MADRID, 1 Mar. (EDIZIONES) -
Señor Presidente, señoras y señores
diputados, en cumplimiento del mandato constitucional
subo a la tribuna para solicitar el voto favorable de
la Cámara a la investidura.
La primera consideración que deseo hacer, a la vista de
las resoluciones judiciales sobre el proceso electoral, es
que considero que la situación, desde el punto de vista político,
debe estimarse como de provisionalidad. No hay
ninguna consideración jurídico-constitucional que permita
alterar el proceso de toma de decisiones de esta Cámara
y, por consiguiente, el procedimiento para llegar a la
investidura. Pero ninguna consideración, desde el punto
de vista político, sobre las relaciones de mayorías o de minorías,
debe ocultar el hecho de esta situación de relativa
provisionalidad. Primera consideración, pues.
Segunda consideración, y en función o derivada de ésta,
es que pediré a la cámara, cuando se haya aclarado definitivamente
el resultado electoral, la confianza como Presidente
del Gobierno.
En tercer lugar, debería añadir que en la situación actual
ni puede ni debe interrumpirse la tarea de gobierno.
Por consiguiente, se justifica plenamente la realización
del acto que celebramos hoy y la asunción de responsabilidades,
si la mayoría de la Cámara apoya o aprueba la
investidura.
En esta circunstancia, voy a limitar mi intervención a
exponer las líneas generales del proyecto que estimo necesario
desarrollar en los próximos cuatro años: a analizar
también el cuadro de referencia, es decir, las condiciones
internas y las condiciones externas en que va a desarrollarse
durante este período, y a tomar posición so-
-
bre alguna de las prioridades básicas para su realización.
Es obvio que el programa electoral del Partido, como el
de todos los partidos, ha sido ampliamente difundido durante
la campaña electoral y sería absurdo que reiterara
ante la Cámara sus contenidos pormenorizadamente. Y es
obvio también, pero conviene recordarlo, que el Gobierno
que pueda formar respetará y aplicará estrictamente
el contenido de ese programa que, en definitiva, es el compromiso
entre los electores que ha depositado su confianza
en el Partido Socialista y los responsables políticos del
propio Partido Socialista. En este caso, entre los electores
y el candidato a la Presidencia del Gobierno.
En primer lugar, ¿qué proyecto estimo necesario para
nuestro país en los próximos años?
Querría recordarles que la primera etapa del gobierno
socialista se caracterizó por la lucha contra una grave crisis
económica; por una política de saneamiento y de reconversión;
por la superación de algunas amenazas que
pesaban todavía sobre el sistema dremocrático, tratando
de conseguir estabilidad; por la puesta en marcha, en su
conjunto, del Estado de las Autonomías, y por la definición
de nuestra posición en el mundo, a través de la culminación
del período de negociación con la Comunidad y
en la fijación de nuestra participación en la Alianza.
En la etapa siguiente iniciamos la recuperación econó-
mica, con una tasa de crecimiento que ha permitido generar
empleo a un ritmo importante y ha permitido también
aumentar el esfuerzo en política social y en infraestructura.
Asimismo, hemos comenzado en esa etapa nuestra
adaptación a la Comunidad y asumido unánimemente
en las Cámaras el Acta Unica; se ha normalizado, por
consiguiente, nuestra participación en el funcionamiento
de las instituciones europeas y occidentales.
El Estado de las Autonomías se ha hecho una realidad
en funcionamiento, aunque haya que seguir avanzando.
(Qué pretenderíamos hacer en la tercera etapa? en primer
lugar, pretenderíamos mantener una tasa de crecimiento
con equilibrio, por encima de la media comunitaria,
como un instrumento -repito, como un instrument-
necesario para que nuestra economía se adapte a los
desafíos que tiene planteados en 1992: Acta Unica y culminación,
en lo fundamental, del período de adhesión previsto
en el Tratado. En segundo lugar -pero no en el orden
de las prioridades-, para conseguir que siga incrementándose
la tasa de empleo en nuestro país y, por consiguiente,
reduciendo las cifras de paro. En tercer lugar,
para aumentar nuestra capacidad de hacer una política
social que reequilibre las desigualdades que existen en la
sociedad española. En cuarto lugar, para mejorar los servicios
y aumentar el grado de bienestar, y, en quinto lugar,
para seguir desarrollando la política de infraestructuras
que permitan conseguir que ese crecimiento, sostenido
y equilibrado, se transforme en un verdadero desarrollo
económico y social. Ese proyecto se complementará
con la mejora de nuestra seguridad interna y externa
y con la potenciación de nuestra presencia en el exterior
en un momento en el que se están produciendo cambios
extraordinariamente importantes y profundos.
Pretendo que la actuación del Gobierno -como esta
misma intervención-, se oriente de manera constructiva
hacia la búsqueda de zonas de acuerdo, que estoy seguro
que existen entre nosotros, en cuanto a los objetivos fundamentales
planteados a la sociedad española en los
próximos anos. Y lo hago porque soy consciente de que la
tarea trasciende las fronteras de una sola formación política,
más allá de que ésta reciba el apoyo mayoritario y
tenga la obligación de asumir la función de gobernar. Por
consiguiente, sin renunciar a la responsabilidad que nos
toque, estoy haciendo un llamamiento a las fuerzas polí-
ticas (instituciones autonómicas y locales, interlocutores
sociales y económicos) para que aunemos esfuerzos, en la
mayor medida de lo posible, frente a los desafíos y las
oportunidades que se ofrecen a España en el horizonte de
esta legislatura.
