MADRID, 1 Mar. (EDIZIONES) -
Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, al
disponerme a solicitar la investidura de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99
de la Constitución, quiero, ante todo, transmitir
a la Cámara y a los ciudadanos que
representamos la convicción de que este
acto no es un simple trámite; al contrario,
estamos viviendo una jornada histórica y
decisiva para nuestro futuro. Histórica,
porque hoy comienza el cambio; decisiva,
porque, desde los primeros pasos por el
nuevo camino, empezamos ya a ir configurando
su trazado.
Lo proclamo con la satisfacción de haber
sido uno más de los que han luchado
por este día pero también con la humildad
debida porque ha sido el pueblo espaiíol,
libre y pacíficamente, quien ha instaurado
el cambio, y nosotros no somos más que
los encargados de desempeñar la honrosa
tarea de impulsarlo.
Para constatar lo que afirmo basta contemplar
esta Cámara, y comparar su composición
con la de hace pocas semanas.
Nuestro pueblo ha querido otras Cámaras,
otras leyes, otros modos, otros contenidos
de Gobierno y lo ha querido con tal sabiduna
y con tan clara conciencia cívica
que nuestro primer deber, el deber de todos
nosotros, consiste en interpretar con
acierto esa voluntad popular. El pueblo ha
votado el cambio y nuestra obligación es
realizarlo; un cambio hacia adelante, un
cambio sintonizado con el futuro, un cambio
hacia una España que progrese en paz
y en libertad.
Para conseguirlo, los ciudadanos han
elegido el 28 de octubre unas Cámaras con
una mayoría fuerte -es decir, con un Gobierno
sdlid- y con otras fuerzas polí-
ticas vigorosas. Yo me felicito de esos
aciertos, porque creo en la eficacia del diá-
logo y la participación, lo que supone necesariamente
interlocutores capaces; porque
es más fácil la generosidad y la lealtad
desde posiciones de fortaleza que desde
la debilidad que necesita recurrir con
frecuencia a las armas oblicuas de la astucia.
Por eso espero que nuestras naturales
discrepancias se manifiesten siempre en
esta Cámara con la claridad y comprensión,
que por mi parte ofrezco:desde dora
sin ninguna reserva. Todos tenemos que
pensar en el presente y en el futuro de
España, aunque sea de distinta manera
hacer compatibles esas diversas maneras
y conjugarlas al servicio del interés común
es lo que nos exigen los ciudadanos
con su rotunda votación.
Por obra de ese mandato, y no sólo por
un trámite establecido, es por lo que solicito
de la Cámara mi investidura como
Presidente de Gobierno. Y ¿para qué? Naturalmente,
para gobernar. Esto es obvio,
pero importa afirmarlo sin acritud, con la
conciencia clara de que en el pasado muchos
ciudadanos han tenido con frecuencia
la sensación de no estar gobernados.
Porque gobernar no significa solamente
estar atento a las curvas del camino; gobernar
es guiarse al mismo tiempo por el
perfil del horizonte, tener bien claro un
rumbo a largo plazo, una perspectiva que
otorgue pleno sentido a los afanes cotidianos.
Gobernar es aferrarse con ilusión y
esperanza a ese rumbo, a sabiendas de las
dificultades iniciales, a sabiendas de que
aunque no se alcance plenamente el horizonte
debe bastarnos la humilde seguridad
de que cada paso correcto nos acerca
a la meta de una España mejor para
todos.
Nuestro horizonte como socialistas, con
la responsabilidad de gobernar pas todos
los españoles, es profundizar constantemente
en las libertades de las personas
y de los pueblos de España. Ahora bien,
como las polémicas recientes y el oscurmtismo
interesado de tiempos pasados pueden
confundir a muchos, debo reafirmar
que este horizonte pertenace a la vez al fu-
turo y al paaado, es la reencarnación actual
de valores de siempre, porque el proyecto
viene a revitalizar la solidaridad humana
debilitada por el individualismo, por
el egoísmo corporativo y por la agresividad
competitiva de grupos sociales muy
concretos. Nuestro sentido del cambio se
proyecta hacia el futuro y se apoya en los
valores más permanentes del hombre, rechazando
la concepción atomizada de la
sociedad. Nos proponemos gobernar sobre
la base de tres principios que quiero proclamar
categóricamente:
La paz sociai, es decir, la, seguridad ciudadana
como garantía de desarrollo de las
libertades, que es un concepto más noble
y amplio que el de orden público, reducido
a la tranquilidad en las calles, Paz y
seguridad en todos los ámbitos: en el trabajo,
en el ocio, en la creación, en la interdependencia
de nuestra vida en común, en
las relaciones intepacionales.
La unidad nacional, que se fortalece con
1s diversidad de nuestros pueblos. con las
preferencias de los grupos, con las singularidades
propias de este rico y variado
mundo que llamamos España. No sólo no
excluye esa3 diferencias, sino que, al contrario,
la unidad se vigoriza gracias a la
autenticidad con que son vividas por sus
propios portadores humanos. Unidad, por
tanto, en el sentido creador de estimularnos
y potenciarnos unos a otros, precisamente
porque somos diferentes, nunca en
la interpretación negativa de antagonismos
o luchas destmctoras.
El progreso, como un instrumento al servicio
de la justicia, como un concepto que
va más aiiá del mero desarrollo económico,
que incluye el incremento de la riqueza
nacional, pero que atiende a las necesidades
vitales de los seres humanos, a su
profundo afán de comprehión, de dlgnidad,
de igualdad. Por eyo nos obliga a luchar
contra las difex-encias que privilegian
a ciertos grupos y que marginan lacerantemente
a otros.
Estas bases nos permitirán reforzar la
presencia de España en el mundo, no con
la vana pretensión de un protagonismo internacional
exagerado, porque tenemos
sentido de la medida al situar a nuestro
país en la escala de las potencias mundiales.
Pero tenemos también conciencia de
nuestras aportaciones en el paaado y de
nuestra capacidad de presente y de futuro,
y esperamos que unas y otra8 no8 permitan
alcanzar en la vida internacional el
nivel de nuestra autentica dignidad. Se
puede ser digno con poco, como se puede
ser indigno con mucho, y de esto último
no quiero mencionar ejemplos de quienes
aprovechan su fuerza para someter o explotar.
Paz, unidad y progreso; ése es el perfil
del horizonte, de nuestro rumbo permanente.
Debo ahora referirme a las curvas del
camino, a la situación inmediata y a nuestros
propósitos. Aludiré sólo a sus principales
rasgos, porque recientes como son
las elecciones generaies y dada la difusión
de nuestro programa, ampliamente respaldado,
parece innecesario fatigar a la Cá-
mara repitiendo detalies de todos conocidos
y que pueden ser objeto de ulterior
debate.
