El juez aplaza al próximo 9 de julio la declaración del presidente de Liberbank sobre la quiebra de la CAM

Actualizado: lunes, 30 junio 2014 13:02

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha aplazado al próximo día 9 la declaración como testigo del presidente-consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, en el marco de la causa en la que investiga la responsabilidad de la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en la quiebra de la entidad.

El magistrado, que le había citado este lunes, ha modificado el calendario de declaraciones después de que Menéndez le comunicara que la citación coincidía con el desarrollo de un consejo de administración de su banco.

Gómez Bermúdez ha tomado declaración a los otros tres testigos previstos para esta primera jornada: el responsable de Planificación y Presupuestos de Banco Base, Jesús Ruano, procedente de Cajastur; el responsable de la Contabilidad de Banco Base, Miguel Ángel Barra y el director del área de seguros del Grupo Mediterráneo Vida SA Juan Jesús Gómez Gómez.

Las declaraciones continuarán el miércoles, con el interrogatorio de dos nuevos imputados: el que fuera director general de Inversiones y Riesgos de la caja Francisco Martínez García y al ex director general de Liquidez y Financiaciones Propias Juan Luis Sabater. También declara ese día el inspector del Banco de España José María Ruiz.

Gómez Bermúdez mantenía imputados por el momento, por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, a cinco altos cargos del banco --su expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López, el ex director de Recursos Vicente Soriano y el de Planificación Teófilo Sogorb-- por llevar a la entidad a un "debilitamiento extremo" en "beneficio propio".

AMPLIACIÓN DE LAS IMPUTACIONES

El magistrado amplió las imputaciones a la vista de las alegaciones presentadas por Sogorb que indicó, en un escrito presentado el pasado mes de mayo, que la auditoría y contabilización de los riesgos y dotaciones para la formulación de las cuentas de 2010, no dependía del área que él dirigía sino de las direcciones de Martínez y Sabater.

Sogorb recordaba en su escrito que la formulación de las cuentas de aquel año tuvo lugar coincidiendo con el proceso de integración del denominado Sistema Institucional de Protección (SIP) y la creación del Banco Base, formada por la CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

La fusión fría fracasó en marzo de 2011, momento en el que las asambleas de Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura se opusieron a unirse a la vista de la ruinosa situación de la CAM.

El instructor continuará con la ronda de declaraciones los días 8, 9 y 10 de julio. En esas fechas acudirán a la Audiencia Nacional el responsable del área de gestión de la morosidad de la caja Antonio Gisbert y de la aprobación de riesgos Manuel Lerma y otros siete testigos.

PROCESO DE INTEGRACIÓN

El proceso de integración de las cajas se prolongó desde septiembre de 2010, momento en que tomó vigencia el contrato de integración del SIP, hasta la creación en diciembre de 2010 del Banco Base. Durante este plazo hubo una cesión de la soberanía de los órganos directivos de las cajas que pasó a manos del Comité de Integración del SIP.

El actual presidente-consejero delegado de Liberbank, ocupó en aquel entonces el cargo de director general de Banco Base y actuó como consejero delegado con plenas facultades de este Comité.

El resto de testigos previstos son el director de Información Financiera Salvador Ochoa; el administrador del FROB Benicio Herranz, los que fueran directores de gestión de Recursos Humanos de la CAM Eduardo Severá y Bernardo Chuliá y el coordinador del SIP José Luis Martín. Comparecerán además los miembros de KPMG Julio Álvaro y Javier Muñoz.

La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España tras acumular unas pérdidas de más de 1.000 millones en los seis primeros meses del año. Tras la quiebra, el organismo regulador aportó 2.800 millones de euros y nombró al FROB como su administrador provisional.

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