El jueves le toca el turno a Alberto Ruiz-Gallardón, también investigado por la presunta operación irregular
MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón interroga este miércoles a Manuel Cobo, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, por la compra presuntamente irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.
El juez le cita en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, los mismos que pesan sobre el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del Canal, Carlos Mayor Oreja, que ha prestado declaración este martes y sobre el propio Ruiz-Gallardón, citado para este jueves. Todos ellos formaban parte del Consejo de Gobierno que dio el visto bueno a la operación que supuso un desembolso de 73 millones dólares.
El magistrado que instruye el caso 'Lezo' acordó esta diligencia el pasado mes de abril tras escuchar a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de la filial sudamericana de la empresa pública de aguas.
En su declaración ante el magistrado, Carlos Mayor Oreja, ha explicado que su labor en este proceso consistió únicamente en aprobar la operativa de compra (rubricada previamente por el consejo de administración de la empresa de aguas madrileña) y dar el visto bueno a la creación de Canal Extencia para poder llevar a cabo la adquisición.
El exconsejero ha insistido en que la operativa se llevó a cabo respetando la legalidad vigente, que confiaron en que la propuesta venía respaldada por los técnicos del Canal, que se trató de la mejor valoración efectuada por los mismos y que no se produjo irregularidad alguna. También ha negado el cobro de comisión alguna.
ATRIBUYE LA EXPANSIÓN DEL CANAL A LEGUINA
El exconsejero del gobierno de Madrid ha explicado que cuando llegó a la presidencia del Canal, en el año 2000, encargó un informe a una consultora porque tenía la intención de mejorar su rendimiento y rejuvenecerla. En dicho informe se incluyó el plan de expansión por Latinoamérica; un proyecto que, ha dicho, ya se tanteó en el gobierno del socialista Joaquín Leguina, antecesor a Gallardón en la Comunidad de Madrid.
Estas declaraciones se producen meses después de que el juez interrogara a los antiguos miembros del consejo de administración del Canal, entre los que se encontraban estrechos colaboradores de Gallardón, como Pedro Calvo y Juan Bravo. Los dos declararon, también en calidad de investigados, los motivos que llevaron a la adquisición del 75 por ciento de Inassa y defendieron los beneficios que, a su juicio, reportó la operación.
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, acusa al exdirector gerente del Canal Arturo Canalda y a los entonces directivos José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras de diseñar una operación de compra paralela a la explicada ante los consejeros y "repleta de irregularidades", puesto que seis días antes de que se celebrara la sesión de votación ya estaba concedido el aval bancario para adquirir Inassa.
LOS EXCONSEJEROS DESVINCULARON A GALLARDÓN
Por este motivo, los exdirectivos de la empresa pública de aguas también fueron interrogados en dependencias judiciales. Todos ellos negaron las acusaciones del Ministerio Público y explicaron que, lejos de provocar pérdidas, se trató de la mejor propuesta de compra de todas las opciones presentadas por los técnicos de la compañía públicas de aguas.
Además, tanto los principales directivos del Canal como el resto de miembros del entonces consejo de administración, desvincularon de esta operación a Gallardón. Sin embargo, el magistrado instructor ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana", ya que se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.