Me han oído decir públicamente que si España consiguiera
mantener el ritmo de crecimiento del período
1985-1989, al final de la década que comienza dentro de
unos días estaría en condiciones de multiplicar por dos
su capacidad de creación de riqueza cada año. Como esto
por sí mismo no cualifica el progreso de una sociedad,
aunque sea, a mi juicio, una condición necesaria; si con
este crecimiento conseguimos seguir creando empleo,
como se viene produciendo, y aumentando su calidad, habremos
superado el más angustioso problema del quehacer
político y dado también una respuesta de integración
a jóvenes y a mujeres. Pero, además, sostener un ritmo de
crecimiento de esta naturaleza manteniendo unos presupuestos
sanos, nos permitirá una capacidad de gasto social,
en el sentido más amplio del término, más de dos veces
superior a la del comienzo del período.
Lo mismo cabría decir del desarrollo de las infraestructuras
y de la atención a problemas tan importantes como
los de medio ambiente, investigación o los propios problemas
hidrológicos.
Algunos pueden considerar el análisis como poco ambicioso;
otros, tal vez, lo consideren utópico, pero sólo
hago un esfuerzo por trasladar, por proyectar hacia los
próximos años lo que ya viene ocurriendo, naturalmente,
haciendo las correcciones que sean necesarias para mejorarlo.
Pero si este mínimo ambicioso por compatibilizar
las distintas posturas que pudieran darse para el progreso
económico y social de nuestro país, sirviera de base de
acuerdo entre nosotros, nuestros debates tendrían el sentido
global de ofrecer fórmulas más acertadas según la óptica
de cada cual para mejorarlo o para acelerarlo, poniendo
énfasis, diferentes naturalmente, en las también
diferentes prioridades de cada cual; podríamos decir que
hay un proyecto colectivo que, respetando esas diferencias
y las alternancias, tiene posibilidades ciertas de ser
llevado a cabo.
Pero todo proyecto político se sitúa en cuadro de referencia,
en unas condiciones internas y externas que conviene
analizar y tomar posiciones frente a ellas para hacerlo
avanzar. Españan como país se inserta cada vez más
en las instituciones comunitarias y participa en la construcción
europea que en el horizonte de los próximos cuatro
años tiene proyectos con fecha fija que nos afectan directamente,
como el Acta Unica o el final del período tran-
sitorio de nuestro Tratado de Adhesión. Hay proyectos en
discusión, como la unión económica y monetaria, y hay
grandes cambios en la propia configuración de Europa
que abren interrogantes de un extraordinario calado. Permítanme
algunas reflexiones sobre ello.
Hoy parece claro, y el muro de Berlín como símbolo lo
confirma, que estamos asistiendo a la recomposición del
orden político, económico y de seguridad vigente desde la
Segunda Guerra Mundial. La profundidad y la velocidad
de !os cambios en la Europa del Este son de tal magnitud
que repercutirán directamente -ya está ocurriendo- no
sólo en el futuro inmediato de esos países, sino en el de
los países y las instituciones europeas y occidentales de
las que formamos parte. La política de paz y de seguridad,
la construcción europea, la relación con otras áreas
del mundo, como el Mediterráneo o América Latina, la
propia ordenación política y económica de las relaciones
con estos países están en juego en estos momentos, y lo
estarán en la etapa que comenzamos.
España tiene que actuar positivamente en favor de estos
cambios, y al mismo tiempo tiene que preservar sus
intereses internos y externos.
Nuestra posición, señorías, seguramente es mucho mejor
hoy para hacer este trabajo que lo hubiera sido desde
una situación de aislamiento, en el supuesto de que los
acontecimientos que hoy vivimos se hubieran producido
unos años atrás. Pero no hay que desconocer los riesgos
para nuestro propio desarrollo interno y para alguno de
los parámetros importantes de nuestra política exterior,
sobre todo para poder hacerles frente. Por tanto, junto a
la gran satisfacción que puede producir en todos nosotros,
espero, la dinámica de los cambios hacia la democratización
y la transformación económico-social de los
países llamados tradicionalmente como del Este de Europa,
junto a esa alegría o satisfacción también hay que
analizar las consecuencias para operar políticamente,
tanto ayudando a que siga adelante el proceso cuanto defendiendo
intereses internos y externos.
Todo el mundo reconoce que los próximos años constituyen
una etapa crucial para la construcción comunitaria.
El calendario dc sus propios proyectos como Comunidad,
así como los acontecimientos de estos países que
acabo de citar y sus repercusiones en los países comunitarios,
lo indican así. En el plazo de esta legislatura, el
Acta Unica y el mercado interior estarán ya plenamente
vigentes. Toda nuestra política económica-social e institucional
habrá de responder a esta exigencia. Es evidente
que este desafío no afecta sólo a la acción del Gobierno,
sino al propio comportamiento de los distintos sectores
productivos, que se verán condicionados por una competencia
sin fronteras en un espacio común.
Las oportunidades para España de aprovechar esta situación
para avanzar en el proyecto de desarrollo socioeconómico
que antes señalaba son claras, pero también
lo son los riesgos de una falta de preparación suficiente,
de una pérdida de competitividad, de un distanciamiento.
Los acontecimientos en los países del Este están repercutiendo
ya en el proceso comunitario. Hace pocos días
se dedicó una reunión informal del Consejo Europeo a este
tema, y esta misma semana, dentro de tres días, conoceremos
las actitudes, y definiremos las nuestras, de los distintos
países en temas claves para el proceso de unidad
europea, como el propio comienzo de una conferencia intergubernamental
para redactar un nuevo tratado de
unión económica y monetaria.
Las relaciones comunitarias con el exterior, señorías,
prácticamente inexistentes en lo que se refiere al conjunto
de países del Este (con algunas excepciones conocidas),
están cambiando rápidamente en esa dirección, y planteando,
sin duda, problemas para otras áreas de atención
tradicional, como la del Mediterráneo, o incipiente, como
la de América Latina.
A nuestro juicio, España debería aportar una posición
que podríamos definir rápidamente en los siguientes
puntos.
