El rey autoriza que civiles sean juzgados en tribunales militares si atacan a las fuerzas de seguridad
DUBAI, 3 Abr. (Reuters/EP) -
El Tribunal de Casación de Bahréin ha revocado este lunes una pena a nueve años de cárcel dictada el año pasado contra el líder del principal partido opositor, el ilegalizado Al Wefaq, y restaurado la pena inicial de cuatro años de cárcel, según han informado los medios locales y abogados.
El máximo órgano judicial ha absuelto al jeque Alí Salman del cargo de pedir el cambio de régimen por la fuerza, ratificando una sentencia inicial que le declaró culpable de incitar al odio e insultar al Ministerio del Interior, según ha informado el diario 'Al Wasat'.
"El Tribunal de Casación de Bahréin ha cancelado la sentencia del tribunal de apelación de nueve años de cárcel y ahora ha vuelto a la primera sentencia de cuatro años", han indicado un abogado, que ha pedido mantener el anonimato, en declaraciones a Reuters.
Los abogados de la defensa de Salman habían argumentado que los fiscales habían presentado extractos de sus discursos que habían sido sacados de contexto como prueba después de su arresto en 2015. De acuerdo con los abogados de la defensa citados por 'Al Wasat', el veredicto es definitivo.
Bahréin, gobernado por una familia real suní, está poblado mayoritariamente por chiíes y ha registrado protestas periódicas desde la 'Primavera Árabe' en 2011. En 2016, el Gobierno ilegalizó Al Wefaq y revocó la ciudadanía al principal clérigo chií del país.
TRIBUNALES MILITARES
Por otra parte, el rey Hamad bin Issa al Jalifa ha aprobado este lunes una enmienda constitucional que permite que tribunales militares juzguen a civiles que ataquen a las fuerzas de seguridad, según ha informado la agencia estatal BNA.
El principal órgano asesor de Bahréin, el Consejo de la Shura, aprobó la enmienda este mes sobre la base de que protegería al reino de ataques de milicianos, lo que le granjeó las críticas de los grupos de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional ha denunciado que la medida mina los derechos de los imputados y podría usarse para silenciar la disidencia. "Forma parte de una pauta más amplia en la que el Gobierno usa a los tribunales para reprimir todo tipo de oposición a costa de los Derechos Humanos", ha sostenido en un comunicado.
