Matizan que los exdirectivos renunciaron a los incentivos de 2010 porque sabían que no iban a cobrarlos
MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los inspectores del Banco de España (BdE) que han declarado este lunes en el juicio que acoge la Audiencia Nacional contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), han apuntado que la entidad no cumplió con la normativa estipulada por el supervisor y que "cuando había ponche para todos, unos se tomaron una copita, otros se emborracharon y otros acabaron cirróticos" en referencia a la situación financiera y bancaria en 2010.
El perito del Banco de España José María Ruiz ha declarado en esta octava sesión de vista oral que tras estudiar el análisis de la cartera crediticia llegaron a la conclusión de que no había existido una función de riesgos responsable y ha apuntado que en todas las entidades debe haber siempre un departamento de riesgos que actúe como "abogado del diablo".
Al respecto Pedro González, también inspector del supervisor, ha matizado que no todas las operaciones de refinanciación tienen que entenderse como algo negativo, sino que son oportunidades de negocio si se emplean bien. "Cuando no tienen sentido económico no se pueden hacer porque se está ocultando la realidad", ha precisado a preguntas de las partes ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo.
Los inspectores han aclarado que no fueron conscientes de que no se estaba cumpliendo la normativa contable hasta junio de 2011 tras revisar las carteras, ya que era muy difícil calificar activo a activo dónde estaba el quebranto. "Es como si fuera una caja de zapatos. Tenemos que abrir la caja una a una y ver si la calidad de los zapatos coincide con la etiqueta", ha dicho al respecto Ruiz.
Además, consideran que la responsabilidad directa de que los estados financieros de 2010 y 2011 no reflejaran la imagen fiel de la entidad es de la dirección ya que es la que aprueba finalmente las cuentas, aunque no contaran para ello con toda la información suficiente. Para ellos la Fiscalía pide penas que van de entre diez meses a siete años y medio de cárcel por estos hechos.
"Nadie puede montar una operación de este estilo sin la autorización del principal ejecutivo de la entidad, sino estaríamos hablando de una situación tan anómala que no es concebible en una entidad de crédito", ha matizado Ruiz apuntando directamente a la excúpula de la caja alicantina que acabó siendo intervenida en 2011 y recibió una inyección del Fondo de Garantías de Depósitos (FGD) de 5.249 millones de euros para reflotar la entidad.
TENDRÍA QUE HABER REFLEJADO PÉRDIDAS EN 2011
Ese año los entonces directivos presentaron unas cuentas relativas al primer semestre que arrojaban unos beneficios de 65 millones de euros aunque tras la llegada de los administradores provisionales nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) las cuentas mostraban unas pérdidas de 1.136 millones de euros para ese mismo ejercicio.
"La caja tendría que haber empezado a dar pérdidas a principios de 2011", ha precisado el inspector, en contraposición a lo expuesto por los ocho acusados en su declaración ante el tribunal, quienes argumentaron que el Banco de España supervisaba de manera permanente a la caja alicantina antes incluso de 2008.
Sin embargo los inspectores han precisado que también detectaron que la mora de la caja tenía un comportamiento "muy extraño" ya que subía en los dos primeros meses y bajaba en el tercero de manera cíclica, algo que a su juicio "carecía de sentido".
NO PODÍAN COBRAR LOS INCENTIVOS
Respecto a los incentivos a los que la alta dirección renunció en 2010 según los acusados, Ruiz ha matizado que no cree que "hubiera renuncia" sino que tal y como estaba la entidad -en situación "crítica" según el Ministerio Público-- no se hubieran podido cumplir los objetivos y por tanto renunciaron a un complemento "que no iban a cobrar de ninguna de las maneras".
Según González, los directivos tenían previsto cobrar el 50 por ciento del bono extra en diciembre de 2010 y en los años 2008 y 2009 se devengaría el otro 50 por ciento por tercios, si bien lo que hicieron fue adelantarse a 2010 y cobrar en 2009 los relativos a ese ejercicio y al siguiente previendo que probablemente las circunstancias en el sector financiero en 2010 no iban a ser positivas.
QUINCE REUNIONES EN UN MES
González ha confesado que tuvieron quince reuniones en un mes y agotaron todas las vías dado que estaban en una situación "de no retorno" y había miedo de contagio al resto del sector financiero. "Cada uno estaba anclado en sus posiciones, unos no querían ceder cuota de poder en el Banco Base y otros tenían miedo de que el FROB les controlara, era un callejón sin salida"; ha dicho.
El perito se refiere así a los motivos que provocaron la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP) integrado entre CAM y otras tres cajas para crear el Banco Base y que finalmente no salió adelante ante la retirada de las otras entidades debido a los problemas de solvencia de la Caja del Mediterráneo.
El fiscal Luis Rodríguez Sol apunta en su escrito que los acusados -a los que atribuye delitos de falsedad en las cuentas, estafa y apropiación indebida-- se valieron de un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios, por un lado reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos y por otro mediante la incorrecta titulización de activos.
Además defiende que la caja desembolsó indebidamente 20 millones de euros por el cobro de complementos retributivos tales como beneficios, prejubilaciones y planes de pensiones.