En primer lugar, el apoyo a la realización del Acta Unica
en los plazos previstos en el propio Tratado. El mercado
interior, el desarrollo de la Carta Social y la continuación
y profundización de la coexión económico-social
en la Comunidad, deben mantener su ritmo, un ritmo ya
importante, para que, a primeros de enero de 1993, esté
plenamente vigente el espacio común que queremos construir
a través del Acta Unica.
En segundo lugar, a mi juicio, nosotros deberíamos
apoyar una mayor celeridad en la construcción de la
Unión Económica y Monetaria y, por consiguiente, fijar
nuestra posición como una posición positiva a la realización
ya de la conferencia intergubernamental.
En tercer lugar, deberíamos orientar nuestra posición
comunitaria a estimular la cooperación política, nacida
del Acta Unica, y su coherencia con las relaciones externas
de la Comunidad, que hasta ahora funcionan como
dos mecanismos separados, en tanto que la cooperación
política no tiene el mordiente de canalizar las relaciones
económico-comerciales, las relaciones exteriores se centran
fundamentalmente en esas relaciones económicocomerciales.
Pero la situación cambiante en el conjunto de Europa
también plantea problemas de una extraordinaria importancia
en el campo de la seguridad. Creo que todo el mundo
está convencido de que vivimos la mejor oportunidad,
desde hace 40 anos, para garantizar, con una política de
desarme firme, una paz mediante el equilibrio en el nivel
más bajo posible.
La posición de España, a mi juicio, en relación con esa
nueva política de seguridad, debería ser la de proponer
una modificación, un cambio en la propia política de las
alianzas, y en particular de la Alianza a la que pertenecemos,
para que el peso de las decisiones políticas sea un
peso creciente y contribuya a ser un marco de estabilidad
en las relaciones Este-Oeste que facilite la dinámica de
los cambios hacia la democratización y hacia la superación
de los problemas económicos de los países del Este.
Comparto la idea de que algunos problemas de frontera,
y en particular los problemas que afectan a Alemania, deber
ser resueltos en el proceso de la construcción unitaria
europea.
Por tanto, hay una nueva dimensión en la relación Es-
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CONGRESO 4 DE DICIEMBRE DE 1989.-NÚM. 2
te-Oeste a la que debe responder una concepción nueva
de la política de alianza que, sin duda alguna, estimarán
como absoleta, probablemente sin la conciencia clara de
que no habría la posibilidad siquiera de una política de
desarme convencional, como la que se propone en Viena,
si no existiera un marco de referencia, un cuadro que permitiera
llegar a acuerdos y después que permitiera que
los acuerdos fueran cumplidos en un plazo razonable;
nunca serán inferiores a 6 ó 7 años los acuerdos previstos
en este momento. Pero también es cierto que los acuerdos
propuestos sobre desarme se están convirtiendo en estos
momentos, afortunadamente, en un mínimo y no en
un máximo de aspiraciones.
Nosotros estamos dispuestos a fomentar la cooperación
con los países del Este, a estar presentes en los procesos
de cambio, desde la conciencia clara de que se trata de
una profunda transformación de sistemas totalitarios en
sistemas democráticos, sin entrar en disquisiciones sobre
qué supone eso respecto de las ideologías que han protagonizado
los sistemas afectados por esta dinámica de
cambios, considerando que se trata de un proceso de una
gran trascendencia histórica para Europa y de una gran
trascendencia histórica para el mundo, y partiendo fundamentalmente
de la base de que estamos asistiendo al
cambio de unos sistemas políticos y socioeconómicos y,
por consiguiente, a una transformación que merece la
pena ser analizada y, a nuestro juicio, apoyada.
Es evidente que, al mismo tiempo, esos cambios están
focalizando la atención de los países comunitarios hacia
el área centroeuropea. A nuestro juicio, ese interés que
compartimos y en el que deseamos participar no puede
desviar la atención ni los compromisos de la Comunidad
hacia áreas de atención preferente para la política exterior
de España, pero creo que también para la política de
los países que componen la Comunidad, como el Mediterráneo
o América Latina. Es cierto que el esfuerzo realizado
con algunos de los países del Este, con Hungría y
Polonia, en los últimos o último año, es ya mayor que todo
el acuerdo de financiación para el Mediterráneo. Por tanto,
el problema está presente y la definición de las actitudes
de cada uno de los países seguramente servirá para
condicionar, en el sentido positivo, el desarrollo futuro de
este proceso.
Como diré más adelante, esta nueva situación de distensión,
esta nueva situación de cooperación y de paz, de
diálogo político, de superación del enfrentamiento entre
sistemas antagónicos, dan también oportunidades importantes,
desde el punto de vista de nuestra política de defensa,
en el plano interior. Afortunadamente, España está
presente en todos los foros de discusión y, por consiguiente,
puede hacer oír su voz y cooperar, en un esfuerzo con
los demás países con los que se integra, para garantizar
que ese proceso sea un proceso ordenado; un proceso, en
definitiva, hacia la democratización y la libertad a la que
aspiran los países del Centro y del Este europeo, sin que
produzca desequilibrios que pongan en riesgo -como reconocen
los máximos responsables de esos procesos- la
propia transformación de los países. Tenemos también,
en el curso de la época que se inicia, condiciones internas
para desarrollar un proyecto político, económico y social.
En la actual situación de España la gestión de cualquier
Gobierno está determinada por la necesidad de coordinar
sus políticas con las comunidades autónomas y con los
ayuntamientos o cabildos. El cuadro de reparto de competencias
en materias tan importantes como vivienda, sanidad,
educación, medio ambiente, consumo, etcétera,
exige estrechar la cooperación para aumentar la eficacia
a la hora de ejercer las que cada Administración Pública
ostenta de manera compartida o de manera exclusiva.
Esto es aún más cierto cuando se trata de asuntos que
afectan a las competencias de las comunidades autónomas
y, a su vez, son atribuidos a la Comunidad Europea.
