La Cámara valora que el Gobierno de Canarias reduzca en más de un 70% el tiempo de espera para abrir un negocio
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La trabas administrativas innecesarias que soportan las pymes canarias suponen un desembolso adicional de unos 300 millones de euros al año, además de provocar que cerca del 50% de las iniciativas empresariales se queden en el camino, según un informe de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, institución que ha valorado como un avance significativo la reciente aprobación de la Ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos, una medida adoptada por el Gobierno de Canarias que beneficiará especialmente a sectores estratégicos para la economía regional como los servicios, la construcción y la industria.
El objetivo de la Ley, que entró en vigor el pasado viernes, es minimizar los 'costes ocultos' que sufren los empresarios canarios reduciendo el número de trámites, agilizando los plazos de presentación y resolución de expedientes, así como simplificando la presencia de las administraciones implicadas. En este sentido, esta nueva reglamentación obliga a que las administraciones implicadas tengan que resolver y notificar su autorización en un plazo máximo de tres meses con carácter general y cinco meses cuando sea necesario la intervención de los Cabildos insulares.
Asimismo, la iniciativa del Gobierno de Canarias de allanar el camino a los emprendedores reduce en más de un 70 por ciento los tiempos de espera en la tramitación de los permisos que necesitan los empresarios para poder desarrollar sus negocios. De hecho, con la antigua Ley de Actividades Clasificadas las administraciones públicas podían tardar hasta un año en resolver las demandas de los empresarios.
Otro de los aspectos destacables de la Ley, aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado mes de marzo, es que la ausencia de respuesta por parte de las administraciones, es decir, el silencio administrativo, será positivo y automático con carácter general salvo que exista un informe de calificación negativo. A juicio de la Cámara de Comercio, con esta nueva redacción se dota de mayor seguridad jurídica a los operadores económicos.
Para el presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio González, la nueva legislación impulsada desde el Gobierno de Canarias sobre el grueso de la actividades productivas que conforman el tejido económico del archipiélago supone "un balón de oxígeno no sólo para la apertura de nuevas iniciativas empresariales, sino también a la hora de plantear mejoras y procesos de innovación en aquellos negocios que ya están en marcha".
En su opinión, este marco normativo, que surge ante la necesidad de adaptar la Ley vigente a la Directiva Bolkestein, responde a "una de las demanda históricas del sector empresarial que, ahora más que nunca, requiere agilidad y eficacia por parte de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha sus iniciativas empresariales".
IMPULSO A LA EMPRENDEDURÍA
Las exigencias de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha una iniciativa emprendedora, como la presentación de múltiples documentos que justifiquen la concesión de una licencia de apertura, provocan la frustración de cerca del 50 por ciento de los proyectos que se pretenden impulsar. A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos, los promotores de nuevos negocios se ahorrarán tiempo y dinero porque tan sólo tendrán que comunicarlo previamente a las corporaciones locales a través de un escrito avalado por los redactores del proyecto, que serán, en definitiva, responsables de la legalidad de la iniciativa.
Con el objetivo de exigirle a la administración agilidad, otra de las cartas que deposita la nueva Ley en la mano de los emprendedores canarios es la posibilidad de plantear a los ayuntamientos consultas previas sobre lo adecuado o no de su proyecto a la normativa vigente. Esta demanda de información deberá ser contestada por las citadas corporaciones en un plazo máximo de un mes. Asimismo, la nueva Ley contempla que si el criterio expuesto por la administración cambia con posterioridad, se tendrá que indemnizar a los empresarios por los gastos que hayan efectuado.
Con respecto al régimen sancionador, la Ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos rebaja en un 50 por ciento las multas económicas que soportaban en su momento los operadores económicos que no cumplían con las disposiciones establecidas en esta legislación. Por ejemplo, la apertura de un establecimiento sin autorización podía ocasionar al empresario una sanción de hasta 60.000 euros. Ahora, con la nueva reglamentación, la cuantía de la multa podría alcanzar un máximo de 30.000 euros.
"En estos momentos de crudeza económica, los empresarios de Canarias necesitan una administración que esté al lado del empresario y no sea un obstáculo más que salvar en esta difícil situación, que está castigando a miles de empresas y hogares canarios", comentó González.
Por ultimo, la Cámara ha animado al Gobierno de Canarias a seguir profundizando en el proceso de simplificación administrativa, eliminando las exigencias duplicadas entre administraciones e impulsando la tramitación de las mismas a través de canales electrónicos. El pago de impuestos, la obligatoriedad de enviar información estadística periódica al INE y el seguimiento de la contabilidad son, por este orden, los tres trámites más gravosos para las empresas.
