MURCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, ha detenido a los dos máximos responsables de una organización dedicada a la simulación de relaciones laborales, tramitación de altas fraudulentas en la Seguridad Social y acceso a prestaciones.
La segunda fase de la operación 'Charco Hondo' en Cartagena para desmantelar dos empresas agrícolas ficticias se ha saldado, además, con la imputación de 150 personas por fraude a la Seguridad Social y falsedad documental. El fraude global evitado a la Seguridad Social supera el millón de euros.
En concreto, se pactaba con los organizadores su permanencia de alta en la Seguridad Social a cambio de diferentes cantidades económicas. Éstas variaban según el periodo en que el extranjero necesitase estar afiliado, superando en muchas ocasiones los 1.000 euros.
La investigación comenzó al detectarse el reinicio de actividad de dos empresas agrícolas de Mazarrón, a cuyos responsables les constaban antecedentes por hechos similares en años anteriores.
También de forma ficticia y en los dos años anteriores se crearon otras sociedades agrícolas con la exclusiva finalidad de lucrarse de los pagos de ciudadanos extranjeros necesitados de altas en Seguridad Social, no abonando a ésta cuota alguna por trabajador y generando deudas por valor superior a 400.000 euros.
Del mismo modo, un número importante de los falsos afiliados a las dos empresas supuestas también fueron falsos trabajadores de una empresa ficticia, supuestamente dedicada a la construcción y desmantelada en 2013 por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cartagena, en el marco de la 'Operación Alamillo'.
En aquella ocasión, además del organizador, ingresado en prisión, fueron detenidas más de 100 personas, entre ellas un elevado número de ciudadanas extranjeras residentes en otras provincias.
En este la supuesta empresa de construcción llegó a contratar a 278 ciudadanos extranjeros, generando una deuda de más de medio millón de euros con la Seguridad Social.
Estas nuevas empresas creadas dieron de alta a un elevado número de supuestos trabajadores, 150 en escasamente un año, sin que en ningún caso éstos llegasen a realizar tarea laboral alguna y con la única finalidad de acumular periodos de alta en la Seguridad Social a fin de acceder a prestaciones por desempleo o a la renovación de sus autorizaciones de residencia en España, generando una nueva deuda de 100.000 euros.
Desde el inicio de su ficticia actividad no se abonó cuota alguna a la Seguridad Social en concepto de trabajadores, generándose una importante deuda que superó los 100.000 euros.
Por parte de los organizadores y de su red de colaboradores se captaban ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad marroquí, necesitados de cotizar a la Seguridad Social para las diversas finalidades.
Además de haber esquivado el pago a la Seguridad Social, por las dos empresas se tendrían que haber abonado a los trabajadores hasta 350.000 euros en el supuesto que la actividad declarada hubiese sido real.
Los investigadores intervinieron contratos de arrendamientos de fincas falsos correspondientes a terrenos con incapacidad para plantaciones agrícolas por su orografía y composición rocosa, y en los que se habían utilizado tanto datos de identidad de personas físicas como de otras empresas.
El domicilio de la mayor parte de los empleados radicaba no ya sólo fuera de Mazarrón, sino de la provincia de Murcia, encontrándose residiendo 70 de ellos en provincias tan distantes del centro de trabajo como Madrid, Zaragoza o Gerona, sin tener en cuenta otro importante grupo que se encontraría fuera del país.
Una vez que los responsables de la organización tuvieron conocimiento que la Policía Nacional estaba investigando el nuevo entramado de empresas ficticias abandonaron rápidamente el país dirigiéndose a Ecuador.
Allí permanecieron durante cinco meses, regresando a España recientemente, siendo detenidos por los investigadores tras detectarse su entrada a través del Aeropuerto Adolfo Suarez-Barajas de Madrid.
La operación se enmarca dentro de las actuaciones conjuntas que se vienen efectuando entre la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cartagena, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección Provincial de Trabajo.
Ha permitido evitar un fraude de 1.007.000 euros a la Seguridad Social al anularse todas las altas fraudulentas, 1,5 millones de prestaciones sociales, así como la detención en los últimos años de más de 200 personas por altas indebidas en la Seguridad Social y acceso a prestaciones.