En todo caso, hoy las comunidades autónomas son responsables
de servicios públicos importantes y de tareas
muy sensibles para los ciudadanos. En este momento controlan
un volumen de gastos superior a los cuatro billones
de pesetas. Para los pasos que haya que dar a fin de
mejorar el funcionamiento del conjunto, deseo reiterar,
en el frontispicio de esta Legislatura, nuestra oferta a las
fuerzas políticas representativas para alcanzar acuerdos
que permitan seguir avanzando en un marco de estabilidad
y centrados en cuestiones tales como el ámbito competencial
de las comunidades, del articulo 143; el papel
del Senado como Cámara de representación territorial; o
la necesaria negociación, por razones de calendario, sobre
temas de financiación y de cupo vasco. Esta exigencia
de coordinación y de cooperación entre las Administraciones
públicas y de diálogo y acuerdo entre las fuerzas
políticas no deseo plantearla como algo que disminuya
la responsabilidad del Gobierno, que debemos asumir
en su plenitud, sino como la vía más adecuada para que
nuestra actuación sea más eficaz en la realización de un
proyecto de progreso para nuestro país.
Dentro del cuadro de condiciones internas de nuestro
país, la fecha de 1992 tiene referencias muy precisas sobre
las que me pronunciaré muy rápidamente. Acontecimientos
que sin duda afectarán a la imagen de España,
como la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos
o la capitalidad cultural europea en Barcelona y en
Madrid respectivamente, tienen además una incidencia
importante en los proyectos de desarrollo de infraestructura.
Querría decir que por razones de calendario, además
de por su importancia en sí misma, esto constituye
una ineludible prioridad en la acción del Gobierno y de
las instituciones. Nosotros estamos dispuestos a asumir
en su totalidad las que nos corresponden y a ofrecer, más
allá de las diferencias que puedan existir, enfoques de
planteamientos y, desde luego, .de fuerzas políticas responsables
en cada una de las instituciones, toda la cooperación
necesaria para que sean un éxito; éxito de eficacia
y de realización, convencidos también de la importancia
que tienen en la mejora de las infraestructuras que favorecerá
al sistema de comunicaciones en el conjunto de
nuestro país.
He comenzado hablando de los rasgos fundamentales
de un proyecto de desarrollo económico y social para España
en los próximos años. He hablado del crecimiento
sostenido y equilibrado como una condición, como un ins-
-
trumento necesario para la realización de esos objetivos
económicos y sociales, y también para acercarnos al horizonte
de 1992 en buenas condiciones. Ese crecimiento
debe ser superior al de la media comunitaria si queremos
continuar en la política de aproximación a esa media comunitaria.
Debe ser sostenido a lo largo de los años y,
para ello, equilibrado. Se trata, por tanto, de eliminar las
amenazas que penden sobre nuestro crecimiento en estos
momentos y de mantener una actitud de vigilancia y de
rigor en el futuro.
Para empezar, hemos de reconocer que la tasa de crecimiento
de los últimos años, bastante superior a la media
europea, está siendo amenazada por dos desequilibrios
básicos que nos afectan desde hace meses: La inflación
y el déficit comercial. Como no soy especialista en la
materia y lo que me interesa es, en efecto, que la economía
española genere empleo, gane en competitividad y
cree riqueza para acercarnos al grado de justicia social
de los países europeos más avanzados que nosotros, debo
utilizar en mi razonamiento la aportación de los técnicos
en la materia y, si me lo permiten, la observación de la
realidad de aquellos países en los que queremos integrarnos.
Ambos fenómenos, el repunte de la inflación y el desequilibrio
comercial, parecen tener el mismo origen: La
demanda interior es bastante superior al crecimiento de
la producción. Ya terminamos el año 1987 con una tasa
de inflación inferior al 5 por ciento, pero, desde pocos meses
después, el crecimiento de la inflación ha ido situándonos
hasta una tasa del 7 por ciento, en la primavera de
1989, que se mantiene en este momento en ese entorno.
Junto a ello, el incremento del déficit comercial empieza
a afectar seriamente a nuestra balanza de pagos por cuenta
corriente, y sólo está compensado este fenómeno por el
impacto de las fuertes entradas de capital y el consiguiente
aumento de nuestras reservas. Esta situación de inflación
ya nos obligó a modificar el presupuesto de 1989 para
compensar las pérdidas de poder adquisitivo de las rentas
dependientes de los Presupuestos Generales. Y este
año, cuando conozcamos la tasa final de inflación, deberíamos,
en justicia, hacer lo mismo en la aprobación de
los presupuestos de la Cámara.
El Gobierno ya adoptó un paquete de medidas monetarias
y fiscales orientadas a disminuir el consumo y a
controlar la inflación como desequilibrio que consideramos
más urgente corregir. Ha sido motivo de polémica
durante la campaña y después de la misma. La polémica
se centraba en si estas medidas eran o no suficientes y si
el Gobierno pensaba, pasadas las elecciones y en el supuesto
de continuar, adoptar otras de mayor dureza. Me
gustaría repetir ante la Cámara lo que he dicho en el mes
de octubre: Las medidas adoptadas para enfriar razonablemente
el consumo parecen suficientes, están empezando
a producir resultados y es necesario tener un poco de
tranquilidad para que éstos puedan evaluarse serenamente,
sin producir nuevas sacudidas. Pero añadí entonces, y
reitero ahora, que no ha sido nuestra intención, como responsables
políticos, someter a coyunturas electorales las
decisiones que, acertada o equivocadamente, estimamos
que deben ser adoptadas.
Esto es también válido en el momento de la investidura.
