BUCAREST, 11 Dic. (Reuters/EP) -
La Cámara Baja del Parlamento de Rumanía, que está controlada por el gobernante Partido Socialdemócrata, ha aprobado este lunes un anteproyecto de ley que modificará la supervisión a la que son sometidos los jueces, algo que las voces críticas han entendido como una amenaza contra la independencia judicial y contra los esfuerzos por luchar contra la corrupción.
A lo largo de las últimas semanas, miles de ciudadanos se han manifestado en la capital, Bucarest, así como en otras ciudades del país para protestar contra los planes del Gobierno de modificar el sistema judicial. Según datos oficiales, Rumanía es uno de los estados más corruptos de la UE.
Los legisladores han aprobado el anteproyecto por 179 votos a favor frente a 90 en contra. Desde mediados de noviembre, el Parlamento ha debatido acerca de esta nueva ley, que ha sido criticada por la Comisión Europea y varios magistrados al considerar que sometería el sistema judicial al control político.
El anteproyecto de ley incluye cambios en la unidad de inspección judicial que supervisa la conducta de los jueces y supone una modificación del proceso de nombramiento de los fiscales jefes, al tiempo que suprime el derecho del presidente a vetar a los candidatos.
La reforma también supondría una redefinición de la actividad de los fiscales al excluir la palabra "independiente". Según lo establecido por este texto legal, "los jueces ejercen su trabajo según los principios de legalidad, imparcialidad, control jerárquico y bajo la autoridad del ministro de Justicia".
Otro de los aspectos que se ha puesto de manifiesto es la obligación del ministro de Finanzas de asegurarse de que las pérdidas provocadas por algún error judicial sean asumidas por el juez que emita el fallo y no por lo fondos del Estado. Los expertos han advertido de que esto podría potenciar que se emitiesen sentencias falsas.
El texto se enviará a la Cámara Alta, el Senado, para proseguir con el debate y la votación final, que podría celebrarse a finales de diciembre. La comisión parlamentaria que ha considerado estos cambios está encabeza por el exministro de Justicia Florin Iordache.
Iordache dimitió en febrero después de que el decreto en materia de corrupción que había elaborado provocase los mayores índices de prácticas corruptas que ha habido en el país desde la revolución anticomunista de 1989.
Según datos publicados por Transparencia Internacional, Rumanía se encuentra entre los países más corruptos de la UE. Bruselas mantiene el sistema de Justicia de Rumanía bajo un control especial. En un informe de noviembre, la Comisión Europea denunció que la reforma de la Justicia se ha estancado y que la independencia judicial sigue siendo una tema preocupante.
