El Congreso pide documentación sobre códigos éticos de otros parlamentos para aprobar el suyo este año

Comisión del Estatuto del Diputado
EUROPA PRESS
Publicado 20/02/2018 20:11:32CET

La Cámara pretende reactivar la propuesta de crear un registro de 'lobbies' y determinar la "huella" de los grupos de interés

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión del Estatuto del Diputado ha decidido este martes pedir documentación a los servicios del Congreso sobre códigos éticos de otros parlamentos con idea de redactar este año el suyo propio y cumplir así con las recomendaciones del último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

El GRECO, dependiente del Consejo de Europa, lleva desde 2005 haciendo "rondas de evaluación" a más de una cuarentena de países para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.

En su último informe se señalaba que España sigue sin cumplir cuatro de las once recomendaciones que le hicieron en diciembre de 2013 y que sus progresos son "limitados", por lo que ha dado este año de plazo para informar de nuevas acciones contra la corrupción en el poder legislativo y el judicial.

Así las cosas, la Mesa del Congreso acordó el pasado 6 de febrero encomendar a la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside el diputado del PP Leopoldo Barreda, la labor de redactar un código ético para dar respuesta a las sugerencias del GRECO.

EL PARLAMENTO EUROPEO YA TIENE EL SUYO

Esta comisión se ha reunido este martes tras recibir el mandato del órgano rector de la Cámara pero de momento sólo han acordado solicitar documentación sobre cómo funcionan los códigos éticos instaurados en otros parlamentos, entre ellos el Europeo y el de otros países de nuestro entorno, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Con esos papeles en la mano, la intención del presidente de la comisión es elaborar en una próxima reunión, que previsiblemente se convocará en marzo, para fijar un plan de trabajo que desemboque en un código de conductas éticas y sobre posibles conflictos de intereses, que no formará parte del propio Reglamento del Congreso pero sí será de conocimiento público.

Entre sus recomendaciones, el GRECO destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, si bien también apunta la necesidad de que se incluyan otras informaciones que pueden ser de interés y que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.

DETALLAR REGALOS, VIAJES, TIPOS DE INTERÉS

En concreto, la Mesa del Congreso quiere que la Comisión del Estatuto del Diputado estudie la aplicación o no esas propuestas de mayor detalle informativo, entre las que figura el valor de mercado de las propiedades y vehículos, nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas o compensaciones.

Otra de las medidas en las que hace hincapié el GRECO es la regulación de los 'lobbies', y ahí se destaca que el Congreso tiene en estudio una proposición de ley presentada por el PP para crear un registro público de estos grupos de interés, pero se piden avances concretos.

Sobre este punto, la Mesa de la Cámara quedó en hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios para que desbloqueen esta iniciativa, que lleva meses parada por sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas, y para que sean más ambiciosos y no se limiten sólo a crear un registro de 'lobbies' que operan en el Parlamento.

De hecho, el órgano rector de la Cámara desearía que con esa reforma reglamentaria del PP se aprovechase para trazar la "huella legislativa" de las leyes y así determinar qué sectores y grupos de influencia han intervenido en la gestación de una ley.