Si creyera honradamente que hay que modificar o aumentar
las medidas ya adoptadas, así lo manifestaría a
la Cámara. Es cierto que debemos mantener la vigilancia
en los próximos meses, y durante el debate presupuestario
tendremos la ocasión de fijar nuestra posición como
Gobierno que, tal como la veo en estos momentos, tenderá
a conseguir que el gasto público no sobrepase el crecimiento
real de la economía y podamos seguir reduciendo
el déficit público. De esta forma, estaremos en condiciones
de contribuir a la atención que necesitamos en cuanto
a las prioridades programáticas y, al mismo tiempo,
de contribuir también desde el sector público al control
de la inflación.
Parece razonable en este terreno pensar que una polí-
tica de acuerdos entre y con los interlocutores sociales,
tendente a mantener un crecimiento equilibrado de la
economía española, sería un factor muy importante en la
fase en que entramos. La evolución de los salarios reales,
ligada a incrementos en la productividad, contribuirá sin
duda a evitar la espiral de precios y salarios tan perniciosa
para el control de la inflación. Sería importante hacer
un esfuerzo para no caer en la tentación de retroceder en
años, viéndonos obligados a acuerdos forzados por una situación
de fuerte desequilibrio o de necesidades de ajuste
como los que conocíamos al principio de la década.
Desde el Gobierno se seguirán estimulando las ténicas
de innovación y de renovación de nuestra industria para
que gane en competitividad y apoyando las estrategias
que persigan la creación de grupos empresariales capaces
de actuar en el mercado internacional. Asimismo, trataremos
de fomentar las inversiones en los mercados exteriores
y el aprovechamiento de los retornos industriales
y tecnológicos que se derivan de la participación en
nuestros proyectos europeos. Para mejorar la distribución
de los costes de nuestras empresas hay que insistir en el
ahorro energético y reducir los costes financieros mediante
una mayor competencia en el sector.
La política fiscal nos ha permitido en los últimos años
un aumento considerable de los ingresos, fundamentalmente
como consecuencia de la lucha contra el fraude y,
a partir de ahí, un control y una disminución de nuestro
déficit público. Tenemos pendiente, señorias, una reforma
del impuesto sobre la renta que desearíamos hacer
con el mayor apoyo parlamentario posible. Pretendemos
mantener la progresividad del impuesto, hacer un tratamiento
favorable para las rentas más bajas, y estimular
el ahorro que, como saben SS. SS., ha descendido al mismo
tiempo o de forma paralela al aumento del consumo.
Pero la finalidad de toda política económica sigue siendo
la heación de empleo. En los últimos años nuestra economía
ha hecho posible con su tasa de crecimiento invertir
la tendencia vivida durante una década y crear empleo
a un ritmo importante. Más de un millón y medio de
puestos de trabajo netos es el resultado. Esto, con ser considerable,
no es suficiente para las necesidades de un país
que había acumulado una enorme bolsa de paro y en el
que, además, se produce un fuerte ritmo de incorporación
de jóvenes y de mujeres a las filas de los nuevos deman-
-
dantes de empleo. Por tanto, supuestas las condiciones de
crecimiento económico imprescindibles para aumentar el
empleo, podemos y debemos actuar para complementar
en número y en estabilidad los puestos de trabajo. Debemos
hacerlo potenciando la formación profesional, en todos
sus niveles, para adecuar oferta y demanda y ofreciendo
a los interlocutores sociales un acuerdo para el desarrollo
de esta formación profesional. Pero también reformando
los servicios públicos de empleo y apoyando la
contratación indefinida y la conversión de contratos temporales
en empleos duraderos. Debemos seguir fomentando
la economía social, de cooperativas, de inciativas locales
de empleo o de sociedades anónimas laborales, y estamos
dispuestos a realizar un plan de prospección de necesidades
de mano de obra y de calificación de los demandantes
de trabajo. Ya saben, señorías, que en nuestro programa
se contemplan también medidas de mejora en la
protección del desempleo, como aquéllas que se refieren
a los desempleados mayores de cuarenta y cinco años,
pero pretendemos continuar guiados por la prioridad del
fomento del empleo con preferencia a las políticas de
subsidio.
Como decía al principio de la intervención, el crecimiento
económico, cuando se consigue, permite mejorar
la vida de los ciudadanos, pero este efecto ni es automá-
tico, ni es sí mismo generalizable. El equilibrio en el crecimiento
debe entenderse también en la dimensión solidaria
que permite proteger a los sectores más débiles, que
generalmente tienen menor capacidad de presión.
Estamos decididos a combatir la tendencia a la dualidad
social. En unos casos, como el de los jóvenes, facilitando
medios, empleo, educación o formación profesional,
para que se integren en el sistema. En otros, como el
de los mayores, con una política justa de pensiones.
Por esto, por citar un ámbito importante de la política
social, presentaremos, para su aprobación, la ley de pensiones
no contributivas, que ya entró en esta Cámara, que
universalizará el derecho a una pensión. Equipararemos,
como estábamos comprometidos a hacer, en 1990, la pensión
mínima familiar al salario mínimo, e incrementaremos
proporcionalmente las demás pensiones mínimas.
Estableceremos catorce pagas anuales para todos los pensionistas,
y generalizaremos a la totalidad del sistema de
pensiones la garantía de revalorización automática.
No es posible, señorías, examinar todas las medidas de
protección social previstas en el programa y referidas a
problemas infantiles o de integración de colectivos como
los gitanos. Sí quiero advertir, una vez más, que la mayor
parte de estas medidas requerirán una coordinación,
a la que he hecho en varias ocasiones referencia, con las
comunidades autónomas y las corporaciones locales que
tienen ámbitos competenciales respecto de ellas.
Decía al principio también que el funcionamiento de
los servicios condiciona el bienestar general. Hay servicios
públicos fundamentales y 'políticas específicas que
producen una fuerte sensibilidad en los ciudadanos, como
ocurre con la sanidad, con la educación o con la vivienda.