Pero quiero anticipar que es nuestra intención
informar a los españoles en las
próximas semanas y meses sobre la situación
que hemos recibido, y en particular
en la presentación de los presupuestos. Asimismo
les iremos dando cuenta en el futuro
de cuanto les atañe sincera y claramente,
para que la esperanza se base en
la verdad y no en datos deformados o insuficientes,
ni en promesas quiméricas.
Cuatro son las áreas de problemas en
las que agrupo los aspectos detallados en
nuestro programa electoral, que es, naturalmente,
la base del programa de Gobierno,
porque sólo cumpliendo aquél responderemos
fielmente a.l voto mayoritario expresado
por los españoles. Enumeraré así
esas cuatro áreas, para que pueda seguirse
más fácilmente mi exposición:
Primera, la lucha contra la crisis económica
y el paro.
Segunda, el avance hacia una sociedad
más libre y más igualitaria.
Tercera, la reforma progresiva de la Administración
del Estado, en cumplimiento
del artículo 103 de la Constitución y del
contenido del Tftulo VI11 que exige una
nueva distribución del poder en el ámbito
de las Comunidades Autónomas y de los
entes locales.
Cuarta, la proyección hacia el exterior,
digna y eficazmente, de la realidad de Espaiia.
Estas cuatro áreas, como bien saben
SS. SS., están estrechamente ligadas entre
si y sólo a efectos de exposición podemos
separarlas. Así, la reforma de la Administración
tiene un claro sentido instrumental
al servicio, tanto de los objetivos sociales
que nos proponemos cuanto de la construcción
del estado de las autonomias; y
el avance en las primeras áreas mencionadas
fortalece nuestra posición en el exterior,
sirviéndose al mismo tiempo de una
política internacional eficaz.
Antes de entrar en los problemas de la
crisis económica permítanme que recuerde,
con todos los presentes, la grave situación
por la que atraviesan amplias zonas
de Espaiia, golpeadas por la catástrofe de
las inundaciones, a las que debemos prestar
una atención justa y urgente.
No deseo que se interprete la referencia
inicial a los temas económicos como una
creencia en su primacía, porque lo que
nos preocupa ante todo es el hombre, entendiendo
los bienes materiales como instrumentos
a su servicio y no como objetivos
finales. Nos importa afianzar una sociedad
de ciudadanos libres, mejorando su
bienestar y haciendo posible una generación
de españoles regidos por la ética y por
lc solidaridad y no por un sistema de controles
rigurosos. Sin embargo, a los hombres
los limitan y preocupan hoy muy inmediatamente
los problemas económicos,
porque el marco histórico en que vivimos
está dominado por una crisis de marcada
intensidad y extensión.
Esa crisis general, junto con nuestra deficiente
estructura económica legada del
pasado, nos enfrenta hoy con cuatro desequilibrios
fundamentales: el paro, que alcanza
a dos millones de personas, que
constituye 01 16 por ciento de la población
activa, nivel que se sitúa siete puntos por
encima de la media registrada en la OCDE;
la inflación, con un suelo del 14 6 15 por
ciento, que no se ha conseguido rebajar en
30 DE NOVIEMBRE DE 1982.-NÚM. 3
los tres últimos años, mientras que caía
en los paises desarrollados y se ampliaba
sucesivamente nuestra diferencia con ellos
en dos, cuatro y seis puntos: el déficit de
la balanza de pagos, que, aunque algo reducido
en la balanza corriente, se refuerza
con una mala evolución de la balanza de
capitales y determina la pérdida de reservas,
y el déficit de las administraciones
públicas, del orden de un billón de pesetas
en 1982, es decir, equivalente a un 5 por
ciento del Producto Interior Bruto, y que
viene representando hasta hora un rápido
ritmo de crecimiento que amenaza con
ponerlo fuera de control.
Ante estos cuatro retos del presente se
impone una primera realidad: la de que
el margen de maniobra para la poiítica
económica es reducido en el plazo inmediato
y sólo se amplia hacia el futuro. Por
consiguiente, con la decisión de utilizar al
máximo ese margen en la dirección que
marca nuestro programa, la confianza en
las soluciones posibles se apoya fundamentalmente
en tareas y reformas que
emprenderemos desde ahora, pero cuyos
frutos sólo se recogerán a más largo plazo.
Esta es la realidad, puesto que la crisis
económica internacional. que contrasta
con la expansión de los años sesenta, no
desaparecerá del horizonte tan pronto como
habían venido anunciando algunas voces
que ignoraban la profundidad de los
desequilibrios que nos han atenazado.
Entre los desequilibrios mencionados, sin
duda el más doloroso, desde el punto de
vista humano, es el ael paro. No intentemos
disfrazar su crudeza con el termino
menos agresivo de "desempleo". Nuestro
deber es vivir el paro como el drama de
cada hombre o cada mujer que desea trabajar
sin conse$uirlo; vivirlo como una serie
interminable 9 días de frustración y
de desesperanza, porque no se trata sólo
de un problema económico que se pudiera
aliviar sustancialmente con un subsidio;
el paro ataca a las raíces más profundas
del ser humano, socava la energfa moral
y la confianza, debilita el espíritu de participación
ciudadana, lleva a cuestionar la
solidaridad social. No podemos resignarnos
a que el joven aprendiz o el universitario
repitan lo que está en trance de convertirse
en una frase hecha: "estamos estudiando
para el paro". Porque eso les lleva
a la desilusión, al rechazo del sistema y a
la rebeldía; como tampoco podemos aceptar
que hombres y mujeres'maduros y responsables
sientan herida su dignidad por
el despido, como si no fueran capaces de
trabajar para atender las necesidades de
los suyos, como si no tuvieran nada que
ofrecer para contribuir con su esfuerzo al
progreso de todos.
El paro es un castigo moral inmerecido,
ademh del castigo material que impone la
penuria a quienes lo sufren. Y el hecho de
que sea una plaga prácticamente mundial,
agravada en España en comparación con
los paises desarrollados, no nos dispensa
de combatirlo tenazmente.
En esa lucha prioritaria emplearemos todos
los instrumentos disponibles, todos los
esfuerzos, desde la inversión creadora de
empleo hasta la modificación y reducción
de horarios; desde los reajustes de técnicas
y de sectores hasta apoyos públicos a contratos
para los sectores que encuentran
más dificultad para acceder a un empleo;
desde la ayuda a la readaptación de los
trabajadores a nuevas tareas, hasta la aplicación
de estos medios en el campo de la
empresa privada como en el sector público,
en la agricultura como en la industria,
en la construcción como en los servicios,
en el terreno de la educación para nuevas
profesiones como en el de la exportación
a mercados extranjeros.
