MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El abogado defensor de los diez miembros del partido opositor Unión Popular (UP) detenidos desde hace unos meses bajo la acusación de estar implicados en el asalto militar del pasado 17 de febrero, Fabián Nsue, acusó hoy al ministro de Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial, Nicolás Obama Nchama, de estar metiendo "miedo" a los jueces de instrucción para conseguir que sus clientes sean inculpados, a pesar de las insuficiencias que los propios jueces han detectado en el atestado presentado por la Policía.
El ministro emitió ayer una nota oficial en la que criticaba a jueces y fiscales por haber desautorizado, "en connivencia con la defensa", el atestado presentado por la Policía al juez de instrucción. "El juez de instrucción tiene la competencia para inculpar o sobreseer el caso, pero ahora tendrá que tomar su decisión con miedo, sabiendo que el ministro ya se ha pronunciado", declaró Nsue a Europa Press.
Esta nota del ministro, prosiguió, es un reflejo del "tono intervencionista al que aquí ya estamos acostumbrados" y puede condicionar la evolución del proceso. "El ambiente ha cambiado, los jueces están sometidos al poder ejecutivo, que es el que los nombra y cesa", añadió. Este episodio, aseguró, demuestra que "el Estado de derecho que dicen que reina en Guinea Ecuatorial es prácticamente inexistente".
Fuentes del interior indicaron anoche a la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE) que la radio nacional ecuatoguineana leyó en los noticiarios de ayer por la tarde una nota del ministro en la que se atacaba a los jueces y fiscales implicados en el caso de los diez detenidos de UP.
El juez de instrucción y los fiscales han devuelto el atestado enviado en su día por la Policía por considerar que está lleno de "imprecisiones". Según Nsue, los atestados deben incluir pruebas físicas de lo que se alega, como cintas grabadas de las conversaciones o incluso posibles armas utilizadas en el asalto, pero en este caso no figuran estas pruebas, ni siquiera algunos supuestos "machetes que se quedaron ellos mismos", y las declaraciones son "superficiales".
Asimismo, fuentes próximas a la judicatura han indicado que los fiscales no encuentran el "cuerpo del delito", no ven razones para acusar a los detenidos y opinan que la Policía no ha conseguido demostrar relación alguna entre los militantes de UP y los asaltantes del 17 de febrero, y mucho menos sobre el papel de "financiadores del golpe de Estado" que pretenden atribuirles.
Fabián Nsue ya defendió en el pasado a algunos de los participantes en el golpe de Estado de marzo de 2004 y al dirigente opositor bubi Weja Chicampo, entre otros. En mayo de 2002, Nsue fue encarcelado y sometido a malos tratos en Black Beach después de ser acusado de "injurias al jefe de estado".
LOS DETENIDOS
A finales de marzo, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) denunció la detención "arbitraria", sin cargos ni juicio, de nueve miembros de UP --entre los que figuran la esposa y un hermano de su líder, Faustino Ondó Ebang-- tras el asalto del pasado 17 de febrero contra el Palacio Presidencial en Malabo. Todos ellos, según Amnistía Internacional, fueron detenidos "sin la preceptiva orden" entre el 18 de febrero y el 1 de marzo de 2009 en Bata, principal ciudad del continente, y en Malabo.
Hasta principios de abril, en que fueron trasladados al penal de Black Beach, permanecieron recluidos sin cargos ni juicio en la comisaría central de Policía de Malabo. El mismo día de su traslado pasaron a disposición judicial --"algo que debió hacerse setenta y dos horas después de su detención"", según informaron fuentes del interior del país citadas por ASODEGUE-- y fueron acusados formalmente de "atentado contra la seguridad del Estado".
