Lo justifica en la gravedad de la pena que conllevan los delitos, contar con "relevantes recursos económicos" y los "armazones internacionales"
MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena apunta en su auto de procesamiento de Carles Puigdemont y otros doce investigados por el 'procés', el "grave riesgo de fuga" de los encausados que justifica no sólo por la gravedad de la pena que conllevan los delitos, sino también por los "relevantes recursos económicos" con que pueden contar las estructuras organizativas que los apoyan.
En este sentido, el magistrado expone que de la instrucción "se apunta un riesgo de ocultación derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión".
Añade, además, que no sólo la gravedad de la pena y la eventual proximidad de su enjuiciamento proyectan "la natural tentación de la huida" sino que este riesgo se "potencia" por otros muchos factores.
Así, recuerda que la investigación ha reflejado el "claro desprecio de los procesados al acatamiento de las decisiones de la autoridad judicial, las cuales se han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años".
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También se acredita la pertenencia de los encausados a un amplio colectivo que se solidariza con su causa por compartir las motivaciones que llevaron a los procesados a cometer los delitos. El juez deja claro que este colectivo cuenta con estructuras asociativas organizadas y con asesoramiento legal especializado, así como con "relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asocados".
A ello se añaden, según Pablo Llarena, los "armazones internacionales" desarrollados en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y en condiciones de prestar soporte.
LOS HUIDOS, ARGUMENTO COMPLEMENTARIO
Según el magistrado, alguno de los encausados comparte propósito con los procesados presos y, en apariencia, con la misma forma de entender la defensa de sus proyectos. En este sentido, recuerda que estos encausados "no han dudado en dificultar el ejercicio de la jurisdicción española, buscando refugio en terceros países, y lo han hecho con el plano sustento económico y organizativo, así como oponiéndose a su entrega a este Tribunal".
Para Pablo Llarena, este es un argumento secundario, pero "complementario" que apunta a la posibilidad de que los recién procesados puedan abordar la actuación de ocultación o fuga que trata de conjurarse. Sobre todo, dice, teniendo en cuenta las circunstancias procesales que se inician ahora.
El magistrado no menciona nombres de los huidos pero lo expone en clara referencia a Carles Puigdemont, los cuatro exconsejeros que se fugaron con él a Bélgica, la portavoz de la CUP, Anna Gabriel y ahora, el caso de Marta Rovira, quien no ha acudido a la citación del juez para comunicarla su procesamiento. Esta última ha escrito una carta en la que anuncia que se va al "exilio".
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