ANKARA/ESTAMBUL, 17 May. (Reuters/EP) -
Los parlamentarios turcos han elegido este miércoles a siete miembros de la máxima autoridad judicial, una decisión enmarcada en los cambios constitucionales aprobados en el referéndum sobre la Carta Magna celebrado el 16 de abril.
El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, sostiene que estos cambios constitucionales son esenciales para garantizar la estabilidad en Turquía, un país que está luchando contra la insurgencia kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y que en 2016 sufrió un golpe de Estado que dejó más de 200 muertos.
Sin embargo, los partidos opositores y las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos sostiene que las reformas constitucionales amenazan la independencia judicial y acercan a Turquía al totalitarismo. Algunos países aliados de Turquía en la OTAN y de la Unión Europea han expresado sus recelos por las reformas constitucionales aprobadas por el Gobierno turco.
Los dos principales partidos de la oposición turca, que denunciaron que el referéndum constitucional estuvo marcado por el fraude, han boicoteado la votación celebrada en la noche del martes al miércoles para elegir a siete de los trece miembros de la nueva máxima autoridad judicial, el Consejo de Jueces y Fiscales, todos ellos candidatos del partido gubernamental AKP y de su aliado nacionalista MHP.
Este nuevo órgano judicial supervisa los nombramientos, los traslados, los ascensos, las sanciones y los ceses de jueces y de fiscales. El poder judicial ya había elegido a la mayoría de los miembros del Consejo pero, tras el referéndum, el Parlamento tiene el mandato de elegir a siete miembros, otros cuatro son designados por Erdogan y los dos restantes corresponde señalarlos al ministro de Justicia y al subsecretario del departamento.
"La votación ya ha politizado aún más el poder judicial, convirtiéndolo en un poder judicial totalmente del AKP y del MHP", ha explicado a Reuters Filiz Kerestecioglu, un diputado del partido prokurdo HDP, que ha decidido no participar en la votación por entender que era ilegítima.
El otro principal partido opositor, el CHP, se ha mostrado crítico con la votación para elegir a los miembros de la autoridad judicial. "La era del poder judicial de partido ha comenzado. Esta estructura puede ser un completo desastre para Turquía", ha asegurado, en declaraciones a Reuters, el parlamentario del CHP Levent Gok, que ha acusado al partido del Gobierno de intentar crear un poder judicial bajo sus órdenes.
El primer ministro turco, Binali Yildirim, ha defendido la votación para elegir a los siete miembros del órgano del poder judicial. "No hay problema. Cumple con el espíritu del referéndum", ha asegurado Yildirim, según informa la agencia de noticias estatal Anatolia.
Los cambios constitucionales llegan en medio de un campaña del Gobierno contra los seguidores del clérigo turco Fethulá Gulen, al que acusa de estar detrás del fallido golpe de Estado de julio de 2016. El Consejo de Jueces y Fiscales ha expulsado a 4.238 jueces y fiscales por su supuesta relación con Gulen.
El Gobierno turco sostiene que los cambios en el Consejo de Jueces y Fiscales permitirán que este órgano no pueda estar controlado por movimientos como el de Gulen, al que el Ejecutivo atribuye la responsabilidad de la asonada militar.
Un diputado del CHP dijo en abril que una amplia mayoría de los nuevos jueces y fiscales tienen vínculos con el AKP. El Ministerio de Justicia negó que así fuera y aseguró que el proceso de selección de jueces había cumplido con todas las regulaciones.
La Comisión de Venecia, un grupo de expertos legales del Consejo de Europa --al que pertenece Turquía--, alertó en marzo de que los cambios constitucionales representaban un "peligroso paso atrás" para la democracia.
La modificación del Consejo de Jueces y Fiscales es el segundo de los grandes cambios constitucionales que se ha puesto en práctica tras el referéndum de abril. El cambio que permitió a Erdogan volver a ser miembro de un partido político entró en vigor en mayo.
El resto de cambios aprobados en el referéndum se materializarán tras las elecciones parlamentarias previstas para noviembre de 2019 y permitirán al presidente, entre otras cuestiones, elaborar presupuestos, declarar el estado de emergencia y aprobar decretos sin el respaldo del Parlamento.
