LEGANÉS (MADRID), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) llamó a declarar en calidad de imputado al actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Leganés, Antonio García, por un presunto delito de prevaricación en el caso 'Cuadrifolio', en el que se aprobó una factura de 101.478 euros a esta empresa en la última Junta de Gobierno de la pasada legislatura, según informó hoy el PP.
Según el auto judicial notificado el pasado día 12, el edil deberá comparecer a instancias del Ministerio Fiscal el próximo día 24, a las 11.00 horas, para prestar declaración sobre su participación en esta aprobación.
Fuentes del PP informaron de que el instructor del caso, Emilio Fernández, aceptó la petición de la Fiscalía de tomar "declaración en calidad de imputado" del concejal porque fue quien "llevó el expediente a la Junta de Gobierno con una propuesta de aprobación". En este sentido, interpretaron que al "encontrarse el caso a las puertas de juicio oral, esta imputación equivale a un procesamiento".
El edil queda incluido, con ello, en un caso en el que el TSJM apreció "indicios" suficientes para procesar al ex alcalde de Leganés y actual diputado por el Grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, José Luis Pérez Ráez, así como a seis ex concejales del municipio, por aprobar un gasto sin seguir presuntamente los procedimientos administrativos adecuados, como la reserva previa de crédito.
En este sentido, el alto tribunal madrileño llamó a declarar, también en calidad de imputada, a la directora de Servicios de Informática del Ayuntamiento, Virginia M., ya que, según precisó el PP, ésta hizo "las veces de técnico para informar favorablemente sobre el expediente" en la Junta.
ESCRITO DE ACUSACIÓN
Estas dos nuevas imputaciones se suman al previsible procesamiento de Pérez Ráez y de los ex concejales Mariano Maroto (de Obras), Florencio Izquierdo (Urbanismo), Yolanda Sevilla (Empleo), Francisco Arroyo (Medio Ambiente), María Rita Salina (Cultura) y Margarita Pedruelo, después de que el TSJM apreciase "indicios" y autorizase, a finales del pasado mes de febrero, a las partes personadas a redactar el escrito de acusación.
El magistrado argumentó, en los fundamentos de derecho de aquel auto, que el ex regidor y los ex ediles que firmaron el abono de la factura en Junta de Gobierno fueron "ilustrados de las anomalías en que incurrían".
Así, alegó que los imputados adoptaron la decisión "pese a conocer que no se había efectuado con carácter previo la oportuna reserva de crédito necesaria para la realización del gasto" y pese a que "tampoco se había tramitado el expediente administrativo preciso para dicha contratación".
Además, según el TSJM, la Interventora municipal, Teresa Pascual, advirtió "de forma verbal" a los imputados de que la aprobación del gasto contó con informe "negativo".
