores de los servicios públicos más en consonancia con el resto del sector público y sigue ofreciendo condiciones más generosas que la mayor parte del sector privado", concluyó la secretaria de Estado.
