MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, manifestó hoy, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, que "rebeldía ante el Estado de Derecho es mandar un abogado en nombre del Gobierno a negociar con ETA".
Granados se defendía así de las acusaciones de la diputada socialista Encarnación Moya de que la Consejería del Interior se ha declarado en rebeldía contra las sentencias judiciales respecto al tratamiento del personal de apoyo para los incendios forestales.
Asimismo, declaró que el Ejecutivo regional siempre estará "en rebeldía" contra las medidas del Gobierno central que afecten a los madrileños. "Rebeldía ante medidas que afectan a los ciudadanos madrileños, toda la rebeldía del mundo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En esto del IVA y en todo lo que sea un atropello a los derechos de los madrileños, siempre nos van a tener en rebeldía contra el gobierno del señor Zapatero", aseguró.
La socialista le reprochó no haber incluido en la bolsa de trabajo al personal de apoyo en los incendios forestales que debe ser indefinido discontinuo, según jurisprudencia del Tribunal Supremo. "Hay un auto de ejecución de sentencia de diciembre pasado, por el que se les exige que abonen a estos trabajadores esta cantidad y no seguir considerando que los contratos son de naturaleza temporal", dijo, al tiempo que denunció que la Consejería no ha abonado esa antigüedad ni cumple esas sentencias. "¿Va a pagar de su bolsillo, el incremento por los intereses legales por el incumplimiento de esas sentencias o los vamos a tener que pagar todos los madrileños?", le preguntó.
Y es que, según afirmó, desde la Consejería se afirma que las sentencias del Supremo son "ilegales". "¿Se va a declarar Aguirre en rebeldía contra el Supremo? ¿En esto también va a ser la primera en caer en rebelión contra el estado de Derecho?", le espetó, al tiempo que le acusó de "máximo desacato a las decisiones judiciales y auténtico desprecio a las instituciones". "Entiendo que esté disgustado porque estas sentencias vienen a que dificultar la pretensión del gobierno regional que tienen desde hace mucho tiempo de privatizar este servicio", añadió Moya.
Granados defendió que el interés general es el buen funcionamiento del plan de incendios forestales de la Comunidad, en las mismas condiciones que en ediciones anteriores, con un éxito "completo", pasando de 1.500 hectáreas en 2003 a 15 hectáreas arboladas en el último año.
"Nosotros no discutimos las sentencias son indefinidos discontinuos y no son fijos porque no han pasado ninguna prueba porque es algo evidente: no han pasado ninguna prueba ni algo evidente que es que tienen que cumplir las condiciones de mérito y capacidad de todo del mundo para convertirse en fijos", planteó. "Un indefinido discontinuo supone que cada vez que se convoque esa plaza sea cubierta por la persona que sea indefinido discontinuo. Por tanto nosotros cumplimos escrupulosamente la Ley", zanjó Granados.
