Palizas, descargas eléctricas, violencia sexual o psicológica contra detenidos con la amenaza del terrorismo como excusa
MADRID, 19 May. (Por Ana Gómez Pérez-Nievas, periodista en Amnistía Internacional España) -
Sobre la voz lejana de Ali Aarrass se escucha un sonido acompasado e insistente, como de pisadas que se acercan. Es en realidad la respiración de su hermana, Farida, quien le hace preguntas que él responde desde la prisión de Salé II, en Marruecos, donde cumple condena. La voz se quiebra de vez en cuando: "Las personas que me torturaron no son humanas, no pueden serlo".
Ali, ciudadano belga-marroquí que fue extraditado desde España a Marruecos a pesar de que existía riesgo de que fuera torturado, es sólo uno de los 173 casos documentados por Amnistía Internacional.
Como él, cientos de personas luchan por mantener la dignidad en los subsuelos de cárceles o comisarías, aunque también tras las puertas blindadas de coches policiales, donde han sido sometidas a palizas, descargas eléctricas, violencia sexual o psicológica, entre otras siniestras técnicas.
La Policía y las fuerzas de seguridad marroquíes no hacen distinción: estudiantes, activistas políticos de filiación izquierdista o islamista, partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental y presuntos terroristas y delincuentes comunes pueden ser sus blancos. Obtener confesiones de delitos o silenciar a activistas y sofocar la disidencia, sus objetivos. La amenaza del terrorismo, la excusa.
"La realidad es que no hay voluntad política para establecer una buena gobernanza de la seguridad nacional", declara Khadija Ryadi, expresidenta y actual miembro del Consejo Administrativo de la AMDH (Asociación Marroquí de Derechos Humanos), una de las organizaciones de derechos humanos más importantes en Marruecos, que ha conocido la represión en los años 80, cuando varios de sus congresos fueron prohibidos y sus dirigentes detenidos.
La que fuera ganadora del premio de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013 asegura además que el discurso que se escuchaba en mayo de 2003, tras los atentados de Casablanca que dejaron 45 muertos, ha vuelto a resurgir. "Incluso el Ministerio del Interior llegó a decir en el Parlamento que las asociaciones de Derechos Humanos obstaculizaban los esfuerzos de los servicios de seguridad en su lucha contra el terrorismo. Pero esa lucha no es más que un pretexto", asegura.
CUALQUIERA PUEDE SER VÍCTIMA DE TORTURA
Y es que cualquiera puede ser víctima de la tortura y los malos tratos en el país. No sólo los activistas corren peligro, pasear por el campus también puede ser una actividad peligrosa.
"Volvía de las clases cuando tres CMI (antidisturbios) vinieron y me dispararon. Me caí, me rasgaron el pañuelo de la cabeza y comenzaron a golpearme. Boca abajo, me arrastraron hasta la furgoneta. Ahí es donde me pegaron de verdad. Durante cerca de media hora o más estuvieron pegándome y llamándome puta, insultando a mi madre y amenazándome con violarme", explica Khadija (nombre ficticio), estudiante de la Ben Abdellah University que fue arrestada cuando pasaba cerca de una manifestación violentamente dispersada. Ese mismo trato continuó hasta que la soltaron sin cargos, ni dinero, en la noche de Fez.
Lo mismo le sucedió a otro estudiante de filosofía, Boubker Hadari, de 26 años, que fue arrestado cuando se encontraba en una protesta en el tejado de la librería de la facultad de ciencias. "Tirad al perro", dijeron antes de lanzarle por el tejado, a dos pisos de altura del suelo, dejándole múltiples fracturas y vértebras rotas.
Como este y otros relatos espeluznantes, continúan las páginas del informe que Amnistía Internacional presenta en el marco de la campaña #StopTortura. Saharauis golpeados en los coches que los llevaban detenidos, entre los que se encuentran menores, partidarios de la autodeterminación obligados a confesar bajo terribles torturas y amenazas delitos de los que más tarde no pueden defenderse en un juicio justo.
Es el caso del activista saharaui Mohamed Dihani, que fue arrestado cuando celebraba la vuelta de prisión de su primo y sentenciado a cinco años de cárcel en la prisión de Kenitra por formar una banda criminal, a pesar de asegurar en el juicio y a las autoridades marroquíes a través de múltiples quejas, que lo torturaron para obtener la confesión mientras estaba bajo régimen de incomunicación en Temara, entre el 28 de abril y el 28 de octubre de 2010. Según su testimonio, fue golpeado por los agentes, amenazado con ser violado con una botella y suspendido por sus muñecas durante más de seis horas, dejándolo con una lesión duradera en el hombro.
LO QUE NADIE PARECE VER
"No, hijo, te golpeaste la cabeza contra un muro": Youssef Lembidae, activista saharaui de 26 años cuenta que eso fue lo que le dijo un fiscal de la Corona cuando trató de explicar, con las heridas todavía visibles en su cara, que la Policía le había pegado durante el interrogatorio. Ninguna orden de examen médico fue pedida.
Tampoco los médicos parecen querer enterarse de lo que sucede. Muchas personas contaron a la organización que los doctores se habían negado a proporcionar certificados médicos cuando dijeron que las lesiones habían sido causadas por las fuerzas de seguridad. Otras que fueron trasladadas al hospital para recibir atención de emergencia por lesiones sufridas durante la detención señalaron que ese paso por el hospital no quedaba registrado en ningún sitio, dejándoles sin pruebas sobre la atención médica recibida.
Y es que el sistema marroquí parece proteger más a los torturadores en lugar de a las víctimas. Desde mayo de 2014, un total de ocho personas han sido procesadas por cargos como "denuncia difamatoria" o "insultos públicos" tras haberse atrevido a denunciar la tortura.
Han pasado 21 años desde que Marruecos ratificó la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero sus intentos de renovación política, cuando, tras los levantamientos de 2011 respondieron con promesas de reformas progresistas y una nueva Constitución que prohibía la tortura, no se han visto en la práctica.
La visita del relator sobre tortura y otros tratos o penas crueles en 2012, y la del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria en 2013, así como la adhesión del país al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, no ha acabado con la impunidad imperante.
Tampoco las promesas que hizo a AI, en su misión del pasado mes de septiembre, de facilitar e investigar las denuncias y enviar una circular a los directores de prisiones con directrices claras contra esta práctica.
La realidad es otra: ningún funcionario marroquí ha sido declarado culpable de tortura durante los temidos años de plomo (1956-99), sólo en uno de los casos un tribunal ha anulado una sentencia condenatoria tras reconocer que estaba basada en una confesión bajo tortura, excarcelando a la víctima; y sólo a una de las víctimas documentada por AI se le incluyó en su examen médico una evaluación del trauma o daños psicológicos producidos por la tortura.
¿Sobre el futuro? Cuesta mantener la esperanza cuando Marruecos ha negado todas las alegaciones de Amnistía Internacional. Y cuando Francia ha firmado un acuerdo de cooperación judicial con Marruecos que podría poner fin a la competencia de los tribunales franceses sobre abusos cometidos por Marruecos. “Continuamos creyendo que se hará justicia y que la situación cambiará. Hay personas en el exterior, trabajando por nuestra situación, que nos hacen sentir que existimos, y que se hará justicia. Y es gracias a ellas que sigo resistiendo. Os pedimos, sobre todo, que no nos olvidéis, contamos con vosotros”, afirma sin embargo Ali Aarrass.
