Domínguez y Escobar coinciden en destacar que si funciona la Ley de Contratación "mejorará la eficacia en el gasto público" y, por tanto, "la economía del país"
LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este viernes en Logroño que "la transparencia resulta fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones de control, sin las cuales no hay democracia de calidad", durante la clausura del curso 'La nueva regulación de la contratación del sector público: fiscalización y enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas'.
Para Segarra, los temas tratados durante estos tres días en el curso que se ha celebrado en el Palacio de Justicia "han sido de enorme interés, por la calidad y diversidad de ponencias presentadas, abordando los problemas que suscita la nueva legislación sobre contratos".
Así, ha destacado, se han estudiado "desde las cuestiones generales y principios que inspiran la normativa a aquellos aspectos que particularmente preocupan a los sectores afectados".
Junto a Segarra han participado en la clausura del curso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, los consejeros de Administración Pública y de Justicia, Alfonso Domínguez y Conrado Escobar, respectivamente, la decana del Colegios de Registradores, Pilar Oliva, y el director del curso, José Manuel Suárez.
En su intervención, la fiscal general del Estado ha indicado que la contratación constituye un tema de "singular importancia" en el ámbito del Sector Público, no sólo "por su trascendencia económica", sino también por su "complejidad jurídica".
Así, ha explicado, el Tribunal de Cuentas, con competencia nacional, y los Órganos de Control Externo (OCEX), que desarrollan sus funciones en doce Comunidades Autónomas, "son instituciones de capital importancia para el cumplimiento de la regulación contractual, realizando recomendaciones a los órganos fiscalizados, que deben redundar en la optimización de los recursos públicos".
La lectura del nuevo texto, aprobado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuya virtud se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en vigor desde el pasado nueve de marzo, "pone de manifiesto el considerable número de operadores jurídicos que intervienen en la preparación, aprobación, ejecución y control de dichos contratos".
Asimismo, ha explicado, el examen del informe sobre análisis de la contratación pública en España, elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de fecha 5 de febrero de 2015, "evidencia que nos encontramos ante el ámbito más relevante de actuación económica de las diferentes Administraciones Públicas, con incidencia clave en los procesos productivos, en la competencia y en los fenómenos de corrupción".
Por ello, uno de los objetivos que inspira la reciente normativa aprobada, según su preámbulo, "es conseguir mayor transparencia en la contratación pública".
En este sentido, ha explicado, "he de convenir con la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente y de la Calle" cuando dice "que el control constituye un elemento esencial para garantizar la transparencia". Pero, a su vez, "la transparencia resulta fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones de control, sin las cuales no hay democracia de calidad".
CONTROL EXTERNO
María José Segarra ha querido destacar también "la función fiscalizadora de las Instituciones de Control Externo, pues, a través de sus informes, las Asambleas Legislativas y la propia sociedad conocen los resultados de la gestión pública, permitiendo que la crítica de dicha gestión se lleve a cabo con pleno fundamento".
No menos relevante es la función de enjuiciamiento, que únicamente corresponde al Tribunal de Cuentas, "en la medida en que logra el resarcimiento de los daños inferidos al erario público, al tiempo que tiene un efecto preventivo innegable".
En ambas funciones, ha explicado, interviene el Ministerio Fiscal, actuando siempre de acuerdo con la naturaleza y principios que rigen la Institución, es decir, "en defensa de la legalidad y de los intereses públicos".
Con ello, en no pocas ocasiones, el Fiscal suple la inactividad de los órganos públicos perjudicados, tanto en el ámbito estatal, como en el autonómico y local, que, "a pesar de haber sufrido daños en su patrimonio, no interponen la correspondiente reclamación ante la jurisdicción contable".
Esta circunstancia, ha indicado la fiscal general del Estado, justifica la existencia de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, "auténtica pionera en la moderna concepción del Ministerio Fiscal", por cuanto, además de interponer las correspondientes demandas, "posibilita la coordinación con el resto de las Fiscalías, cuando sean detectados ilícitos penalmente relevantes, en las áreas presupuestaria, contable y financiera del Sector Público".
En efecto, la especialización de las Fiscalías "constituye una exigencia de los tiempos modernos, atendida la complejidad de los asuntos a investigar y el desarrollo normativo de cada uno de los ámbitos, que es objeto de sus diversas competencias".
Segarra ha apuntado, a continuación, que "de la actuación del Fiscal en defensa de la legalidad y del interés social, en las diferentes jurisdicciones en las que interviene (civil, penal, social, contencioso-administrativa, constitucional y contable), se llega al entendimiento de las nuevas y relevantes funciones directivas en la investigación de los delitos, que próximamente se le encomendarán, en el ámbito del proceso penal, y que cuenta con el consenso generalizado de los diferentes operadores jurídicos".
"Su sustento final -ha concluido- se halla en la confianza depositada por el legislador constituyente en el Ministerio Público".
Con ello, la fiscal general del Estado ha querido agradecer a la organización su participación en el encuentro, "en el que se han expuesto diferentes problemas y compartido posibles soluciones con el objetivo común de contribuir al sometimiento de la actividad económico-financiera del Sector Público a los principios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género".
MEJORA EFICACIA GASTO PÚBLICO
Por su parte, Domínguez ha señalado que la Ley de Contratos "una vez pasado lo más duro, tras su entrada en vigor en marzo, ahora todo debería empezar a mejorar", de ahí, ha señalado que esperemos que la norma "cumpla con los ambiciosos objetivos que se propuso el legislador cuando la sacó del Congreso de los Diputados, como es mejorar el sistema de contratación pública, la agilidad, la transparencia, la concurrencia, ya que si mejoran estas circunstancias va a mejorar la eficacia en el gasto público, y por tanto la economía del país".
Escobar ha destacado, en su intervención, que a quiénes trabajan en el servicio público, en relación a la Ley de Contratación "nos toca mejorar el marco normativo, bien en su faceta reglamentaria, en su aplicación o bien, si es menester, en su faceta legislativa". En este punto, ha recordado que se trata de "mejorar el servicio público, ofreciendo más transparencia y más oportunidad, sabiendo que esto tiene su reflejo en la actividad económica, porque brinda seguridad jurídica".