No perderemos la menor oportunidad
para crear trabajo. Cuando sea inevitable
sectorial o temporalmente el paro, pondre
mos en juego la solidaridad de todos para
no colocar en una situación de desamparo
y de miseria insostenible a quienes se vea11
reducidos a él, de la misma manera que
combatiremos el fraude 1abora.I con todas
sus formas de picaresca que degradan a
quienes se ven implicados en ellas, va sea11
trabajadores o empresarios. Esa picaresca,
como el fraude fiscal, la evasión de capitales
y otras formas de delitos relacionados
con la actividad económica, serán
perseguidos con el rigor a que obliga la
ley y con la dureza que merecen las actitudes
punibles de egoísmo insolidario.
Las acciones que se requieren no puedsri
ser obra solamente del Gobierno, sino que
exigen un cambio en la actitud de toda la
colectividad. Nadie piense tampoco que el
paro va a reducirse entregando la tarea
de solucionarlo solamente a los mecanismos
automáticos del mercado. Estos automatismos
nos llevarían más bien a un
enorme aumento de la desigualdad social,
a la descomposición social de un egoísta
"sálvese quien pueda".
Por eso he querido subrayar la gravedad
del drama humano que constituye el
paro, y por eso convoco a todos los que
sientan este problema a la imaginación y
al esfuerzo en torno a una decidida política
cuyo objetivo se cifra -como consta en
nuestro programa- en la creación de
800.000 empleos netos en cuatro años. No
ignoro que este objetivo de empleo ha sido
tachado de ambicioso por nuestros críticos,
pero debe recordarse que el Acuerdo
Nacional de Empleo para 1982 se propuso
la creación de 350.000 empleos en un año,
que compensasen una destrucción equivalente,
y fue considerado como un métcdo
realista de afrontar el problema del paro.
Consideramos, pues, posible invertir la
tendencia anterior, frenando primero el
crecimiento de la tasa de paro y rediiciéndola
luego, en años sucesivos, hasta niveles
próximos a los de los países desarrollados
de la OCDE.
El segundo desequilibrio grave quc nos
afecta es el de la inflación, que algunos
prefieren considerar en primer 1uga.r. ?or
nuestra parte, sabemos que este problsma
y el del paro se entrelazan, dentro de la
interdependencia general de las disfunciones
económicas. Conocemos también las
dañosas repercusiones de la inflación sobre
los propósitos de ahorro, las iniciativas
de inversión, sobre la balanza de pagos
o sobre el valor de la moneda. Ahora
bien, desde nuestra perspectiva, la inflarión
es, para expresarlo con palabras sencillas,
el problema de quienes ven decaer
el poder adquisitivo de sus recursos monetarios,
mientras que el drama del paro
empieza por no poder siquiera obtener esos
recursos.
Dicho esto, es claro que la inflación reclama
una política tan decidida y enérgica
como la lucha contra el paro, combatiéndola
con el empleo de una política monetaria
rigurosa, así como con todos los restantes
instrumentos disponibles, y, entre
ellos, muy principalmente, mediante acuerdos
responsables entre las fuerzas sociales
que han demostrado ser indispensables.
Nuestro objetivo para el año próximo es
reducir en tres puntos la tasa de inflación
respecto a la de 1982, y con ese fin actuaremos
también decididamente para frenar
PI crecimiento del déficit público, hacer
una política monetaria ajustada y propiciar
los acuerdos sociales necesarios, según
se especifica en nuestro programa.
Nos proponemos un objetivo del crecimientos
del Producto Interior Bruto del orden
del 2,5 por ciento para 1983, sin sobrepasar
una inflación en el entorno del 12
por ciento.
La expansión de las disponibilidades 1í-
quídas se ajustará en el año próximo a una
cifra alrededor del 13 por ciento, para permitir,
con la evolución prevista de otros
factores de liquidez, la consecución de los
objetivos anteriores. Ello supondrA un notable
esfuerzo para la economía española,
en un contexto internacional desfavorable,
pues las previsiones para 1983, recientemente
realizadas por la OCDE para los paí-
ses de nuestra área, prevén un crecimiento
cero y un aumento del paro en el pró-
ximo año, y sólo en años posteriores podremos
aprovechar impulsos internacionales
positivos, gracias a la probable estabilidad
de los precios del petróleo, a la
consecución de éxitos en la lucha contra
la inflación y a una política financiera de
las grandes potencias menos egoísta y más
responsable que la que actualmente contemplamos.
Ahora bien, como en el caso del paro,
también en la lucha contra la inflación es
indispensable la participación de todos los
ciudadanos, en el sentido de aceptar la necesidad
de un mayor esfuerzo de ahorro y
de inversiones y de refrenar toda tentación
hacia una carrera irresponsable de
expansión del consumo, que no estaría
adaptada a las presentes circunstancias de
la economía española ni de la mundial.
Por su parte, la balanza de pagos, como
resultante de la actividad nacional y de
sus intercambios con el exterior, constituye,
sin duda, el frente de acción más condicionado
por el marco circundante. De un
lado, porque su déficit depende en buena
parte de desarrollos exteriores de los mercados
mundiales que escapan a nuestro
control; de otro, porque la corrección a fondo
de sus problemas subyacentes depende
de evoluciones internas que requieren un
plazo más largo. Sería excesivo detallar
aquí estos factores y, por otra parte, la CDrrección
de otros desequilibrios -mayor
ahorro interno, éxito contra la inflación,
aumento de la competitividad por reducción
de costes, expansión monetaria ajustada,
etc.- incidirá favorablemente reduciendo
el déficit exterior.
Otro desequilibrio fundamental es el del
déficit del sector público, cuyo crecimiento
aspiramos primero a frenar y, en años
sucesivos, a reducir, al tiempo que reestructuramos
el gasto público; queremos inclinarlo
más en el sentido de la inversión
y de las transferencias constructivas. Afortunadamente,
disponemos de más palancas
de control en nuestras manos para abordar
este problema que en el caso anterior,
sobre todo si una actitud general de austeridad,
de trabajo y de rendimiento reduce
la inaceptable costumbre de paliar por
la via de las subvenciones u otras ayudas
públicas los problemas que no se han sabido
o no se ha tenido voluntad política de
atacar en sus causas profundas. En cualquier
caso, la actitud de ampliar el déficit
público con negligencia, financiándolo de
manera inflacionista, lejos de ser una panacea
que resuelve los problemas, es una
grave irresponsabilidad, que golpaa a los
sectores más débiles, y, por consiguiente,
se debe preferir de modo más riguroso y
sorrecto la financiación a través de los invesos
públicos claramente planeados, de
los gastos considerados socialmente neceiarios
o convenientes.
