MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 3 de A Coruña, Elena Rodríguez Molpeceres, ha imputado por un presunto delito de falsedad documental a una funcionaria de la Fiscalía que intervino en el expediente que propició la primera expulsión de la Carrera de un fiscal en democracia. La separación del servicio del fiscal Juan Antonio Frago fue anulada posteriormente por la Audiencia Nacional.
Fuentes jurídicas han apuntado a Europa Press que la funcionaria Remedios G.F., que es interina en la sede de la Fiscalía de A Coruña, deberá comparecer el próximo 16 de julio para ser interrogada en calidad de imputada.
Frago había sido sancionado por la comisión de "varias faltas de carácter muy grave", algunas de ellas relacionadas con comportamientos de "falta de respeto" a su superior, la fiscal jefa de esa provincia María Esther Fernández.
En octubre del pasado año la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional anuló la expulsión de Frago, que había sido instada decreto firmado por el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce. Afirmaba la Audiencia que se vulneraron sus derechos fundamentales en la tramitación del expediente y hubo también infracción del principio de legalidad.
Frago fue separado del servicio por resolución del Ministerio de Justicia el 25 de marzo de 2013 y la decisión de la Audiencia, que no fue recurrida, obligó a reponerle "en su condición de funcionario miembro del Ministerio Fiscal con todas las consecuencias administrativas y económicas derivadas de ello", según señalaba la Audiencia Nacional.
Se le sancionó concretamente por falta continuada muy grave del artículo 62.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consistente en el incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito "cuando de aquel se haya derivado perjuicio en el proceso o alteración relevante en el funcionamiento interno de la Fiscalía".
En su día, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) denunció que el procedimiento sancionador que puede aplicarse a este colectivo, especialmente ante el castigo disciplinario más grave que puede imponerse que es el de separación del servicio (expulsión), por presentar "graves deficiencias en lo que se refiere a garantías procesales".