Un elemento común a estas materias es precisamente
la intervención de todas las Administraciones públicas
con diferentes repartos competenciales, pero siempre
afectando la tarea del Gobierno de la nación en uno u otro
grado, lo que exige, por razones de eficacia, reitero, una
cooperación más estrecha entre ellas.
.En sanidad y en educación hemos pretendido en estos
años extender el servicio al mayor número de ciudadanos.
Así hemos llegado a la universalización de la asistencia
sanitaria pública, incorporando a más de seis millones
de personas que antes no disponían de ella. En educación,
uno de cada cuatro puestos escolares de hoy ha
sido creado en los últimos siete años. Lo mismo podríamos
decir de becas o de población universitaria. Pero, tenemos
por delante la tarea prioritaria de ir superando las
deficiencias que aún se producen en el funcionamiento de
estos servicios, ya sea por problemas de origen o por los
que han surgido a causa del fuerte aumento del número
de personas que los utilizan o de nuestros propios errores.
En sanidad, las medidas programáticas se centran en
potenciar la atención primaria y mejorar el funcionamiento
de los hospitales, así como en mejorar la formación
de los profesionales.
En educación, proponemos la reforma de los niveles no
universitarios, reforma que incluya la escolarización obligatoria
y gratuita hasta los dieciseis afios, la potenciación
de la formación profesional y la ampliación de las oportunidades
educativas. Es posible llegar a escolarizar al 80
por ciento de los jóvenes entre dieciséis y dieciocho años
y lograr la escolarización voluntaria de tres a seis años.
El proyecto educativo contempla una mayor adecuación
entre la educación y las demandas del sistema productivo,
lo cual en la enseñanza superior, supone avanzar,
respetando la autonomía universitaria, en la colaboración
entre universidades, empresas y organismos de investigación.
El esfuerzo en investigación y desarrollo que
se ha emprendido seguirá incrementándose durante la
presente Legislatura para mejorar nuestro nivel científico
y tecnológico.
Antes hablé de la vivienda y querría hacer una toma de
posición al respecto. El problema es especialmente grave
en las grandes cuidades, pero, en general, es un problema
importante para todos los ciudadanos: La rápida subida
de precios y movimientos especulativos han creado serias
dificultades de acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler.
Hay, por tanto, que aumentar la oferta y combatir
la especulación. El gobierno estará dispuesto, si obtiene
la mayoría de la Cámara, a colaborar, mediante las reformas
legales necesarias en la Ley del Suelo y en la Ley de
Arrendamientos Urbanos y con los estímulos financieros
y fiscales, para facilitar ese acceso a la vivienda en propiedad
y para fomentar las de alquiler. Pero tenemos que
partir de la base de que estos instrumentos sólo serán eficaces
mediante la cooperación con las otras administraciones
de las que dependen promoción, calificación del
suelo, Iirbanismo, etcétera; y de las que depende, en fin,
incluso la utilización de los instrumentos legales que se
pongan a su disposición.
Los problemas del medio ambiente y del consumo han
ido ganando importancia en todos los programas políticos
en los países desarrollados como consecuencia de una
-
preocupación creciente por estas cuestiones. Además de
las medidas concretas que hemos incluido en el programa,
creo que lo más importante es que todos los ámbitos
del Gobierno y también de los demás responsables públicos
deban tener en cuenta el impacto de sus actuaciones
sobre el medio ambiente y sobre el consumo.
Las políticas medioambientales atraviesan las políticas
industriales, agrícolas, educativas, de estructuras comerciales
y alimentarias, las políticas de producción industrial,
la propia política cultural y los servicios administrativos.
Por consiguiente, son preocupaciones que deben
afectar a todos los departamentos de un Gobierno y al
conjunto de las administraciones.
En los últimos años y respecto de este bloque de temas
relacionados con el bienestar, permítanme una reflexión
breve de carácter adicional. Yo creo que podemos convenir
todos en que la mejora del nivel de vida y de la calidad
de vida en amplias zonas que consideramos como zonas
rurales en el país, durante los últimos años, ha sido
el efecto del crecimiento económico. Sin embargo, el aumento
del nivel de vida, de la renta o de los bienes disponibles
en las grandes ciudades, no ha producido un
equiparable incremento de la calidad de vida de los ciudadanos
que viven en esas grandes concentraciones urbanas.
O, dicho en otros términos, los propios problemas del
crecimiento de la demanda, de las nuevas necesidades, de
los nuevos desarrollos, están creando problemas en las estructuras,
en los servicios de las grandes ciudades de difícil
solución.
En mi opinión, las respuestas no son simples ni tampoco
admiten formulaciones mágicas. Sin embargo, desde
mi responsabilidad quiero decirles que estamos dispuestos
a hacer frente a los problemas de esas grandes concentraciones
urbanas. Desearíamos hacerlo de acuerdo
con las instituciones, las fuerzas políticas, las organizaciones
sociales y los propios ciudadanos, puesto que de todos
depende que los problemas de la gran ciudad (problemas
de tráfico, de infraestructura o de transportes) vayan
encontrando una solución que permita una vida mejor,
no sólo desde el punto de vista económico, sino en los distintos
aspectos de la calidad de vida.
Para canalizar el desarrollo socioeconómico todos compartimos
la necesidad de completar el equipamiento de
nuestro país en infraestructura. El ritmo de crecimiento
deseable para nuestra economía puede verse estrangulado
por una insuficiente dotación de infraestructuras, de
carreteras, de ferrocarriles, de comunicaciones, de obras
hidráulicas, etcétera. Tenemos que recuperar retrasos históricos
respecto de otros países europeos, y esto no es una
tarea fácil. Teniendo en cuenta las propias limitaciones
presupuestarias imprescindibles para mantener otros
equilibrios como el del déficit, como el de los gastos sociales,
o como el de la mejora de los servicios, es posible,
es deseable, seguir avanzando en el desarrollo de las
infraestructuras.
