A los disidentes se les quitaba la asistencia jurídica y se les retiraban sus fotografías de las 'herriko tabernas'
MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los abogados detenidos en la operación desarrollada este lunes por la Guardia Civil contra el entorno de ETA trabajaban para evitar el "arrepentimiento" de los presos de la banda y que se acogieran a "vías penitenciarias personalizadas" que les permitieran acceder a beneficios en el cumplimiento de sus condenas, informaron fuentes jurídicas.
Los arrestados, doce letrados habituales de la banda y cuatro miembros del departamento de tesorería de Herrira, denominado Sostengu, actuaban supuestamente como correa de transmisión entre la dirección de la organización terrorista y sus presos para favorecer la cohesión y la disciplina interna del colectivo.
Los investigadores sospechan que los detenidos transmitían las consignas del denominado 'zuba' o dirección de ETA y vigilaban que los presos se mantuvieran dentro de la ortodoxia de la banda, sin explorar iniciativas personales de reinserción como la denominada 'vía Nanclares'.
De hecho, los reclusos que durante estos años han cuestionado la lucha armada o han querido acogerse a los beneficios penitenciarios han sido expulsados de la banda y se les ha retirado cualquier asistencia. Entre las medidas que se adoptaban contra los disidentes también se encontraba la de retirar sus fotografías de las 'herriko tabernas' de sus pueblos.
TERCERA FASE DE LA OPERACIÓN
La operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, es la tercera fase de unaa investigación que se inició en 2012 y que provocó en septiembre de 2013 la suspensión de actividades de Herrira, colectivo de apoyo a los presos de ETA, y en enero de 2014 la desarticulación del denominado 'Koordinazioa Taldea (grupo de coordinación)', que dirigía la abogada Arantza Zulueta.
La operación, denominada 'Mate' tras la llamada 'Jaque' en la que se detuvo a esta letrada, se ha desarrollado tras el análisis de documentación de Herrira y el KT que ponía de relieve que los abogados de ETA trabajan en cuatro frentes: el social, con la asistencia y el apoyo a los presos; el jurídico, prestándoles asistencia gratuita; el médico, con la asistencia psicológica a reclusos y familiares; y el económico, con una asignación mensual a los miembros del colectivo.
"No se trata de ganar los juicios sino de tratar de trabajar desde el punto de vista de la lucha y la línea general", según se recogía en un documento de ETA incautado a Zulueta en 2014. De esta forma, los abogados llevaban a cabo rondas en las cárceles y rellenaban fichas sobre la situación personal de cada preso. "Tiene que haber una línea clara entre estar y no estar en el colectivo", decía la banda.
En la operación también son investigados Jon Enparantza, que fue detenido en enero de 2014 junto a Zulueta, y el senador de Bildu, Iñaki Goyoaga, que cuenta con la condición de aforado por su cargo parlamentario.
Los arrestados, que declararán en los próximos días en la Audiencia Nacional, serán imputados indiciariamente por los delitos de integración o colaboración con organización terrorista, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y blanqueo de capitales.
DINERO NEGRO
Las actividades desarrolladas por los abogados de los presos se financiaban presuntamente con dinero negro proveniente de las colectas que se realizaban en municipios del País Vasco y Navarra y la venta de productos de 'merchandising', entre otras actividades.
Entre los detenidos se encuentran los abogados Ainhoa Baglietto, Kepa Mancisidor y Alfonso Zenón, según informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista. También han sido arrestados Arantza Aparicio, Aiert Larrarte, Javier Carballido, Jaoine Karrera y Ane Ituño, así como la también abogada y portavoz de Sortu Amaia Izko.
