MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata interrogará el próximo miércoles a los principales directivos de las constructoras Assignia y Rover Alcisa, a los que acusa de utilizar presuntamente la red de comisiones ilegales tejida por el ex diputado del PP Pedro Gómez de la Serna y el exembajador de España en la India y exparlamentario Gustavo de Arístegui. Las firmas han sido imputadas como personas jurídicas, por lo que también deberán comparecer sus representantes legales para ser preguntados.
En el auto de citación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les imputa indiciariamente los mismos delitos por los que investiga a los dos exmandatarios populares desde el pasado mes de enero, que son los de cohecho, blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones internacionales y organización criminal.
El magistrado trata de aclarar si estas empresas pagaron a la trama para que sobornara a funcionarios argelinos para conseguir unas obras públicas en el país africano. Se sospecha que posteriormente se habrían pagado comisiones por haber obtenido dichos contratos a a través de sociedades instrumentales creadas por Arístegui y De la Serna,
De la Mata abrió esta investigación a mediados del pasado mes de enero contra los dos exmandatarios populares y otras seis personas, intermediarias en las operaciones, por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior de hasta 250 millones de euros. La querella fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción y obligó al registro de varias empresas y de los domicilios de los principales encausados, quienes se negaron a prestar declaración en la Audiencia Nacional cuando fueron llamados por el juez.
Los investigadores tienen indicios de que los integrantes de la trama concertaron" con funcionarios extranjeros y otras personas para "apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores".
La trama se dedicaba, según decía el juez en su auto de apertura de la investigación, a "recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el buen fin de las gestiones".