Por otro lado, los desajustes y disfunciones
acumulados en el sector público ofre-
- 34 -
CONGRESO 30 DE NOVIEMBRE Dü lQ82.-NITM. 3
cen, sin duda, un campo muy amplio para
actuar con rigor, con el fin de conseguir
el máximo rendimiento de los caudales
que aporta al Estado el pueblo entero. Queremos
acometer inmediatamente las reformas
institucionales necesarias para mejorar
el rendimiento de la Administración en
todos sus aspectos y para conseguir que el
control del gasto no sea meramente formal,
sino capaz de comprobar que se aprovechan
eficazmente los recursos puestos a
disposición del Estado.
Sobre este objetivo -el de potenciar la
eficacia administrativa como instrumento
al servicio del pueblw volveré antes de
concluir, porque es ahí donde podemos y
debemos ejercer la mayor presión reformadora,
con el fin de que el sector público sirva
de ejemplo en cuanto a austeridad, correcta
actuación y eficacia. Presión que
tiene la obligación paralela de ejercerse
contra el fraude fiscal, que es una de las
expresiones más daÍiinas y lamentables de
la insolidaridad de unos españoles respecto
a otros, y de la irresponsabilidad de quienes
se niegan a asumir la parte que les toca
en el sacrificio colectivo.
Rara exponer con profundidad nuestras
ideas sobre todo ello, nos brindará la ocasión
oportuna el debate sobre los Presupuestos
Generales del Estado para 1983.
Cabe anticipar que la perspectiva con que
contemplamos el gasto público hará de este
cambio una de las armas más eficaces
para combatir La injusticia, al tiempo que
promoverá el progreso económico. No debe
interpretarse esta última afirmación como
una orientación intervencionista que menosprecie
la iniciativa privada o exagere
la confianza en las potencialidades del sector
público. Concebimos el sector público
mucho más que como un estímulo para el
conjunto que como un elemento suplantador
de las iniciativas swiales, además de
como un procedimiento de asignación de
recursos de la máxima importancia por sus
funciones redistribuidoras, indispensables
para corregir las desiguaidades que subsisten
en nuestro país. Desigualdades contra
las que vamos a seguir luchando los sodrir
lis- donde quiera que se presenten, ya
SR en los ámbitos de la educación, de la
cultura, en el ejercicio del trabajo o en las
lacerantes situaciones de sectores marginados
y menospreciados. A este respecto
el sector público, además de una palanca
básica para estimular y apoyar iniciativas
prioritarias, tiene la posibilidad de ofrecer
una gama de servicios sociales que son hoy
irrenunciables en todos los países avanzados.
Ello no contradice el que en un sistema
económico como el español sea el sector
privado el que en medida decisiva determine
el volumen de los bienes y servicios
producidos, de la inversión y del empleo,
y así lo hemos declarado expresamente en
nuestro programa electoral. Por ello, nuestra
política económica estimulará tanto como
pueda todas las iniciativas creadoras,
con facilidades adiciomles para aquellas
empresas de dimensión modesta, que por
ello encuentran más dificultades para ser
atendidag por los intermediarios financieros
o para exportar hacia los mercados exteriores.
Podría parecer indicado ahora, concluidas
las anteriores definiciones sobre el enfoque
con que vamos a abordar los pre
blemas básicos, descender a particularidades
sectoriales muy variadas, desde los
problemas concretos de un cierto número
de empresas en crisis hasta la profunda
reconversión exigida por los sectores industriales
golpeados por esta misma crisis,
o desde las dificultades con que se encuentra
el sector de la pesca, hasta los males
tradicionales de una agricultura que, junto
con problemas meramente tecnicoa,
plantea problemas sociales para hacer
frente a bolsas de paro dramáticas y clama
por una política capaz de hacer bbitables
con dignidad extensa áreas rurales de
nuestro país. Habria que enumerar el esfuerzo
para intensificar el ahorro de energía
practicando una política realista de
precios y preparando nuestras industrias
para competir con potentes empresas de
los países de nuestro entorno; la consecución
de un sistema financiero más eficaz
y capaz de atender flexiblemente a las necesidades
de crédito a medio y largo plazo
de nuestra economía; habrfa, que hablar de
cómo se dota al país de una infraestructu-
CONGRESO
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30 DE NOVIEMBRE DE 1982.-NÚ. 3
ra suficiente de viviendas, obras públicas,
transportes y comunicaciones; pero =tos y
otros muchos aspectos parciales no añadirían
nada a lo ya conocido de nuestro programa
y alargarían mi exposición excesivamente,
por lo que es preferible dejarlos
para el debate posterior, en el que sin duda
se pueden plantear las cuestiones concretas
que interesen a esta Cámara.
Por eso me limitaré a precisar que nuestro
proyecto político inmediato se inserta
en una perspectiva temporal más dilatada
en el tratcwniento de los problemas fundamentales.
Porque debe estar claro para
todos que ni la salida definitiva de la crisis,
ni una mejora sustancial en la eficacia
de nuestro aparato productivo o en el
cambio de los comportamientos económicos
pueden obtenerse con rapidez, sino que
exigen, por el contrario, una continuada
persistencia en el progreso de los objetivos
definidos.
La articulación de las medidas económicas,
a lo largo del tiempo y entre si, tiene
una importancia grande para reforzar su
eficacia gracias a una cronología calculada
y para conseguir una evolución armónica
que reduzca al mínimo las perturbaciones
inherentes a toda reforma. Con
el establecimiento de un proceso de planificación
acordado, no impuesto, que hemos
previsto en el programa presentado ante
el país. se fijará la evolución posible y deseable
de los grandes objetivos macrmonómicos,
que muestren la manera de superar
nuestros problemas actuales. De ese
modo se reducirán incertidumbres empresariales,
se facilitará la toma de decisie
nes públicas y privadas y se aumentar& la
coherencia entre ellas. Esa planificación
debe permitir ensamblar el conjunto de la
política económica del Gobierno, aumentado
la garantía de conseguir los resultados
pretendidos.
Nos encontramos, en suma, con un panorama
económico ciertamente diffcil. Fero
también es cierto que afrontaremos los
problemas con el respaldo de la mayoría
política de que disponemos y que quizá no
tenga parangón histórico en nuestro país
por su significado y por su amplitud.