Está muy avanzado, señorías, el segundo Plan de carreteras,
cuyo horizonte es el final de la próxima década. Con
él se pretende completar la red de autovías, conectar, a
través de la red de alta capacidad, todas las capitales de
provincia y corregir el esquema radial facilitando la comunicación
entre Comunidades Autónomas entre sí y de
éstas con Europa, lo cual tiene una especialísima trascendencia
para algunas comunidades históricamente afectadas
por problemas de comunicaciones, como son los casos
de Asturias, de Galicia o de otras. Seguiremos adelante
con el Plan de transporte ferroviario y pondremos en
marcha el tren de alta velocidad y el ancho de vía europeo.
Es obvio que añada que ajustaremos los ritmos a las
posibilidades presupuestarias. De ahí que sea tan importante
un buen funcionamiento del instrumento clave al
que he hecho referencia: Un crecimiento sostenido y
equilibrado.
En el sistema de comunicaciones, el crecimiento de la
demanda por encima de toda previsión, así como el rápido
cambio de las tecnologías, ha creado problemas, problemas
sobre los que se está haciendo un doble esfuerzo
de inversión y de adaptación tecnológica que estamos dispuestos
a mantener hasta conseguir una buena, satisfactoria,
calidad del servicio. Junto a eso, en el período en
el que entramos, vamos a aumentar la capacidad y seguridad
de nuestros puertos y aeropuertos y a continuar las
importantes obras hidráulicas para completar el programa
de infraestructuras.
He hecho una referencia al comienzo de mi intervención
a la seguridad externa y he hecho una toma de posición
respecto de la situación de distensión y las grandes
oportunidades para la paz que se ofrecen en la situación
internacional actual. Permítanme que complete esa reflexión
con una toma de posición sobre nuestra seguridad
interna y con nuestra propia política de defensa. Sin
duda, un clima de distensión y de acuerdos en materia de
desarme nos van a permitir una reducción de efectivos en
España. La propia previsión de reducción de la prestación
del servicio militar a nueve meses en el plazo de la
Legislatura supondrá esa reducción de efectivos. Me gustaría
reiterar que la reducción de efectivos debe ir acompañada
de una mejora de la operatividad y, por consiguiente,
de un esfuerzo de modernización de las Fuerzas
Armadas. No comparto la idea de los que confunden posiciones
progresistas con despreocupación sobre lo que
debe ser una eficaz política de defensa como garantía de
libertad frente a cualquier tipo de amenaza exterior.
Teniendo en cuenta ese proyecto de desarrollo socioeconómico,
querría completar, como decía, la reflexión con
otra sobre la seguridad interior. Me propongo como Gobierno
priorizar la lucha contra la inseguridad ciudadana
en todos sus frentes. Por consiguiente, estoy dispuesto,
señorías, a mejorar los medios personales y materiales de
las Fuerzas de Seguridad y a aumentar la presencia de la
policía en la calle, sea cual sea el esfuerzo de transformación
que haya que realizar. Para mejorar nuestra propia
seguridad interna habrá que afrontar algunos problemas:
problemas desde el punto de vista legal, como la reforma
del Código Penal, reforma para la realización de un nuevo
Código Penal. Se han producido algunas reformas del
Código Penal y existe una conciencia generalizada de la
necesidad de disponer de un nuevo Código Penal en su
conjunto. Es evidente que la elaboración de un nuevo Có-
-
digo Penal exigirá de todos un esfuerzo de consenso, de
respaldo para que tenga el apoyo social mayoritario, ampliamente
mayoritario, que sea el correspondiente a ese
consenso parlamentario.
Pero el problema más importante para la seguridad interna,
la seguridad ciudadana de cada día, es el impacto
directo que en la misma tiene el tráfico de drogas, la drogadicción
en su conjunto. No es un problema que pueda
analizarse sin ver sus perspectivas internacionales. Para
abordarlo con eficacia, ya sea desde el punto de vista sanitario,
desde su tratamiento jurídico o desde la acción
policial, no es posible conseguir mecanismos de actuación
correctos si no hay una política de cooperación y de coordinación
internacionales, además de los esfuerzos internos.
Desde el punto de vista interno, impulsaremos la realización
de campañas que prevengan y reduzcan el consumo
de drogas y ampliaremos los medios para la rehabilitación
de los toxicómanos. Al mismo tiempo, incrementaremos
la lucha contra el tráfico en todas sus formas,
dirigiendo la represión no sólo a los traficantes, sino
también a las operaciones económicas que se derivan del
propio tráfico y a los responsables de estas operaciones.
Hay un tipo de delincuencia especialmente organizada,
realizada por grupos de carácter mafioso que atentan contra
la sociedad desde actividades como el tráfico de drogas
o como el terrorismo, y que merecen un trato singularmente
estricto. Propondremos a la Cámara, respetando
el consenso conseguido por el bloque democrático en
la lucha por la erradicación del terrorismo, las reformas
legales necesarias para que las sentencias relacionadas
con estos delitos sean cumplidas en su integridad.
Al abordar el problema del terrorismo, señorías, quiero
repetir algo que SS. SS. ya me han oído otras veces.
Sin duda el terrorismo sigue siendo una amenaza grave
para la libertad y para la seguridad de los ciudadanos que
lo sufren, pero hace ya tiempo que dejó de ser una amenaza
para la subsistencia de la democracia. Políticamente
el terrorismo está derrotado porque ha perdido toda la
posibilidad de acabar con el Estado democrático y toda
posibilidad de implantar la dictadura de los asesinos.
Ahora hay que derrotarle también en el terreno operativo,
quitarles la posibilidad de seguir asesinando.
