MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) - El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este lunes la libertad provisional bajo fianza en metálico de 300.000 euros para el expresidente de la Real Federación de Fútbol Española (RFEF) Ángel María Villar, rebajando así las medidas cautelares que impuso el pasado 20 de julio cuando acordó su prisión incondicional en el marco de la operación Soule. El magistrado ha dictado un auto en el que también acuerda la libertad provisional para el hijo de Villar, Gorka, al que impone una fianza de 150.000 euros y para vicepresidente económico de la RFEF y expresidente de la Federación Tinerfeña, Juan Antonio Padrón, que deberá pagar 300.000 euros para salir de la cárcel. Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional obliga a estos tres investigados --los cuáles se encontraban en prisión incondicional desde el 20 de julio-- comparecer semanalmente ante el juzgado, la retirada del pasaporte, además de facilitar un teléfono móvil donde puedan ser localizados y llamados en cualquier momento para ponerse a disposición del juzgado. El juez Pedraz afirma en su auto que aunque siguen existiendo motivos para considerarles responsables criminalmente de los delitos imputados "resulta oportuno modificar la situación personal" de los tres tras haber practicado una serie de diligencias como volcado, y depósito y custodia de la documentación requerida e intervenida para su análisis, así como declaraciones de más investigados y testigos. El juez instructor asegura que junto a "las medidas cautelares reales" decretadas "difícilmente podrían obstaculizar la instrucción de la causa", ya que la documentación no puede ser "alterada", ni pueden "influir" en los testigos y en el resto de investigados a los que ya se tomado declaración, así como ocultar bienes y patrimonio gracias a que sus cuentas están bloqueadas y embargadas. Asimismo, el magistrado señala que no existe riesgo de fuga al acordar las fianzas y el resto de medidas de control. El expresidente de la RFEF, su hijo Gorka --sin cargo en el organismo deportivo--, y Padrón están investigados por los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares por desviar fondos de la Federación de Fútbol a empresas vinculadas a esta trama. El magistrado de la Audiencia Nacional también ha levantado el secreto de sumario y permite la personación en la causa de los investigados que aún no han sido llamados a declarar para garantizar su derecho de defensa. Según indica en el auto se tratan de empresarios, médicos y otras personas vinculadas a la Federación como Fermín Bernad Vico, Carlos Antonio Plasencia Romero, José Higinio Temprado, Juan Francisco Espino, Onofre Alba Vidal, Onofre Alba Gimeno. También a Isidro Manuel Monje Cabrera, José Asensio García, José Miguel Monje Carrillo, Ana María Castro Vidal y Víctor Oñate, así como a una veintena de personas jurídicas. Por otro lado, el auto también señala que, hasta el momento --el pasado martes el juez comenzó la ronda de declaraciones--, se ha interrogado en calidad de investigados a el exaministrador general de la RFEF José María Castillón; la directora general de la Selección Española, María José Claramunt; y el exsecretario general de la Federación Española de Fútbol Jorge Pérez Arias. Han comparecido también el empresario Vicente Bernad y los presidentes territoriales y miembros de la Federación Vicente Muñoz Castelló, Antonio García Gaona, Jacinto Andrés Alonso, Vicente Temprano, Valentín San Rozas, Daniel Tebar Betegón, Juan Francisco Espino y Diego Martínez Gómez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional apuntó en el auto por el cual decretaba prisión para Villar, su hijo Gorka, Padrón y el secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández Baussou --en libertad tras abonar una fianza de 100.000 euros-- que al menos desde 2009 el directivo creó un entramado para la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos para garantizar su permanencia al frente del puesto que ostenta desde el año 1988. Pedraz sospecha que Villar ha cometido "excesos administrativos" por un lado con el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva (que utiliza a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones afines o vetar a los que le son contrarios), y por otro, con la concesión de beneficios a los que han favorecido su candidatura. El magistrado destacó que se estableció una red de "clientelismo" para la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros. Además, afirmó que los acusados cometieron estos hechos con la voluntad "de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros".
