Señala que el agua potable en Murcia, un bien esencial, "no debe ser objeto del lucro, ni privado, ni público"
MURCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad, iniciativa surgida de las luchas por el derecho humano al agua llevadas a cabo por las asambleas del 15M de los barrios de La Paz, la Fama, Vistabella y Espinardo, ha planteado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia la formulación de una demanda recurriendo la orden de autorización de las nuevas tarifas del servicio de agua potable en el municipio de Murcia (publicada en el BORM, el 26 de diciembre de 2011), "por tratarse de un saqueo institucionalmente organizado de un bien común, público y esencial como es el agua para el lucro privado de unos pocos (Emuasa, Aguas de Murcia) a expensas de la mayoría social de la población".
La organización denuncia que la ciudadanía de Murcia se encuentra "indefensa" ante las prácticas abusivas de Aguas de Murcia de incremento de las tarifas y la ausencia de un control por parte de la administración pública de los estudios técnicos presentados por la empresa Emuasa para fundamentar las nuevas tarifas del agua.
Dos indicios de esta ausencia de control, señala, es el informe realizado por la Jefatura de Sección de Infraestructura y Comercio Interior, que aparece lleno de erratas, imprecisiones, corte y pega del propio estudio de Emuasa, aportaciones personales escasas, con fuentes inexplicadas y manejo desaliñado y erróneo de datos. Además, en el expediente administrativo no figura ningún informe de fiscalización, ni de la intervención del Ayuntamiento de Murcia, ni de la Administración regional.
"Dada la inacción y dejación de los controles públicos se constata que el único soporte documental del expediente para justificar el incremento de tarifas del servicio de Aguas es el 'Estudio de reajuste de tarifas de suministro de agua potable en el municipio de Murcia, año 2012'", aprobado por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (Emuasa).
Pero las cifras de costes de todo el capítulo son estimaciones sin contraste alguno, ya que no aparecen comparadas con las cifras de los costes reales del año 2011, ni siquiera con las estimaciones similares efectuadas para el incremento de tarifas del año 2011, por lo que todo el capítulo 3º de 'Estudio económico de costes de abastecimiento de agua para el año 2012' "se convierte en un acto de fe", según expone la organización.
UNOS INCREMENTOS TARIFARIOS ABUSIVOS Y ARBITRARIOS
Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad denuncia que esta "dejación institucional" y esta "arbitrariedad" en el cálculo de costes por parte de Emuasa dan como resultado unos incrementos de las tarifas del agua "absolutamente abusivas". De hecho, indica, "las tarifas del agua en Murcia han aumentado desde el año 2000 en todos los tramos más del doble de lo que lo ha hecho el IPC".
Para una subida del IPC del 39%, la tarifa fija de servicio ha crecido un 98 por ciento, la tarifa de consumo de 0 a 20 m3 lo ha hecho en un 89%, la de 20 a 40 m3 un 94%, la de 40 a 60 m3 un 97%, la de 60 a 90 un 177% y la de más de 90 m3 un 186%.
Si en vez de las tarifas se examinan ejemplos reales de consumo, advierte que donde más ha subido proporcionalmente el precio del agua ha sido en los casos de las familias con consumos más bajos. Así, un consumo de 8m3 cada 2 meses ha subido en 2012 el 94% respecto al 2000 y si el consumo fuera de 18 m3, la subida experimentada en estos 12 años ha sido del 93%, mientras que para un consumo de más de 95, la subida ha sido del 82 por ciento.
En el Recurso Contencioso-Administrativo, Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad desvela el procedimiento que posibilita estos incrementos tarifarios "sin control democrático alguno" y considera que el procedimiento de determinación de las tarifas del agua como precio privado no ofrece las suficientes garantías ciudadanas, "justifica la arbitrariedad y los abusos en el incremento de las tarifas, y es contrario al derecho humano al agua".
Por lo que reivindica la consideración de las tarifas del agua como una tasa lo que implicaría de inmediato la restauración de las garantías del derecho administrativo impidiendo que la decisión de que las tarifas del agua "estén sujetas a reserva de ley se deje al albur de una decisión política de cada ayuntamiento".
Denuncia, asimismo, el procedimiento de determinación de las tarifas del agua como precio privado y no como tasa permite a Emuasa la práctica contraria al derecho humano al agua de castigar cortándoles el suministro de agua a las familias de las clases populares más golpeadas por la crisis que han acumulado el impago de dos facturas y las inmensas ganancias que genera el servicio público de agua, que "muestran que estamos ante un procedimiento de acumulación de riqueza económica por desposesión de un bien común como el agua que debería estar al servicio de la ciudadanía".
Afirma que el servicio público de abastecimiento de agua lo efectúa el Ayuntamiento de Murcia mediante la forma de gestión indirecta descrita por medio de la sociedad mercantil 'Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.' (Emuasa) con capital social mayoritariamente municipal.
El capital social de 6.086.867,90 euros, se encuentra suscrito al 51 y 49 por ciento, respectivamente, por el Ayuntamiento de Murcia y Aquagest Región de Murcia,S.A., perteneciendo esta última entidad al grupo Agbar cuya cabecera es Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.
Las cuentas anuales presentan resultados sumamente positivos, siendo los beneficios del ejercicio 2010 de 5.082.711,53 euros y los del ejercicio 2011 de 4.761.943,11 euros, ambos una vez deducidos los impuestos. Con fecha 30 de junio de 2011 la Junta General acordó el pago a los accionistas de un dividendo por importe de 4.574.440,38 euros (4.256.644,86 ? en 2010), repartiéndose esta cantidad en proporción al capital desembolsado de la forma siguiente. Ayuntamiento de Murcia 2.332.964,59 euros y Aquagest 2.241.475,79 euros.
En definitiva, Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad denuncia las tarifas del agua potable en Murcia, "ya que se trata de un bien esencial que no debe ser objeto del lucro, ni privado, ni público".
