Los heridos en Hoyo de Manzanares piden reabrir el caso con un informe pericial que demuestra que los explosivos estaban caducados
MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El teniente José Manuel Candón tiene una discapacidad reconocida del 97 por ciento desde que en el año 2011 resultara herido en la explosión que se produjo en el campo de adiestramiento conocido como El Palancar, en Hoyo de Manzanares (Madrid), en el que además fallecieron otros cinco militares y uno más resultó herido grave. Tras años de lucha judicial por esclarecer las responsabilidades del suceso, ha escrito una misiva dirigida a las familias de otros militares fallecidos o heridos en acto de servicio: "No cometáis el error que yo cometí de confiar en el sistema".
Pese a sucesivos reveses judiciales, el teniente Candón y su compañero también herido en la explosión, el sargento primero Raúl González, ambos infantes de Marina, siguen luchando para "tener justicia" y han pedido a un tribunal militar que reabra el sumario ante las nuevas pruebas que aporta un informe elaborado por un perito ingeniero de minas.
En él se pone de manifiesto la necesidad de volver a estudiar la cadena de custodia a la que fue sometido el material que después provocó la explosión, el origen de la carga que provocó la detonación o las condiciones del terreno donde se realizaban las prácticas.
MINAS PARA SER DESTRUIDAS, NO PARA PRÁCTICAS
Pero para los militares, el punto más relevante es el relacionado con la caducidad de las minas, dado que fueron fabricadas en 1974 y su vida útil fue alargada en varias ocasiones. Según apunta el perito, en diciembre de 2010 se declaró su inutilidad y fueron entregadas para su destrucción, por lo que no deberían haber sido utilizadas en prácticas de entrenamiento.
El teniente Candón cree que, en vez de seguir los costosos procedimientos reglados para la destrucción de los explosivos, se utilizó a los militares para que lo hicieran aprovechando unas prácticas que realizaban antes de su inminente viaje de misión a Líbano.
"Por costumbre, daban a los EOD (desactivadores de explosivos) el materila que había que destruir", ha denunciado poniendo de manifiesto una "evidente negligencia y responsabilidad" que a su juicio recae sobre los mandos del polvorín de El Viso.
"Es un acto de irresponsabilidad absoluta y posiblemente delictiva el ocultar el peligro al que nos enfrentamos aquel día, ya que consideramos cuando acometemos un ejercicio que el material empleado cumple las condiciones de seguridad necesaria para su uso. Sin embargo, no se optó en origen por una acción correctiva, sino deshacerse de un material conflictivo y peligroso aprovechando que íbamos a realizar una práctica", denuncian los infantes de Marina.
Pese a estas pruebas, el magistrado del Juzgado Togado Militar Territorial núm. 11 de Madrid ha rechazado la reapertura del caso. Sin embargo, los militares han elevado una queja ante el Tribunal Militar Territorial Primero aludiendo a las "lagunas" de la investigación inicial y datos esenciales que no pudieron aportar "en un momento de confusión" en el que estaban recuperándose de las herida y consternados por la muerte de sus compañeros.
"TODOS QUEDARÉIS EN EL OLVIDO"
En la carta abierta remitida por el teniente Candón a los familiares de otros militares fallecidos o heridos, les advierte de que "pronto quedarán atrás" las muestras de solidaridad de políticos y altos mandos militares y por delante queda "una larga singladura" que deberán "afrontar con fortaleza". "Estos señores ya no volverán a llamaros por teléfono, nada, sólo silencio, todos quedaréis en el olvido", avisa con dolor.
A su juicio, sólo podrán apoyarse en los compañeros militares mientras que la investigación judicial terminará probablemente "con un archivo de la causa sin responsabilidades por parte de nadie". Según reconoce, el dinero nunca puede paliar la muerte de un ser querido, pero "insulta a la inteligencia" la cantidad que se les ofrece, que "no supone ni el 20 por ciento que se podría percibir tras un fallecimiento en accidente de tráfico".
