PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El gobierno balear se personará ante el Tribunal Constitucional para defender la Ley de Ordenación Minera de Baleares, cuyo artículo 23, que fija las condiciones para la utilización de licencias de minas, ha sido recurrido por el Gobierno Central.
Así lo ha anunciado el portavoz del Govern, Marc Pons, quien ha advertido de que la suspensión de este artículo implica que un promotor pueda iniciar la expropiación de un terreno para explotar los recursos mineros, mientras que antes se le exigía que tuviera la disponibilidad del terreno.
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