Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 31/07/2008 20:43
El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, David Pérez, acusó hoy al secretario general del PSM, Tomás Gómez, de "desconocer la política de vivienda de la Comunidad de Madrid", ya que consideró "una irresponsabilidad decir que la Comunidad de Madrid ha plagiado en algo las fracasadas políticas de vivienda del Gobierno central".
Pérez respondía así a las declaraciones de Gómez en las que decía que el acuerdo alcanzado entre Comunidad, entidades financieras, promotores inmobiliarios, notarios y registradores para poner en el mercado 25.000 viviendas libres con precio protegido llegaba tarde y que no era más que una trasposición de una normativa estatal que ya prevé este cambio de uso para las viviendas libres que no se venden, como es el Real Decreto de enero de 2008, que queda recogido en el actual Plan de Vivienda 2005- 2008.
En esta línea, Pérez señaló que el convenio "no sólo es pionero en España, sino que representa el ejemplo más evidente de cómo afronta la crisis del sector inmobiliario el Gobierno de Esperanza Aguirre".
El portavoz indicó que gracias al citado acuerdo, los madrileños podrán acceder al stock de 25.000 viviendas libres que existe en la Comunidad de Madrid a un precio máximo fijado en función de los metros cuadrados y de la zona en la que esté ubicado cada piso. Así, una vivienda de 100 metros cuadrados en el centro de Madrid que se ponga a disposición de los compradores a través de esta fórmula no podrá costar más de 320.000 euros, aproximadamente un 20 por ciento menos que en el mercado libre.
"Esta iniciativa traslada un mensaje de confianza en el sector, se ha consensuado con todas las partes implicadas y va a permitir que los ciudadanos tengan acceso a pisos más baratos y a financiación suficiente para comprarlos", señaló y añadió que el modelo propuesto por el Ministerio de Vivienda "se basó en la creación de una nueva tipología de vivienda protegida, la de precio concertado, que además de fijar el precio del metro cuadrado en los 3.000 euros, una cantidad muy elevada teniendo en cuenta que se trata de vivienda protegida, estaba limitado a los ciudadanos que tuvieran unos ingresos máximos de 6,5 veces el IPREM".
Pérez aseguró que la propuesta ministerial "subió artificialmente el precio de la vivienda protegida para igualarla al precio de la libre", una decisión que tachó de "intervencionista e insolidaria". Además, aseguró que "no soluciona los problemas del sector ni el acceso de los ciudadanos a la vivienda".
Asimismo, indica que el modelo de la Comunidad de Madrid "ha conseguido que sean los promotores privados los que rebajen el precio de las viviendas libres que no venden, sin coste alguno para las arcas del Gobierno regional, ya que no son viviendas protegidas" y añadió que "aporta transparencia al mercado ya que los ciudadanos van a saber en todo momento qué compran y a qué precio".
"La Comunidad de Madrid contribuye al ajuste del mercado pero no lo suplanta ni lo sustituye, como suelen proponer los socialistas con propuestas tan arbitrarias e ineficaces como la compra de suelo a los promotores", concluyó.