No hay caminos fáciles hacia la solución
de nuestros problemas. No hay si no
el esfuerzo, el trabajo, la necesidad de actitudes
responsables, de tenacidad. Pero
las soluciones existen y pueden alcanzarse
por la acción conjunta de la mayoría
del pueblo, en apoyo de una política económica
razonablemente concebida y bien
instrumentada, de una política que sea capaz
de acelerar nuestro avance hacia una
modernidad, con la doble vertiente de la
justicia social y del bienestar material, que
nos ha venido siendo negada en nuestra
historia reciente.
Por lo que respecta al vasto campo de la
política social -segundo de los problemas
niencionados-, no necesito indicar, después
de las palabras introductoria8, que es
en él donde buscamos principalmente los
resultados derivados de la acciones en las
otras áreas. Nuestra preocupación ea el
pueblo y nuestro objetivo es conseguir que
el crecimiento económico sea de todos y
para todos, porque de lo contrario sería
injusto apelar a la solidaridad, que constantemente
estamos demandando como
condición necesaria para el resurgimiento.
Por eso de la mejora de la gestión de la
Seguridad Social en general y de los distintos
tipos de prestaciones haremos objeto
de una consideración especial, según
lo previsto por nuestro Programa Electoral.
Muy concremente, el mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones será
garantizado mediante una Ley de Revale
rización Automática de las mismas. Se
crearán también mecanismos institucionales
y no solamente económicos para el establecimiento
de un marco democrático de
relaciones laborales y se tenderti al mantenimiento
del poder adquisitivo de 1 rentas
salariales.
Se contribuirá así a reducir las tensiones
de toda negociación, y el trabajador y
la empresa podrán plantear sus problemas
y adoptar sus previsiones máa racionalmente.
Antes de pasar a otros aspectos de este
sector quiero insistir en la consideracde
tres grupos humanos merecedores de un
trato especial: los jóvenes, que serán apoyados
mediante programas de empleo juvenil,
contratos de relevo y otras medidas:
la llamada "tercera edad, sobre la que proyectaremos
una cartilla sanitaria especial
de servicios geriátricos adecuados, entre
otras ventajas, y la mujer, cuya persistente
discriminación debe ser cada vez más
corregida por razones de justicia.
Como he dicho en diversas ocasiones, la
dignidad de una nación se mide por el trato
que otorga a los sectores sociales marginados,
como los minusválidos, los presos,
las personas sin ingresos de ningún
tipo, los grupos étnicos separados secularmente,
como los gitanos, etc. Pese a la dificultad
de la situación económica que acabo
de describir, iremos sentando las bases
para integrarlos en la sociedad.
La política sanitaria estará basada en la
promoción de la salud, la prevención individual
y colectiva, 1% atención primaria,
la asistencia eficiente y la reinserción social
del enfermo.
De todos modos, los aspectos sanitarios
atienden a una situación de enfermedad
que con frecuencia sufre previamente la
incidencia del género de vida. La vivienda,
el medio ambiente, la educación o el lugar
de residencia, entre otros muchos factores,
repercuten sobre la salud, además de figurar
entre las necesidades básicas cuya
atención resulta indispensable.
En lo que respecta a la vivienda, la política
prevista supone la creación de una
infraestructura suficiente, capaz de gene.
rar las condiciones necesarias para la actividad
constructora, junto con una serie
de mejoras, sobre todo en las financiaciones
de compra, así como la promoción pú-
blica para el alquiler. Sin embargo, en este
campo como en otros, quisiéramos llevar
al terrenos de los hechos la aplicación de
nuevas ideas Y la reducción de costes mediante
planeamientos Y diseños adecuados,
que muchas veces son ya conocidos por los
técnicos, pero cuya aplicación se ve retrasada
por los intereses especulativos, desde
la9 condiciones iuridicas de la propiedad
del suelo hfists las defectuosas resulaciones
urbanísticas. Introducir las modificaciones
precisas para eliminar trabas a la
olítica de la vivienda serh un aspecto imDort.ante
de la reforma administrativa.
El medio ambiente es un componente vital
de la existencia humana y su degradación
irresponsable no sólo se traduce en
perturbaciones sanitarias o psíquicas, sino
que, al ser afectado por agresiones destructoras,
reduce la calidad de la vida.
La creciente protesta de los ecologistas,
perceptible en todas partes, especialmente
en los países industrializados, responde a
esa sensibilidad humana hacia su entorno
y evidencia la necesidad de adoptar medidas
como las que hemos visto en nuestro
programa.
De todas maneras el enfoque y la solución
de los problemas del bienestar tienen
que empezar en cada uno de nosotros mediante
el enriquecimiento de las posibilidades
individuales por la vía de la educación
y de la cultura. Más que en las compensaciones
económicas, e incluso en los
servicios sociales colectivos, es en este wmPO
de la formación donde se encuentra la
clave del progreso social.
La educación aumenta la igualdad de
oportunidades al fomentar las capacidades
individuales y, por tanto, el desempeño de
tareas más idóneas. Además, el ejercicio de
la libertad ciudadana sólo se alcanza plenamente
con una educación que nos instruya
sobre nuestros derechos y sobre los
medios de reclamarlos al mismo tiempo
que nos inspire el respeto hacia los derechos
de los demás. Por otra parte, la riqueza
cultural aumenta el gozo que pueda
suministrar el disfrute de servicios públicos
de este tipo o incluso del ambiente
mismo. Y sobre todo, sin propósito de agotar
el tema, recordaré tan sólo que el pre
ceso social es obra de los hombres, que
son los hombres los que hacen la historia.
Todo ello explica el hecho de que la educación
y la cultura sean piezas claves de
nuestra futura tarea de Gobierno, a fin de
conseguir la "democracia avanzada" propugnada
en nuestra Constitución. Para
ello el texto constituyente establece derechos
tales COMO la libertad de expresión,
la superación de las discriminaciones socioeconómicas
o la igualdad de oportunidades
ante la cultura, como instrumentos
decisivos para el pleno desarrollo de la personalidad.
Dicho más brevemente, la transforma
ción de España y su progreso exigen una
extraordinaria acción educativa y cultural,
porque el retraso en ese campo sigue siendo
enormemente considerable. Desarrollar
el sistema educativo español para cubrir
esas diferencias es no sólo un mandato
constitucional, sino una obligación de todos.
Importa notar que las deficiencias no son
sólo cuantitativas, sino cualitativas. La afición
en el pasado a estadísticas que medían
el progreso en este campo por la multiplicación
de centros, de puestos escolares
o indiadores análogos, ha de complementarse
con un examen más atento de la
realidad, considerando también los métodos
educativos, los programas, la participación
de los padres y de los profesores y,
sobre todo, el contenido mismo y las orientaciones
de la educación.
