Considera que pudo haber firmado el contrato de Kradonara a sabiendas de que Rato trataba con el mismo eludir su carga fiscal
MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la solicitud del secretario general de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín, de ser apartado de la causa en la que se investiga el patrimonio familiar del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato al entender que pudo actuar "a sabiendas" de que el contrato que éste firmó con Telefónica tenía por objeto eludir la carga fiscal del político.
La Sección 23 de la Audiencia Provincial desestima por tanto el recurso presentado por Sánchez de Lerín que pedía el archivo de su parte y le mantiene como investigado en la pieza Lazard Telefónica incoada por el juzgado de instrucción número 31 de Madrid.
Considera que en su condición de responsable de Telefónica en las negociaciones para la firma de un contrato entre esta sociedad y Kradonara (perteneciente a Rato), pudo actuar a sabiendas de que el contrato era en realidad una simulación que tenía por objeto eludir la carga fiscal del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
De este modo el investigado adquiere la condición de cooperador necesario en los delitos contra la Hacienda pública supuestamente cometidos por Rato, según expone el auto que aclara que en la investigación contra su persona figuran cuotas defraudadas en el IRPF correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 superiores a 160.000 euros, cuantía que, al ser superior a 120.000 euros, implica que puede suponer delito fiscal.
INFORMES DE ASESORAMIENTO
"Se pone de manifiesto un posible fraude a la Hacienda mediante la utilización de sociedades interpuestas como si fueran sociedades profesionales. Este es el caso de Kradonara, de la que se desconoce cualquier actividad profesional y que es con la que firma el contrato de consultoría en representación de Telefónica", explican los magistrados.
Sánchez de Lerín fue quien firmó el contrato entre Telefónica y Kradonara, empresa propiedad de Rato que se halla en el centro de la investigación judicial por ser clave en el patrimonio presuntamente irregular del exdirector del FMI, para la realización de informes de asesoramiento por los que recibió 726.000 euros entre enero de 2013 y abril de 2015.
Se trata de una pieza que se integra en la causa principal que instruye el titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, sobre el patrimonio presuntamente ilícito de Rodrigo Rato a quien la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) acusa de haber ocultado al fisco rentas por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros" entre los años 2004 y 2015.
