ERC quiere que el Congreso elimine de la Ley de Economía Sostenible la disposición en contra de las descargas digitales

Portavoz de ERC, Joan Ridao
EP
Actualizado: miércoles, 22 septiembre 2010 16:56

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana ha presentado una enmienda a la Ley de Economía Sostenible (LES) en la que pide que se elimine la disposición conocida como 'Ley Sinde', que prevé el cierre de 'webs' que permitan la descarga no autorizada de contenidos protegidos.

Según ha explicado su portavoz en la Cámara Baja, Joan Ridao, es "poco razonable" que se introduzca "por la puerta de atrás una cuestión tan importante".

Asimismo, ha recordado que el Congreso ya elaboró un informe, en el seno de la Comisión de Cultura, en el que se proponía una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, lugar en el, según Ridao, se debe incorporar la cuestión de las descargas ilegales.

Según se explica en la exposición de motivos de la enmienda, el Gobierno opta por introducir modificaciones parciales en esta materia, "lejos de lo que pude entenderse por una revisión sistemática y coherente de la Ley de Propiedad Intelectual, y sin la tramitación parlamentaria que merece la cuestión".

Así, explica que el derecho de autor "es necesario para garantizar la creación cultural y la autonomía creativa, pero no puede entrar en contraposición con los derechos ciudadanos y de acceso a la cultura".

Por todo ello, apuesta por la eliminación de esta disposición porque algunas de sus propuestas "pueden vulnerar derechos fundamentales, como lo son el derecho a la libertad de expresión y a la información".

QUE LOS TRIBUNALES SEAN LOS QUE SANCIONEN

Ahora bien, si la supresión no se acepta, ERC va a intentar además, a través de otra enmienda, que sea la justicia ordinaria la que sancione cualquier conducta irregular y no la administración como propone la LES. "La justicia es la única legitimada para evitar este tipo de prácticas", ha concluido.

Con esta propuesta, serán los Juzgados de lo contencioso-administrativo los que deberán autorizar el cierre de páginas web que ofrezcan al público obras y prestaciones protegidas sin autorización de su titular.