Por otro lado, no se trata sólo de incrementar
y mejorar en general, sino también
de contribuir una vez más a la equidad y
a la justicia. Persisten en España profundas
diferencias entre clases y sectores en
cuanto a los niveles educativos avanzados
y, lo que es más penoso, esas diferencias
se transmiten de padres a hijos. Ectudios
realizados entre nosotros permiten afirmar
que los hijos de cuadros superiores han tenido
veintiocho veces más oportunidades
de llegar a la Universidad que los hijos de
los trabajadores modestos. Nuestra política
educativa tenderá, como en todos los
países democráticos, a nivelar las oportunidades.
Dentro de la educación es imperativo sacar
a la Universidad de la crisis y de la
postración en que se encuentra actualmente,
rehabilitándola ante sí misma y ante la
sociedad, porque de ella emana el vigor y
la autenticidad educativa hacia los escalones
precedentes de la enseñanza. La gran
mayoría de la comunidad universitaria desea
realizar ese esfuerzo de moralización
y reclama hace tiempo un marco institucional
que se lo permita hacer. Con ese
fin, el Gobierno presentará un nuevo proyecto
de Ley de Autonomía Universitaria
en un plazo prudente, para dar a la Universidad
una real autonomía de gestión,
función y gobierno.
Por otro lado, se corregirán las discriminaciones
geográficas y culturales, contrarias
al acceso a la Universidad, mediante
becas y programas especiales, así como
por medio de fónnulaa nuevas en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
Relacionada con la Universidad se encuentra
una dirección tan decisiva para el
progreso como la política científica y de
investigación. No es posible seguir manteniendo
por más tiempo un estancamiento
científico y técnico que frena el progreso
económico y el desarrollo humano. Es preciso
insertar la investigación en la saciedad
española, impulsando una ciencia al
servicio del hombre y de la calidad de la
vida, para caminar hacia un modelo de
desarrollo diferente.
Para ello se incrementará sustancialmente
el presupuesto para la investigación,
concentrándolo en inversiones estratégicas,
No basta, sin embargo, el mero aumento
del gasto, sino que es preciso encauzarlo
mediante una seria reforma institucional,
asegurando una coordinación
que evite duplicar esfuerzos, elaborando
un presupuesto único y suprimiendo las
trabas burocráticas contra la capacidad
creadora.
Me he extendido en los aspectos educativos
porque en ellos está la clave a largo
plazo del futuro de España. La educación
Zonstituye, como ninguna otra actividad, la
garantía del progreso de los hombres mismos,
que es el objetivo central de todos
nuestros afanes al que se someten todas
las demás líneas de accidn política. Pero
!a educacion no es en sí misma más que
ma parte de la cultura, a cuyo servicio,
zonservación y perfeccionamiento se enxentra.
La cultura encarna nuestra conzepción
del mundo, nuestra escala de vaores
y nuestro sentido de la vida, y si bien
m los terrenos de la investigación y de Ia
:iencia hemos de lamentar haber retroceiido
respecto a nuestro puesto relativo del
>asado, en cambio nuestra cultura ha lovado
mantener, pese a negligencias y terciversaciones,
unos valores humanos tan
dtos como los que pueden ofrecer otros
tmbitos culturales en el mundo. Esta es
verdad especialmente en las menifestaciones
más profundas de la vida popular, que
el arte o la literatura han sabido recoger
y que hemos de preservar como las raí-
ces mismas de nuestra personalidad y como
la fuente de donde bro- los impulsos
más nobles y enérgicos para la creación
artística y literaria. En esa misma dirección,
el proceso autonómico ayudará a
sostener y fomentar las diversidades culturales
que enriquecen con su variedad
nuestro escenario vital.
Desde este punto de vista es importante
reaccionar positivamente contra los efectos
colonizadores derivados del proceso tecnológico
de los medios de difusión cultural.
El adelanto logrado por otros países
tiende a imponer sus costumbres, sus vocabularios
y sus valoraciones entre los
pueblos donde se ha debilitado la producción
propia. Eso se hace más evidente aun
cuando los medios técnicos salvan fácilmente
las fronteras por su propia naturaleza,
y el caso de la radio y de la televisión
lo pone de manifiesto con elocuencia.
Es innecesario añadir que los demás medios
serán objeto de la misma atención,
como el cine o el teatro, la difusión impresa,
las manifestaciones plásticas, la actividad
musical y, en general, todas las formas
en que se plasma la personalidad de
un pueblo y en que puede cada uno experimentar
el goce artístico.
Al mismo tiempo, el deporte y la educación
física complementarhn debidamente
esa realización personal, lograda mediante
el acceso de todos a la cultura,, porque
al facilitar ese acceso estamos multiplicando
las fuentes de satisfacción personai,
al mismo tiempo que estamos creando
ciudadanos responsables y más capaces
de participar en la construcción de un
futuro esperanzaüor.
En el amplio espectro que abarca el aná-
lisis de los problemas de la sociedad, ocupa
un lugar, que he destacado desde el ce
mienzo de mi intervención: la seguridad
como garantía de la libertad.
El Gobierno cumplirá y hará cumplir la
ley. No permitiremos ninguna actuación
gl margen de la Constitución y los que
piensen que pueden violentarla encontrarán
una respuesta rigurosa por nuestra
Parte.
Estamos convencidos de que nuestra
Constitución permite a todos los ciudadanos
pacíficos ejercer sus derechos individuales
o colectivos, expresar sus ideas con
libertad. No hay, pues, explicación alguna
para las actitudes violentas.
Desde el llamamiento a todos, Grupos
Parlamentarios y ciudadanos, para que
contribuyan a mejorar la seguridad ciuhdana
y la convivencia en paz, queremos
asegurarles que ni el terror, ni el chantaje,
ni los intentos involucionistas, desviarán
la decisión del Gobierno de cumplir la
Constitución. El 28 de octubre ha supuesto
la más importante derrota, mor4 para loe
que desean suplantar por la fuerza la ve
luntad de los ciudadanos.
Ese objetivo nos ilevará a dedicarnos
muy especialmente a la mejora profesional
de los Cuerpos de Seguridad para incrementar
su eficacia y ampliar su vinculación
a las aspiraciones y expectativas de
todo nuestro pueblo. Con estos medios humanos,
que han demwtrado ya su espíritu
de sacrificio y su afán de superación, lucharemos
contra la violencia para asentar
de modo inconmovible la paz y la tranquilidad.
Somw muy conscientes de que con
ese clima seria más fácil resolver los demás
problemas de la vida nacional.
