MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha vuelto a archivar la investigación de las cuotas participativas de la CAM pese a que la instancia superior, la Sala de lo Penal de este órgano le ordenó que lo reabriera el pasado 3 de mayo.
Esta causa sobre preferentes y deuda subordinada afecta a más de 35.000 personas y se remonta al año 2011, cuando el abogado murciano Diego de Ramón, presentó siete querellas contra los directivos de la entidad.
Pese al requerimiento de los magistrados de la Sala, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 incide en que los últimos estados financieros publicados en el momento de la emisión de este producto eran los de diciembre de 2007, que no estaban falseados -ya que las cuentas a lo largo de la instrucción han sido encontradas falsas son las de 2010 y 2011- y que la CNMV participó activamente en la elaboración del folleto informativo, que fue facilitado a los inversores.
La Sala entendía, no obstante, que la investigación seguía siendo necesaria para determinar si la emisión y comercialización de los productos se hizo "siguiendo un plan preordenado de recapitalización ante la situación de crisis real de la entidad, con ocultamiento consciente a los inversores de la naturaleza del producto y situación de la entidad", tal y como parecía indicar según la Sala la prueba testifical y la argumental practicada hasta el momento.
De Ramón, que representa a a 850 personas que quedaron excluidas en la fase de instrucción última como titulares de las cuotas participativas, fue el que apeló contra el archivo de la causa y aunque la Sala de lo Penal le dio la razón la juez instructora lo archiva de nuevo. Contra esta última decisión cabe también recursos de reforma y apelación.
PERICIAL SIN EFECTO
La juez recuerda en su auto, dado a conocer este jueves, que en julio de 2014 se nombraron dos peritos de la CNMV para que procedieran a realizar un muestreo sobre el perfil de los adquirientes de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada.
Sin embargo, los peritos solicitaron una provisión de fondos de 10.000 euros y las partes mostraron su oposición adelantar ningún dinero, por lo que el pasado mes de febrero la juez dejó sin efecto la pericial acordada. Esta decisión fue confirmada por la Sala de instancia el pasado 3 de mayo, según recuerda Lamela en su resolución.
Tras realizar un resumen de la historia de estos productos financieros, la juez recuerda que el folleto informativo que se dio a los clientes establecía claramente un apartado titulado 'Factores de riesgo" donde se advertía que "los cuotapartícipes podrían no recuperar toda la inversión efectuada", que este producto era más complejo que las simples acciones y que su precio podría ser "volátil".
Además, la pericial practicada hasta la fecha, según recuerda la juez de la Audiencia Nacional, concluía que los últimos estados financieros publicados eran los de 2007, y que por ello "es razonable pensar que los inversores dispusieron de información financiera correcta sobre la situación de la CAM en el momento de tomar la decisión de suscribir las cuotas participativas", que fue junio de 2008.
Para la Sala, sin embargo, sería necesario continuar con la investigación para determinar si la venta de las cuotas participativas se hizo "aprovechando la generalizada ignorancia" de los clientes "acerca del producto que se les transmitía en realidad, y con cierta o muy alta probabilidad de que las inversiones realizadas sufriesen, tras un inicial sostenimiento del valor de la inversión en el mercado, una súbita desvalorización".
Esta desvalorización, según la Sala, "no podía ser desconocida para quienes conocieran la real situación deficitaria de la CAM". Por todo ello, ordenó a Lamela no cerrar la investigación al entender que existían indiciariamente, "elementos para sustentar la calificación de los hechos como presuntamente delictivos".
