El exviceconsejero madrileño de Inmigración pide anular un procedimiento "viciado" desde su origen

 
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El exviceconsejero madrileño de Inmigración pide anular un procedimiento "viciado" desde su origen

Publicado 05/10/2016 15:04:07CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado del exviceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado ha solicitado la nulidad de la pieza 'Época I: 1999-2005', que comenzó a juzgar la Audiencia Nacional este martes, al considerar que está "viciada" desde su origen.

El letrado Alfonso Trallero ha denunciado durante su presentación de cuestiones previas que, cuando comenzó la instrucción de la trama 'Gürtel', se vulneraron las normas de reparto para conseguir que el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fuese quien instruyese esta causa.

En este sentido, ha ironizado sobre la disponibilidad de este juzgado y ha dicho que parece que Garzón era el "único" juez que estaba "libre" en ese momento. Asimismo, ha recordado que el exmagistrado está apartado de la carrera judicial por prevaricación por las escuchas telefónicas en prisión a algunos de los acusados y, por ello, ha solicitado la nulidad de este procedimiento al considerar que está "viciado" desde un principio.

"No conozco ningún juicio que se haya celebrado tras una instrucción en la que el juez instructor haya sido condenado por vulnerar los derechos fundamentales de los imputados. Debe producirse la nulidad de todo el procedimiento, que está en su origen viciado", ha afirmado Trallero.

EL PEN DRIVE DE IZQUIERDO

También, ha pedido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar esta pieza, la nulidad del registro practicado en el despacho del contable de las empresas de Francisco Correa, José Luis Izquierdo, y de todas la pruebas encontradas en él. En este registro se intervino el pen drive del que se extrajeron las facturas de una supuesta 'contabilidad B' de las empresas de Correa.

La Fiscalía pide para Clemente ocho años de cárcel por los delitos de cohecho continuado, fraude y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas.

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