Los dos principales partidos difieren en el ritmo de los ajustes y los minoritarios presentan su líneas rojas para negociar
LONDRES, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El próximo Gobierno británico tendrá la responsabilidad de proteger una recuperación económica que comienza a dar muestras de flaqueza y enmendar la sangría de unas arcas públicas que todavía padecen un déficit en línea con el de España, a pesar de que, hace cinco años, la recién estrenada coalición había previsto el fin del agujero presupuestario a final de la Legislatura.
Independientemente del color y la composición del ejecutivo que resulte de la votación de este jueves, todos los partidos admiten que la austeridad que había marcado el último lustro continuará como incómoda compañera de ruta hasta 2020. La diferencia táctica será la dosis y ahí es donde descansa la dicotomía entre las apuestas programáticas de las dos formaciones con posibilidades reales de llevar a su candidato a Downing Street.
Conservadores y laboristas difieren, principalmente, en el ritmo de los ajustes: frente a la prioridad que los 'tories' otorgan a la resolución del agujero presupuestario y a la consecución de un superávit en el último año de la Legislatura, los laboristas plantean una mayor flexibilidad fiscal para equilibrar las hojas de balance "lo antes posible" y permitir aumentar el gasto a un ritmo más acelerado cuando se acerquen las próximas generales.
En consecuencia, la dialéctica se juega entre una estrategia que considera fundamental priorizar la restitución de la salud de las arcas públicas, a pesar de la amenaza de que la austeridad haga mella en los servicios públicos, y la que propone el riesgo controlado de una deuda ligeramente mayor por más tiempo, para así a los servicios públicos el impacto de la austeridad que implicaría la medicina conservadora.
El resultado práctico es que mientras los 'tories' necesitarían reducir el gasto en términos reales por encima del 2 por ciento al año, es decir, un ajuste superior al de esta Legislatura; el Laborismo propone un préstamo mayor, por lo que la deuda caería a un ritmo menos diligente, con la finalidad de proteger a los servicios públicos y estimular el crecimiento, una apuesta que, sin embargo, dejaría a Reino Unido más expuesto a un potencial colapso financiero.
PROPUESTAS EN POSITIVO
Conscientes de los riesgos de ambas apuestas, durante la campaña que mañana llega a su fin ambos han intentado pasar de puntillas sobre la inevitable medicina de austeridad que todavía aguarda a los británicos y se han centrado en promesas en positivo para intentar apelar a una base electoral más allá de su granero de votos.
El candidato a la reelección, el conservador David Cameron, ha basado su estrategia en la garantía de que casi dos tercios del total de ingresos tributarios del Gobierno no subirán: ni el IRPF, ni el IVA, ni las contribuciones a la Seguridad Social. Por si fuera poco, Cameron ha garantizado que blindará este compromiso con la aprobación de una ley en los primeros 100 días de gobierno.
Dado el magnetismo de una promesa que beneficiaría a la masa laboral tanto como al consumo, los laboristas han querido igualar el envite, conscientes del peligro de que sus oponentes agitasen de nuevo el fantasma de la "bomba fiscal" con el que en 1992, desafiando a la práctica mayoría de los sondeos que los abocaban a la derrota electoral, lograron mantener al impopular John Major en el número 10 cinco años más.
Además, Cameron ha incluido en su programa ciertas concesiones al centro para arañar votos en ambos espectros del panorama político y evitar el trasvase de papeletas hacia los eurófobos del UKIP por parte de aquellos estratos sociales menos favorecidos que todavía votaban 'tory'.
Para ello, recuperó uno de los puntales con los que Margaret Thatcher se había ganado el apoyo de este segmento: el programa Derecho a Comprar, destinado para que los inquilinos de viviendas sociales puedan adquirir sus propiedades a partir de la coordinación con las asociaciones de vivienda, una organización privada sin ánimo de lucro, pero que cuenta con financiación estatal.
BALUARTES LABORISTAS
Asimismo, ha intentado capitalizar uno de los baluartes laboristas, el Sistema Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés), para el que ha prometido una inversión de 8.000 millones de libras a la altura de 2020. Se trata de una aspiración con la que coinciden sus hasta ahora socios de Gobierno, los liberal-demócratas, quienes hoy han confirmado que hablarán primero, pero no exclusivamente, con la fuerza que obtenga más votos y diputados el jueves.
Los laboristas, mientras, han garantizado 2.500 millones de libras para el NHS, que prevén financiar mediante el popularmente denominado 'impuesto de la mansión', un polémico tributo que se impondría sobre las propiedades inmobiliarias valoradas en más de 2 millones de libras.
La apuesta ha encontrado notables opositores que advierten del éxodo de importantes fortunas y que se suman a las voces de alerta que algunas de las medidas de la oposición han despertado en determinados sectores.
La prueba más contundente aparece en la inquietud con la que el sector privado observa el potencial intervencionismo del candidato laborista, Ed Miliband, quien ha prometido una congelación de las tarifas energéticas hasta 2017 y nuevos poderes para que el regulador pueda reducir precios.
LÍNEAS ROJAS POST-ELECTORALES
Los objetivos programáticos serán fundamentales no sólo para atraer votantes en un contexto en el que el volumen de indecisos alcanza el 20 por ciento, sino para el clave desarrollo de las alianzas post-electorales que serán necesarias en el escenario sin mayorías absolutas que anticipan la totalidad de los sondeos.
Los conservadores han avanzado ya que no aceptarán ningún acuerdo que no incluya su promesa de convocar un referéndum de pertenencia a la Unión Europea en 2017. La condición no excluiría pactos con sus actuales socios, ni mucho menos con los eurófobos del UKIP, que tienen como condición fundamental la salida de Europa.
Los laboristas no han especificado elementos innegociables, a pesar de que han descartado ya recabar el apoyo de los nacionalistas escoceses, quienes, de acuerdo con la demoscopia, se dirigen a convertirse en la tercera fuerza en Westminster y quienes, como otras fuerzas minoritarias, han establecido ya sus líneas rojas.
Mientras el Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) fija como punto de partida el fin del programa de armas nucleares Trident, con base en la costa occidental de Escocia, y el fin de los recortes; los liberal-demócratas presentan cinco puntos fácilmente compatibles con las aspiraciones de los dos principales partidos, ya que demandan, entre otras cuestiones, más dinero para el NHS, un presupuesto de "estabilidad" en los primeros 50 días y elevar el umbral mínimo a partir del que abonar el IRPF.
