MADRID, 10 Feb. (Por Valeria Méndez de Vigo y Sara García de Blas, Entreculturas) -
El año 2015 ha sido el año del Refugiado. Y es que, efectivamente, las imágenes de personas refugiadas llegando a países del sur de Europa en barcas, de naufragios y de personas caminando con sus hijos a cuestas y cargados con sus escasas pertenencias se han convertido en cotidianas. También, desgraciadamente, los casi 4.000 que se quedaron en el camino.
La muerte del pequeño Aylán pareció dar un aldabonazo a las adormiladas conciencias de las sociedades europeas. Sobre todo en Alemania y en Austria, la ciudadanía se lanzó a las estaciones de tren, con carteles de bienvenida, aplausos a los que llegaban y entregándoles enseres que pudieran resultarles útiles. Fue verdaderamente emocionante ver esa corriente de solidaridad hacia gente que lo había perdido todo, que huía de conflictos con evidentes riesgos para sus vidas y que encontraban consuelo, empatía y acogida en otras sociedades.
Esto hizo que en septiembre de 2015 la Unión Europea aprobara una cuota de reubicación de 160.000 personas refugiadas en los diferentes países europeos según determinados criterios. Era una medida a todas luces insuficiente, pero al menos, suponía hacerse cargo de la situación. Pero hoy sólo 414 personas han sido reubicadas, mostrando la escandalosa falta de voluntad política de la Unión Europea y sus Estados para cumplir con sus compromisos. Mientras, algunos países que han ejercido liderazgo, como Alemania y Suecia, han amenazado con cerrar fronteras y poner fin al Tratado de Schengen.
En noviembre se produjo el terrible atentado terrorista en París, tras el que se lanzó la noticia --nunca confirmada-- de que alguno de los terroristas podía ser refugiado. En la Nochevieja de este año se produjeron en Colonia y en otras ciudades agresiones sexuales a mujeres --absolutamente inaceptables-- presuntamente por solicitantes de asilo.
Ambos hechos, seguidos de declaraciones políticas, ahondaron en la desconfianza de parte de la población hacia estos colectivos e incidieron en una mayor reticencia de los países europeos a acoger a población refugiada, cuando es evidente la injusticia que supone culpabilizar a todo un colectivo por los delitos de algunos.
MEDIDAS DISCRIMINATORIAS
Otras medidas que han aparecido en los medios pueden ser consideradas vulneradoras de derechos, como la obligación en Reino Unido de que las viviendas de las familias refugiadas tengan puertas rojas, o la reciente aprobación en el parlamente danés --y antes en Suiza y dos Estados de Alemania-- de la confiscación de bienes a las personas refugiadas.
Estas medidas son discriminatorias y "señalan" a la población refugiada, tornándola vulnerable a ataques xenófobos. La medida aprobada en Dinamarca permite a la Policía de fronteras registrar el equipaje de los refugiados y confiscar bienes y dinero cuyo valor exceda 1.340 euros, bajo el argumento de que las condiciones de los solicitantes de asilo deben ser las mismas que las de los daneses: deben consumir su patrimonio antes de recibir subsidios. El coste fiscal de los refugiados en Dinamarca supuso en 2015 un 0,47% de su PIB, por lo que esta medida --se supone-- ayudaría, en parte, a cubrir costes.
Estos hechos son inquietantes, porque contribuyen a una criminalización de las personas refugiadas. Hay un serio peligro, no sólo de que esa corriente de solidaridad ciudadana inicial se enfríe --la falta de actuaciones favorables desde el punto de vista político lo está ocasionando-- sino que, gestos promovidos desde instancias representativas contribuyan a crear una ola de discriminación: se oyen comentarios de "pertenecen a culturas en las que no se respeta a las mujeres", como si en Europa no sufriéramos violencia de género, o "¿por qué tienen que venir aquí y no van a otros países árabes?". La confiscación de bienes genera la idea de que acoger refugiados es una medida costosa que no podemos permitirnos y que deben sufragarse ellos mismos.
BENEFICIOS
Y, sin embargo, frente a los que piensan que acoger a personas refugiadas supone un gasto prácticamente inasumible para los países europeos, varios estudios han concluido que la acogida aportará beneficios económicos a las economías europeas.
Es cierto que los gastos de los servicios que los países europeos prestan a las personas refugiadas tendrán un peso fiscal sobre sus presupuestos a corto plazo. Sin embargo, este gasto elevará la demanda agregada, lo que provocará un aumento del PIB del conjunto de la Unión Europea de un 0,1% en 2017, según un estudio del Fondo Monetario Internacional1.
Para aquellos países que son destino final, como Alemania, Suecia y Austria, se calcula que su PIB aumente entre un 0,5 y un 1,1% en 2020. Este beneficio será similar al que aportó la inmigración en el pasado reciente. Entre 2007 y 2009, la inmigración realizó una contribución fiscal neta de alrededor del 0,35% del PIB en los países de la OCDE, con poca variación entre los diferentes países.
La llegada de población refugiada será especialmente beneficiosa para aquellos países que cuentan con una población más envejecida, porque contribuirá a pagar las pensiones. Urge por tanto, considerar a la población refugiada, desde el punto de vista económico, no como generadora de gastos, sino como una oportunidad para los países de Europa. Pero es evidente que, para que la acogida tenga efectos positivos sobre las economías europeas, debe darse una rápida integración e inserción laboral de la población refugiada y limitar el riesgo de exclusión social.
La falta de aplicación de las cuotas y las medidas regresivas que están aplicando algunos países complican la solución a esta crisis. Apostar firmemente por la integración no sólo hará que se cumplan con los derechos de las personas refugiadas, sino que además tendrá beneficios para los países que las acogen.
Desde Entreculturas y en el marco de la campaña Hospitalidad.es queremos generar un espacio de comprensión, acompañamiento, apoyo y bienvenida a través de la acogida, la cooperación, la incidencia, y la sensibilización.
