Legarra culpa de las imputaciones a las conclusiones "manipuladas" de la comisión del PP que investigó Logroño Turismo

Rubén Gil Trincado Y Miguel González De Legarra, PR
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 15 marzo 2012 19:38

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Riojano (PR), Miguel González de Legarra, ha afirmado esta tarde que las imputaciones de tres miembros de su partido se han producido "merced a una comisión de investigación que ha arrojado unas conclusiones absolutamente sesgadas y manipuladas por la mayoría del Partido Popular (PP)". Legarra ha afirmado que el propio PP ha trasladado estas conclusiones [sobre la fundación 'Logroño Turismo] al fiscal, que "se ha visto obligado a tramitarlas". Es decir, se trata de "una cuestión meramente administrativa", "sin más importancia, ni mayor sentido".

El regionalista ha hecho estas declaraciones momentos antes del Pleno que ha tenido lugar esta tarde en el Parlamento de La Rioja. Así, ha respondido a las preguntas de los periodistas planteadas a raíz de una noticia publicada por diario La Rioja por este mismo tema. Y es que el fiscal ha llamado a declarar a Rubén Gil Trincado, Ángel Varea y Eric Reiner por un supuesto delito de malversación.

En opinión del diputado, "estamos ante un nuevo capítulo más del culebrón que el PP se ha empeñado en desarrollar en los últimos años buscando fantasmas y muertos donde no los hay".

González de Legarra ha acusado al PP de "mediatizar" el caso para "trasladar a la opinión pública un juicio paralelo, como ya hizo en su momento con el caso de las esculturas".

Sin embargo, "después de tanto cacareo y tanto ruido", la sentencia del juez "especificaba con muchísima claridad quién era el culpable". La sentencia decía que "el responsable no era ni el Ayuntamiento de Logroño, ni la empresa a la que se había adjudicado la ejecución de las esculturas". La culpable era una empresa que "en connivencia con el PP trataba de buscar esta judicialización".

Por todo ello, el PR "defenderá honorabilidad de los tres compañeros llamados a declarar por el fiscal". Y es que, están "convencidos de que un error administrativo" que haya podido cometer "un funcionario, no tiene por qué convertirse en una persecución judicial contra personas que han demostrado su eficacia en el trabajo diario".