TOKIO, 16 Feb. (Reuters/EP) -
Cinco parlamentarios de la oposición japonesa han instado este viernes a un antiguo funcionario financiero, ahora director de la Agencia Tributaria, a testificar ante el Parlamento por un supuesto caso de nepotismo que podría reducir el apoyo al primer ministro del país, Shinzo Abe, y plantear problemas a su intento de revisar la Constitución.
Las sospechas de que Moritomo Gakuen, una empresa especializada en la educación privada con relaciones con la esposa de Abe, Akie Abe, podría haber recibido un trato favorable del primer ministro, hizo que la popularidad de Abe disminuyera en 2017.
Las acusaciones se centran en que Moritomo Gakuen podría haber conseguido una parcela de tierra que pertenecía al Gobierno para la construcción de una escuela en Osaka por un precio irrisorio. El director de la empresa, Yasunori Kagoike, y su esposa fueron arrestados el pasado julio ante la sospecha de que habrían obtenido subsidios.
Abe ha negado en repetidas ocasiones que tanto él como su mujer le hicieran algún favor a Yasunori Kagoike. La coalición de Gobierno de Abe arrasó en las elecciones de octubre y su tasa de popularidad ha vuelto a aumentar hasta llegar a alrededor del 50 por ciento.
Ahora, la revelación de que el Ministerio de Finanzas habría conservado los documentos relacionados con la venta ha vuelto a levantar las sospechas en torno al caso. El antiguo funcionario financiero, ahora director de la Agencia Tributaria del país, Nobuhisa Sagawa, declaró en 2017 que los materiales habían sido desechados.
Los cincos parlamentarios han instado por escrito ante la posibilidad de hacerlo cara a cara a que Sagawa declare ante el Parlamento. Mientras tanto, alrededor de mil personas se han manifestado en frente del Ministerio de Finanzas con pancartas que rezaban: "Expulsemos a Abe, a (el ministro de Finanzas Taro) Aso y a Sagawa".
UN RIESGO PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Aunque no parezca que el escándalo vaya a provocar la defenestración de Abe, sí que podría suponer un problema para su intento de reforzar la Constitución.
El primer ministro quiere revisar el artículo 9, que, si se interpreta literalmente, prohíbe que Japón tenga su propio Ejército. Aunque distintos ejecutivos han deducido que dicho artículo sí que permite la existencia de unas Fuerzas Armadas destinadas a la autodefensa, Abe desea dejar claro que el hecho de tener un Ejército es completamente constitucional.
Las enmiendas constitucionales tienen que ser aprobadas por dos tercios de las dos cámaras del Parlamento y por un referéndum, que podría depender tanto de cómo ven los japoneses la reforma como al propio Abe.