Por eso, apelaremos con vigor a la ne
ceaaria cooperación internacional en la tarea
de erradicar 01 terrorismo.
La seguridad ciudadana y la libertad requieren
no sólo disponer de unas fuerzas
adecuadaa contra la violencia desestabilizadora.
sino, además, disponer de una organización
de la justicia a la altura de su
misión, una organización que, una vez
más, coloca a los miembros de esa Administración
que, en su inmensa mayoría,
son capaces de desempeñar sus funciones
con celo y competencia en una situación
de frustración por la estructura en la que
están insertos, así como por la falta de medios,
que son las causaa fundamentales de
las deficiencias3 actuales. Nos proponemos
introducir las reformas procesales y de te
do tipo para agilizar la maquinaria judicial,
evitando innecesarias e injustas acu-
- 39 -
CONGRESO 30 DE NOVIEMBRE DE 1982.-NUM. 3
mulaciones en las cárceles, mejorando la
situación de los internos y garantizando a
los ciudadanos una satisfactoria Administración
de justicia, que implique la gratuidad
de las tasas judiciales como un elemento
más de igualdad social.
En esta línea, y para concluir con este
tema, se inserta nuestra decisión de establecer
cuanto antes la figura constitucich
nal del Defensor del Pueblo, cuya actuación
se ha retrasado hasta ahora y que para
nosotros es complemento indispensable
de la justicia al poner al alcance del ciudadano
unos cauces más inmediatos para
hacer oír sus agravios y para elevarlos a
los centros de gestión donde puedan estudiarse
y darles solución.
Pero no es sólo la justicia, sino toda la
Administración la que requiere serias reformas,
y con ello quiero abordar la tercera
de las áreas planteadas. Reformas para
librar a la Administración de trabas heredadas,
de procedimientos anticuados y
de corruptelas poco tolerables, a fin de que
se convierta en un eficaz ejemplo de servicio.
Ya en otro pasaje de esta exposición
he insistido en la tramendental importancia
de una maquinaria administrativa capaz
de ser la columna vertebral del sector
público.
La competencia profesional, el espíritu
de servicio y la ética han de erigirse, por
todos los medios, en los principios inspiradores
de los organismos públicos. Solamente
con un instrumento que responda a los
propósitos y a los fines del Gobierno llegarán
a ser reaiidad nuestros proyectos
de austeridad, de rentabilidad del gasto pú-
blico y de eficacia en la promoción de las
actividades nacionales.
Ligados a los proyectos legales que desarrollan
la mejora de la función pública
se encuentra una ley ya prevista de Reforma
del Gasto Público. Anticipándonos a
ello, nos proponemos congelar en el Presupuesto
cie* partidas de gastos, espg
cialmente en algunas compras y transferencias,
exigiendo a todos los Entes mí-
blicos una justificación rigurosa al solicitar
créditos extraordinarios para sus necesidades.
Las Oficinas Presupuestarias de
cada, Ministerio serán potenciadas para
cumplir eficazmente su misión, en cooperación
con los Servicios Centrales de Hacienda.
La austeridad y el rigor en el empleo de
los caudales públicos será así un criterio
tajantemente exigido.
Las reformas de la Administración no
se circunscriben sólo a las ramas fiscdes
o financieras, sino que han de alcanzar a
todas ellas. Estamos firmemente persuadidos
de que parte de los defectos que hoy
pueden parecer humanos no se deben a
fallos personales, sino a la desmoralización
producida en el funcionario al verse
forzaúo a actuar en un sistema defectuoso.
La gran mayoría de loa empleados pú-
blicos prefiere sin duda, formar parte de
un sistema que realce su propia dignidad
y que merezca la más alta estimación de
nuestro pueblo.
La necesaria moralización de la función
pública tendrá su primera expresión en
un inmediato proyecto-de Ley de Incompatibilidades,
que por vía ejemplificadora
concretará sus primeros criterios sobre Diputados,
Senadores y altos cargos de la Administración.
Esa labor de reforma y saneamiento, imprescindible
para alcanzar todos los demás
3bjetivos, ha de articularse con la culminación
del proceso autonómico, al aprobarje
cuanto antes los Estatutos de las cuatro
Zomunidades Autónomas pendientes. En
3ste aspecto, cuya regulación tiene por obeto
vitalizar la pluralidad dentro de la unilad
integradora, afirmo nuestro comproniso
de alcanzar el máximo constitucional
3n las competencias fija por los respecivos
Estatutos.
Con los Acuerdos Autonómicos, y una
rez aprobada los Estatutos pendientes, haremos
puesto las bases para que el pre
:eso autonómico se produzca de modo orienadu,
objetivo y solidario.
Queda, no obstante, una gran tarea peniiente:
no basta con transferir competen-
:ias, funcionarios y recursos; durante el
)róximo período legislativo hará fdta, so-
)re todo, culminar la construcción del Esado
de las autonomías, a través principalnente
del desarrollo legislativo del artícuo
149, 1, de la Constitución
Entramos así en una especie de segunda
fase del proceso autonómico, en la cual u1
positivo desarrollo de cada autonomía ha
de conciliarse con la construcción del Estado
de todos. En este sentido resultarán
decisivas leyes tales como las Bases del
Estatuto de la Función Pública, la Ley del
Procedimiento Administrativo Común, las
Bases del -gimen Presupuestario, Financiero
y Contable, las Bases de la Contratación
Administrativa, la Legislación de Responsabilidades
de las Administraciones y
de sus Autoridades, Funcionarios y Agentes,
la Legislación sobre el Dominio Público
y el Patrimonio ... Estas leyes tienen una unidad sistemá-
tica. Su conjunto va a definir el nuevo modelo
de Administración pública y todas
ellas deberían responder a una misma ló-
gica e impulso. Son, además, leyes "constitucionales"
o de aquellas que sirvan para
enmarcar el juego de los partidos en lugar
de ser el fruto del mismo. Por ello deberían
ser leyes producidas por el acuerdo más
amplio posible entre las fuerzas parlamentarias.
En este sentido, el Gobierno propondrá
a todas las fuerzas políticas parlamentarias
la elaboración de un amplio acuerdo
inctitucional sobre los puntos claves o ejes
vertebradores de este conjunto de leyes.
El texto de estos acuerdos, y el de los votos
particulares a los mismos, servirá de
base para la elaboración de los correspondientes
proyectos o proposiciones de ley y
de sus enmiendas, así como de marco para
el correspondiente debate parlamentario.
Entendemos que este momento de cambio
esperanzado resulta propicio para la
negociación constructiva y en ella pondremos
todo nuestro esfuerzo y nuestra buena
voluntad.