Si podía existir alguna duda sobre la definitiva inviabilidad
política de las pretensiones terroristas, el acuerdo
entre las fuerzas políticas democráticas en este Parlamento
y en el Parlamento vasco la ha despejado por completo.
Este acuerdo se ha convertido en una pieza clave
de la estrategia antiterrorista, y como tal nos proponemos
mantenerlo y defenderlo en todos sus aspectos. Cada paso
que se dé en su profundización, como el que acabo de proponer,
siempre tiene que hacerse sobre la base del mantenimiento
de este consenso que ha sido instrumento fundamental
para la lucha por el aislamiento y la erradicación
del terrorismo. Esto debe ir acompañado de una acción
policial cada vez más eficaz en la persecución de los
terroristas y de la imprescindible cooperación internacional,
tanto en el plan bilateral como en el multilateral, que
seguiremos impulsando con fuerza en todos los foros en
que estemos presentes.
Los atentados terroristas producen siempre una gran
conmoción, como la que hemos vivido en esta Cámara
hace pocos días. Pero conviene no perder la perspectiva
ni la serenidad de análisis. Ha habido centenares de víctimas
de atentados por parte de ETA, la organización
terrorista más peligrosa de las que han actuado en Espa-
ña en los últimos anos. Conviene no perder la serenidad
y la perspectiva, porque, en algunos casos, responsables
políticos hacen una valoración, a mi juicio equivocada,
sobre situaciones como las que hoy mismo estamos viviendo
en la Cámara. Al mismo tiempo que se priva de libertad
a un ciudadano, como el señor Villoslada, sin la
más mínima expresión de condena, sin la más mínima expresión
de distanciamiento respecto a una acción de esa
naturaleza, se pretende que se pueda uno creer que se están
dando pasos de supuesta buena fe en la aceptación de
las reglas del juego democrático (Aplausos en los bancos
ocupados por el Grupo Socialista.), cuando la primera de
las reglas del juego democrático debería ser, justamente,
la de aceptar que la vía de la violencia no es de ninguna
manera una vía que quepa dentro del funcionamiento de
las instituciones. No cabe interpretar de otra manera las
actitudes mas que tal como se manifiestan, y se manifiestan
en hechos importantes, como la toma de posición frente
al asesinato o frente al secuestro. Esto es lo que de verdad
da la verdadera dimensión de las intenciones de cada
responsable político o de cada grupo político.
He hecho antes referencia a la política exterior, señorías,
y volvería a hacer un brevísimo resumen. El cuadro
de nuestra relación exterior está definido en la Comunidad
Europea, en las instituciones occidentales y, más allá
de la Comunidad Europea y de las instituciones occidentales,
en relación con las nuevas políticas del Este, en relación
con América Latina como prioridad y en relación
con los países mediterráneos.
Después de la toma de posición a la que antes hice referencia
al comienzo de la intervención, debo añadir que
la política exterior española sin duda se va a ver afectada
positivamente por la dinámica de cambios en el Este y
también se va a ver afectada por la necesidad de mantener
un esfuerzo de equilibrio para que las responsabilidades
del conjunto de los países de la Comunidad no pierdan
de vista la situación de los países mediterráneos o la
situación de América Latina. Es verdad que en relación
con estas áreas de nuestra política exterior ya hay una resolución,
que espero que se reitere y se profundice dentro
de varios días por parte de la Comunidad. Aún así, uno
no puede negar el hecho de que esa focalización de la atención
en zonas como las del Este europeo plantean problemas
para nuestra política exterior, también para nuestro
desarrollo socioeconómico, pero yo creo que sería falsa la
idea de pensar que esos problemas tendrían una dimensión
menos grave si no estuviéramos participando nosotros
en la propia construcción comunitaria y en la construcción
de la política respecto de los países del Este,
Nuestro interés por reforzar las políticas de cooperación,
por que haya tratados por preferenciales con los países
del Este es un interés paralelo al de avanzar en el proceso
de construcción unitaria de la Comunidad. Por tanto,
-
lo afrontamos con realismo, sin ningún temor a los riesgos
que se abren y con la enorme esperanza con que todo
demócrata que haya vivido durante años pensando en que
el sistema democrático, el sistema de elección de su propio
destino es el mejor sistema para los pueblos tiene que
ver ese proceso de cambios en el Este.
En definitiva, señorías, para no alargar más la intervención,
estamos ante la posibilidad de desarrollar un
proyecto económico, social, de desarrollo integral para
nuestro país. El cambio cualitativo entre un crecimiento
sostenido y una política que puede ser calificada de polí-
tica de desarrollo para la sociedad es posible para Espa-
ña. Y es posible en esta ocasión, pgbablemente -como
algunas de SS. SS. han dicho en intervenciones anteriores-,
en mayor medida o con mayor magnitud que en
cualquiera otra ocasión de nuestra historia reciente.
No hay un solo proyecto que no tenga riesgos. Este que
enfrentamos para los próximos años los tiene. Tiene también
su carga de expectativa, de esperanza y de oportunidad.
Es un proyecto que trasciende la frontera del esfuerzo
de un partido político o de un gobierno, sea cuál
sea el gobierno y sea cuál sea la mayoría que lo respalda.
Y es así por razones de estructura de poder dentro de
nuestro país, de reparto del poder entre las distintas administraciones,
y es así también por la propia composición
social de nuestro país y por razones democráticas.
La magnitud del esfuerzo debe concitar el apoyo de todos
respetando lgdiscrepancia, y ese es el apoyo que pido
para el proyecto a realizar en los próximos años, apoyo
para el proyecto que debo transformar en una petición de
voto para la envestidura, aunque desde ahora advierto
que consideraré que la relación de causa efecto entre uno
y otro es perfectamente separable y, por consiguiente, que
las áreas de consenso o de acuerdo son posibles a pesar
de que se tengan las razones que SS. SS. expongan para
no apoyar la investidura.
Gracias.
