Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 19/08/2008 12:04
MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta de Dignidad y Justicia, Sonsoles Arroyo, afirmó hoy que el acercamiento del Partido Popular a la política antiterrorista del Gobierno es "preocupante" ya que "no existe una línea clara y contundente" por parte del Ejecutivo.
"Son muy preocupantes las últimas declaraciones de Mariano Rajoy, tras las bombas de ETA en su campaña de verano, en las que ha dicho que comparte total y absolutamente la política antiterrorista (del Gobierno)", explicó Arroyo en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press.
Asimismo, Sonsoles Arroyo recordó que todavía "no se han conocido públicamente las concesiones en el proceso de negociación y de diálogo" y, señaló que "esta legislatura ha sido la de la tregua, la negociación y la de las puertas abiertas de Gobierno a posibles concesiones a una banda terrorista".
HOMENAJE A DE JUANA
Con respecto al acto de bienvenida en San Sebastián a Iñaki de Juana Chaos, por el cual la Fiscalía ha pedido su declaración como imputado para determinar si fue él quien escribió la carta, la vicepresidenta de Dignidad y Justicia indicó que esta decisión "no conduce a nada" porque "nunca lo reconocerá".
"La Fiscalía contra los que tendría que haber actuado es contra los organizadores del homenaje ya que lo permitió porque desde luego la actuación que ha tenido de citar a De Juana para que declare es algo que no lleva a ningún lado", apuntó.
De esta manera, Arroyo solicitó "la citación y la imputación de los dirigentes de la herriko taberna e informes a las fuerzas de seguridad para que digan quiénes son los autores del homenaje". Sin embargo, prosiguió, "la Fiscalía en esto no ha querido actuar y es en lo que legalmente podía haber actuado".
MALA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Por otro lado, la número dos de Dignidad y Justicia lamentó el interés del Ministerio Público por "impedir la acusación popular", y, apuntó que "hay que tener en cuenta que la Fiscalía no deja de ser una parte más, como cualquier otra acusación y la responsabilidad cae en manos del juez, que es en última instancia quien tiene la competencia para decidir si se solicita fianza o no".
De esta manera, Sonsoles Arroyo espera que "el criterio de la Fiscalía sea independiente y no responda a las directrices del fiscal general del Estado, que recibe directamente ordenes políticas".