MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid suprimirá un total de 2.000 liberados sindicales a partir del 1 de enero de 2011, medida que supondrá un ahorro para el Gobierno regional de 73 millones de euros y que tiene el objetivo de "racionalizar esa labor en un momento de crisis severa".
Según ha informado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la comunidad de Madrid, Francisco Granados, actualmente existen en la región unos 3.500 liberados sindicales, que pasarán a ser unos 1.500 con fecha de 1 de enero de 2011. Todo ello, ha dicho, con el fin de regular la situación de estos trabajadores en base "al Estatuto Básico del Empleado Público, Estatuto de Trabajadores y la Ley de Libertad Sindical".
Este recorte, ha asegurado Granados, será negociado con los sindicatos a partir del 30 de septiembre, una vez haya pasado la huelga general. Sin embargo, hoy ha tenido lugar una primera toma de contacto entre ambas partes en el Consejo General de la Función Pública, donde se han reunido durante casi tres horas para intercambiar posiciones.
Granados ha explicado que en la reunión ha quedado evidente que las cifras que manejan los sindicatos y los de la Comunidad tienen "diferencias enormes", razón por la que se hace necesaria una negociación previa a la entrada en vigor de esta medida. No obstante, el consejero ha advertido de que la adaptación del número de liberados sindicales "será con efectos de 1 de enero de 2011", es decir, que se haría efectiva aunque no hubiese acuerdo entre ambas partes. "Si hay acuerdo se tramitará como acuerdo y si no, por el procedimiento legal correspondiente", ha explicado.
De cualquier manera, el consejero ha defendido que la Comunidad tiene identificados "con nombre y apellidos" a los liberados sindicales de la región. "Dudo mucho que no sean todos los que están. Pueden no estar todos los que son, pero las cifras que tenemos responden a la realidad", ha indicado.
En esta línea, ha asegurado que el Gobierno regional "está dispuesto a hablar de todo lo que (los sindicatos) quieran". "Sólo les he puesto una premisa, y es que cualquier acuerdo al que llegue la Comunidad de Madrid en cualquier ámbito no puede suponer un sobrecoste para los madrileños", ha indicado Granados para asegurar que son momentos de "economía de guerra" y la Administración "tiene la obligación de destinar los recursos a lo que los madrileños más necesitan".
"Esta medida no supone ninguna restricción de ningún derecho sindical ni de la representación que legítimamente tienen encomendada por la constitución los sindicatos de los trabajadores. Simplemente es cuestión de racionalización de esa labor tan importante en un momento de crisis severa, que nos lleva al Gobierno a ejercer la responsabilidad de administrar los recursos de los madrileños", ha señalado.
Granados también ha aprovechado para referirse a los supuestos 499 liberados que existirían en toda España, según datos del Ejecutivo central, cifra que ha tachado de "irrisoria". "En mi opinión, llaman a error a los ciudadanos y consagra el ocultismo. Espero que se aclaren esos datos, porque yo estoy dispuesto a ofrecer el desglose de donde están todos los liberados", ha zanjado.
LOS SINDICATOS, CONTRARIOS AL RECORTE
Por su parte, los sindicatos han coincidido en señalar que las cifras manejadas por la Comunidad "no son ciertas", si bien no han determinado el número exacto de liberados sindicales en la Comunidad de Madrid.
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Madrid, Juan Antonio Olmos, ha abogado por contrastar los datos que manejan ambas partes ya que, a su juicio, los aportados por el Gobierno regional "en absoluto son ciertos". "Creo que están uniendo varias cosas", ha señalado Olmos, quien ha abogado por contrastar las cifras "pero en el contexto de una negociación colectiva que debe tratar este tema, y otros".
"Hemos venido a decirle que ese no es el tema, para nosotros sí es un tema la representación que ostentamos sobre los empleados públicos de la Comunidad, que ven cómo no tienen la negociación colectiva desde hace tres años, o bien se incumplen sus acuerdos. Le hemos dicho que no nos negamos a hablar de nada, pero venimos a tratar lo fundamental: el empleo, las convocatorias de ofertas de empleo público, las condiciones de trabajo, la modernización de la administración o los salarios", ha explicado.
En la misma línea se ha mostrado el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Fernando Sánchez, quien ha pedido "respeto democrático por el hecho sindical". "Estamos cumpliendo una representación legitimada de una manera masiva y todo eso que se llama el abuso sindical, tenemos que decir que los derechos sindicales, las horas sindicales o los liberados sindicales son los que la normativa y acuerdos convencionales hemos acordado", ha explicado.
Por ello, ha dicho que la cifra de representantes "son legítimos". "Hay una diferencia clarísima respecto a la cantidad. Si la cifra de liberados sindicales son 3.500, hemos dicho que a nosotros nos faltan, aquí hay una confusión terminológica o conceptual", ha indicado.
En este sentido, ha dicho que sería "obsceno" por parte de los sindicatos que "lo más importante" fuera este tema, ya que, a su juicio, "los liberados y derechos sindicales son un instrumento al servicio de la representación". "Queremos decir que para nosotros es más importante poner en valor todo el contenido del Estatuto Básico del Empleado Público y el acuerdo y desarrollo de cada uno de los marcos normativos. Eso es lo importante", ha concluido.
Finalmente, el vicesecretario de CSIT-UP, José Montero, ha coincidido en señalar que lo más importante es que "por fin se ha conseguido reunir la Mesa de Negociación, después de tres años sin apenas reunirse".
"Estamos dispuestos a negociar todo lo que afecte a los empleados públicos, y uno de los temas es los derechos sindicales, pero no quiere decir que para nosotros esto sea lo más importante. Hay cosas más importantes", ha explicado, para añadir que "atacar a los sindicatos no es la mejor manera de empezar".
