BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 16 tomó hoy declaración a tres de las siete personas implicadas en una trama de acoso inmobiliario que afecta a diez fincas de la capital catalana, principalmente, del barrio del Raval, en el distrito de Ciutat Vella. El fiscal sostiene que intentaron "desalojar por todos los medios" a los inquilinos de 166 viviendas porque la mayoría tenían alquileres de renta antigua.
Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que esta semana también está previsto que la juez instructora tome declaración a los otros cuatro de imputados y a seis de los vecinos afectados, mientras que el resto lo harán entre el 30 de marzo y el 3 de abril.
Dos de los imputados que declararon hoy son los hermanos Miguel y Salvador B.V., los fundadores de las sociedades propietarias de las fincas --Quoty List, Ulist, London Homes--, que después fueron absorbidas por una compañía de Delaware (Estados Unidos). Los imputados Antonio M.A. y José María S.S. estaban vinculados a las tres empresas iniciales.
Esta compañía, así como el grupo Sofic Investment LTD, creado en 2003 en Samoa, eran gestionados desde un despacho de abogados de la Gran Via de Barcelona, dirigido por el querellado José Antonio G.V., y que fue registrado por la policía a principios de mes. En el bufete trabajaba el acusado Joaquín M.C.
El fiscal Fernando Rodríguez Sol asegura en la querella que las siete empresas implicadas "constituyen un único grupo empresarial que es gestionado desde Barcelona por los querellados". La administradora de los tres grupos que poseen los pisos es una mujer "india, ilocalizable, totalmente desconocida en los bancos y entidades oficiales".
El fiscal sostiene que, de común acuerdo, los imputados amenazaron y engañaron a los inquilinos de las 166 viviendas, no realizaban las obras necesarias para conservar en buen estado los edificios, llegaron a cortar el suministro de luz y agua e, incluso, convirtieron algunos pisos en burdeles, pisos patera, puntos de venta de droga y pensiones ilegales para forzar a los afectados a abandonar sus casas.