Para concluir este áreainstrumental -POro
decisiva- de la organización del Estado,
mencionaré solamente que la red de
participación con que queremos reforzar
las capacidades creadoras de los españoles
impone también la reforma y perfeccionamiento
de la Administración Local, que
permita un mas amplio desarrollo de su
propip autonomia. Con este fin nuestro
programa incluye un proyecto de ley que
modifique la vigente en materia de elecciones
locales y permita la renovación de
las actuales Corporaciones en términos de
la más adecuada representación democrá-
tica.
Con los mismos objetivos se remitir& en
el presente período de sesiones un proyecto
de Ley de Régimen Local y otro de Financiación
de las Entidades Locales, cuyas
posibilidades de acción se facilitarán más
aún gracias a un Plan ae Colaboración establecido
de acuerdo con la Federación Española
de Municipios y Provincias, sin perjuicio
de otras medidas como las transferencias
de servicios, la asistencia técnica y
la reforma del Instituto de Estudios de Administración
Local.
El resultado será completar un sistema
descentralizado de Administraciones pú-
blicas, porque de ese modo potenciaremos
la democracia y la solidaridad justamente
en las estructuras de base donde el contacto
entre los hombres es más directo,
donde se viven los problemas concretos y
donde los ciudadanos pueden sentir más
cálidamente el orgullo de la solidaridad y
los frutos de la participación.
Debo referirme ahora a la política exterior
que ha de estar estrechamente ligada
a la evolución interior, dentro de una
orientación política general. No debe haber,
en estos planos esenciales, lugar para
la improvisación, las contradicciones o la
inconsecuencia.
Dentro de esta opción básica, la actuación
exterior debe ser ajena a concepciones
partidistas, y seguir rigurosamente las
directrices de una política de Estado, atenta
E% los intereses permanentes de la nación,
tal como resulten de un consenso nacional,
si ello es posible, o, al menos, de las aspiraciones
expresadas por la gran mayoría
de nuestro pueblo.
El Gobierno emprenderá sin dilaciones
la definición y puesta en práctica de una
política exterior que refuerce el papel de
Espajia en el concierto internacional, afirme
nuestra presencia en pie de igualdad
allí donde 10s intereses nacionales estén en
juego y permitan a nuestro país contribuir
sctivamente a las grandes causas de la paz
y de la distención en el mundo. Para ello
tenemos que partir de una idea exacta de 1 ración con los Estados Unidos de América
nuestra real capacidad de acción en el , y reestudiaremos con el rigor necesario pamundo
internacional: sin jactancias y sin ra la defensa de nuestros intereses y de
complejos. Somos conscientes de nuestro
nivel real de poder e influencia en el concierto
de las naciones; conocemos también
nuestros recursos y nuestras potencialidades.
Los problemas que inevitablemente reclamarán
nuestra atención serán los de
nuestro entorno inmediato, Creemos que
es esencial fortalecer y profundizar nuestras
relaciones con los países vecinos: Portugal,
Francia y los países del Mogreb. Las
dierencias transitorias no deben hacernos
olvidar nunca la necesidad del mutuo entendimiento
y de la cooperación beneficiosa
para todos. De esa manera contribuimos
también al equilibrio de la región mediterránea,
cuya importancia en el tablero
mundial se acrecienta día tras día.
Nuestra política de vecindad encuentra
una dirección privilegiada, que citaré a
modo de excepción, en lo que se refiere a
Portugal. Sobre la base del más escrupuloso
respeto a las posiciones e intereses de
cada parte, una política española que no
colocase como una de sus principales prioridades
la amistad y la cooperación con
Portugal carecería de visión y de realismo.
No hace falta repetir nuestra vocación
europeísta, nuestra voluntad de contribuir
a una Europa de los hombres y de los pueblos.
En esa línea, trabajaremos con tesón
para allanar los obstáculos que aún se oponen
a nuestra plena integración en las Comunidades
Europeas y creemos que no será
pretencicso conseguir la adhesión dentro
del horizonte dado por la presente L.2-
gislatura.
España se encuentra inserta en el conjunto
del mundo occidental, cuyos valores
humanos fundamentales compartimos y
defendemos. Ahora bien, reclamamos
nuestro derecho y nuestro deber para determinar
libremente, en uso de nuestra soberanía,
las modalidades de la participación
que España tendrá en la política y
en la defensa de ese conjunto. Por eso, examinaremos
con toda atención los términos
de nuestra relación defensiva y de coopeiuestra
dignidad la decisión adoptada por
31 anterior Gobierno español, en relación
:on el Tratado del Atlántico Norte, manteqiendo
nuestros compromisos con el pueblo
español.
Todo ello lo haremos desde el diálogo na-
:ional e internacional que exigen estas importantes
decisiones.
En todo caso, para nosotros, tanto por
herencia histórica como por las realidades
de hoy, existe un compromiso de presencia
y de actuación decidida en el continente
iberoamericano. Con este conjunto de
naciones hermanas reforzaremos nuestros
lazos de cooperación en todos los campos,
con la convicción de que una parte muy
importante de nuestro futuro pasa por esta
cooperación histórica de aproximación.
Del mismo modo dedicaremos una atención
especial a la política del Mediterrá-
neo, con el mundo árabe y con Africa, por
su enorme potencial desde el punto de vista
político y desde el punto de vista humano.
Para ello será necesario articular los mecanismos
de cooperación, especialmente en
los campos cultural y técnico, a fin de desarrollar
una política a la vez realista y eficaz.
Por supuesto que en ésas y en todas las
áreas mundiales será una constante preocupación
del Gobierno la potenciación de
los intereses de los espaiíoles radicados en
el extranjero. No podemos olvidar a esos
millones de compatriotas tan lejanos que
trabajan y luchan cada día -a veces en
un medio difícil y hostil- ganándose la vida,
pero también proyectando en otras tierras
1 presencia de Espaiía.
Según establece la propia Constituci6n,
el Gobierno irá creando las condiciones que
permitan su retorno; y, entre tanto, redoblará
sus esfuerzos para protegerlos mediante
una adecuada gestión diplomática,
muy especialmente cuando se produzcan
violaciones graves y flagrantes de los Derechos
Humanos más elementales, como
son los casus de las desapariciones, deten
ciones arbitrarias o expulsiones injustifi.
Cadas.
El Gobierno reafirmará con todo vigor
la reivindicación de Gibraltar, cuya actual
situación colonial atenta a la integridad
del territorio nacional y menoscaba la posición
internacional y estrathgica de Espa-
ña. Consecuentemente, el Gobierno mantiene
el propósito de reintegrar Gibraltar
al territorio nacional mediante negociacie
nescon el Reino Unido que cond
