SÍDNEY, 21 Mar. (Reuters/EP) -
Varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han criticado la actitud del Gobierno de Australia en relación con la población indígena en el marco de la visita de la relatora especial de Naciones Unidas Victoria Tauli-Corpuz, que examinará durante los próximos quince días el impacto de las políticas en las comunidades aborígenes controladas por las autoridades.
"Existe un gran revuelo en el país por la situación de muchos jóvenes, que han denunciado la brutalidad del sistema penitenciario", ha manifestado Tammy Solonec, miembro de Amnistía Internacional en Australia.
"El primer ministro, Malcom Turnbull, debe mostrar liderazgo y desarrollar un plan a nivel nacional para abordar la situación", ha señalado Solonec. La visita de la relatora especial de la ONU se ha producido en un momento clave para la candidatura de Australia al Consejo de Derechos Humanos de la organización.
Los aborígenes y residentes de las islas del Estrecho de Torres conforman el 3 por ciento de la población de Australia, que cuenta con 23 millones de personas. Tauli-Corpuz evaluará la intervención llevada a cabo por el Gobierno desde 2007 en un intento por reducir las tasas de violencia doméstica y alcoholismo.
La situación de los derechos de los indígenas en Australia se encuentra bajo la supervisión de un comité en el Territorio del Norte y está siendo investigada en el Estado de Victoria, donde se ha registrado una serie de denuncias por abusos contra los presos de varias cárceles juveniles.
Tauli-Corpuz, que estudiará las condiciones de detención de la población indígena, así como la situación de los derechos sobre las tierras, la violencia contra las mujeres y el desplazamiento forzoso de niños, presentará un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre.
Según datos de 2016 de la Oficina Australiana de Estadística, más de un cuarto de los presos en Australia son aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.
