GRANADA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La acusación particular personada en el llamado 'caso Romanones' sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada ha mostrado este miércoles su respaldo al ultimátum dado por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada al Arzobispado de Granada para que entregue la documentación íntegra de la que dispone sobre los presuntos implicados. La defensa ha respaldado los argumentos jurídicos de la iglesia.
En declaraciones a Europa Press, el letrado Jorge Aguilera, que representa al joven de 24 años de denunció el caso, y que llegó a recibir el apoyo del Papa Francisco, ha recordado que el juez hace esta petición tras recoger su propia solicitud y ha coincidido en que el arzobispo, Francisco Javier Martínez, no puede ampararse en el "secreto pontificio" o en la legislación canónica.
Posición contraria mantiene Javier Muriel, el abogado que representa al padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo de 'Los Romanones', y que ha dicho a Europa Press que apoya los argumentos esgrimidos por el prelado.
Además, ha lamentado que el magistrado instructor, Antonio Moreno, "presuponga unas cuestiones en cuanto a un expediente eclesiástico que no existen" y ha recordado que el Arzobispado se ha limitado a informar de que la documentación solicitada está en posesión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano, que es, según ha recordado "otro país".
También comparte lo esgrimido por el arzobispo en cuanto a que las declaraciones de los presuntos implicados --diez sacerdotes y dos laicos-- están "bajo secreto pontificio" y enmarcadas en "actos comunicados en conciencia".
En ese caso, y tal y como establece la legislación canónica, si este tipo de actos se hicieran públicos el que lo haga se enfrenta a la "excomunión" y podría ser expulsado de la Iglesia, que es a lo que el juez "está abocando al arzobispo" si atiende a este último plazo.
