MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
La población de la localidad libia de Tawergha, en el norte del país, planea llevar a cabo el 25 de junio un retorno en masa a la ciudad, de la que fueron expulsados por milicias revolucionarias tras acusarles de haber sido leales al exlíder libio Muamar Gadafi.
Los jeques y líderes tribales de la comunidad 'tawergha' han solicitado a las autoridades que apoyen oficialmente su retorno, así como una escolta de organizaciones nacionales e internacionales "para salvaguardar vidas, evitar el derramamiento de sangre y garantizar la paz social".
Entre las organizaciones a las que han pedido ayuda están la Cruz Roja, la Media Luna Roja, la Sociedad Libia por los Derechos Humanos y el Observatorio Libio por los Derechos Humanos, según ha informado el diario 'The Libya Herald'.
Asimismo, han solicitado que se les entreguen tiendas de campaña, muebles y sábanas, así como hospitales de campaña y medicinas para el camino de regreso.
Por último, han hecho un llamamiento a Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y la Liga Árabe para que garanticen el regreso pacífico de la población civil a sus localidades de origen.
Los ciudadanos de Tawergha, de mayoría negra, fueron acusados por los rebeldes de haberse posicionado del lado de Gadafi durante el conflicto, aunque éstos lo niegan y argumentan que la localidad fue ocupada por las fuerzas gubernamentales para lanzar ataques armados contra la oposición.
En la actualidad, todos los residentes han huido a causa de los continuos ataques de los rebeldes, dejando atrás una ciudad fantasma.
Durante el conflicto armado y tras el mismo surgieron múltiples informes de represalias contra ciudadanos negros, a los que los rebeldes acusan de haber participado en los combates como mercenarios o de haberse posicionado del lado gubernamental.
En marzo, la organización Human Rights Watch (HRW) instó al Gobierno libio a que tome "medidas urgentes" para que cesen los abusos contra los ciudadanos de la localidad de Tawergha.
"Los desplazamientos forzosos de alrededor de 40.000 personas, las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos se han generalizado, son sistemáticos y suficientemente organizados para ser crímenes contra la Humanidad, por lo que deben ser condenados por el Consejo de Seguridad", según el comunicado difundido por la ONG.
De acuerdo con la organización, los comandantes de las milicias y altos cargos en Misrata "podrían ser juzgados penalmente" por tribunales nacionales e internacionales, incluido el Tribunal Penal Internacional (TPI) por haber ordenado "estas atrocidades, por no haberlas evitado o por no haber castigado a los responsables".
En el último informe remitido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en noviembre de 2012, la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, subrayó que todavía se estaba recabando información por las denuncias de "asesinatos, saqueos, destrucciones de la propiedad y desplazamientos forzosos" de miles de ciudadanos de Tawergha a manos de milicianos de Misrata.
