MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha afirmado este lunes que hay aún que esperar para valorar si el incumplimiento por parte de los Mossos d'Esquadra de precintar los colegios electorales y requisar urnas y papeletas para impedir el referéndum independentista supone "algún delito más", además del de desobediencia.
Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press el portavoz de APIF, Miguel Pallarés, que ha subrayado que la policía autonómica ha ignorado las "órdenes claras" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Se ha producido una quiebra importante", ha añadido.
Pallarés ha recordado que en Cataluña ya se han abierto diligencias por estos hechos y ha señalado que hay que esperar a ver "cómo evolucionan los acontecimientos" para poder valorar si los Mossos sólo se ha incurrido presuntamente en un delito de desobediencia o en "alguno más".
En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Asociación Fiscales (AF) --la mayoritaria--, Concepción Talón, quien ha precisado a Europa Press que esta situación es un "problema institucional" , de los más "graves vividos en democracia". Ha apuntado que no se trata de una "actuación", de "policías concretos", de las imágenes que circulan, ni "de personas con nombres y apellidos".
Estas dos asociaciones han emitido este lunes un comunicado conjunto en el que lamentan que la actitud pasiva de los Mossos d'Esquadra al margen de las resoluciones judiciales durante la celebración del referéndum independentista de este domingo ha hecho "peligrar" el Estado de Derecho.
Los fiscales subrayan que "la inobservancia de las leyes y de las resoluciones judiciales" se ha llevado a cabo tanto por los altos cargos del Poder Ejecutivo y Legislativo en la comunidad autónoma como por las fuerzas de Policía Autonómica, es decir, los Mossos d'Esquadra. Esto ha supuesto un "desprecio y el desafío hacia el Estado de Derecho", añade el comunicado.
Por último, recuerdan que la Policía Judicial debe desempeñar las funciones que "constitucionalmente tiene atribuidas" de forma decidida y "comprometida con la defensa de la legalidad y de las resoluciones de los tribunales".
