MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha rechazado de nuevo dejar en libertad al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien se encuentra en prisión provisional desde el pasado 18 de abril después de que el magistrado decretara su encarcelamiento incondicional y sin fianza acusado de fraude en las subvenciones, estafa y administración desleal, en relación con presuntas extorsiones que esa asociación realizó a diversas entidades financieras y empresas.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha desestimado la petición de Pineda --la cuarta desde que se encuentra en la cárcel-- al entender que no han variado las circunstancias que motivaron su ingreso en un centro penitenciario y en conformidad con el criterio de la Fiscalía.
Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al magistrado que declare la causa en compleja. El plazo máximo para la instrucción, de seis meses en causas simples, vencería el próximo 17 de noviembre de 2016 y se ampliaría a 18 meses si se atiende la petición del Ministerio Público. El juez ha dado audiencia a las partes por plazo de cinco días para que presentes alegaciones sobre esta declaración.
OPERACIÓN NELSON
El Ministerio Público tiene indicios de que tanto Pineda como el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay, y el tesorero Alfonso Solé, conformaron desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales junto con el sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernard, también se encuentra en prisión por la misma causa.
La operación, bautizada como 'Nelson', es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero de 2015, hace más de un año. Exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas. En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus asociaciones, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados.
Según el fiscal, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían "la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero", actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo.
