Las autoridades del Peñón alegan que son "arrecifes" para proteger la biodiversidad y avisa que continuará con este trabajo
MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
Pescadores españoles y las autoridades de Gibraltar han protagonizado este miércoles un nuevo enfrentamiento en las aguas del Estrecho, debido al lanzamiento, por parte de una remolcador gibraltareño, de bloques de hormigón al fondo marino. Los marineros gaditanos han llamado a la Guardia Civil para denunciar esta "nueva provocación" con la que dicen que se pretende "perjudicar" su labor, mientras que el Gobierno gibraltareño ha asegurado que son "arrecifes" para favorer la biodiversidad y ha rechazado la "interferencia" de España en "actividades legales".
El incidente ha tenido lugar esta mañana, cuando, según han explicado a Europa Press fuentes del sector pesquero, el patrón del barco 'Divina Providencia' ha avisado de que un remolcador estaba lanzando al agua "un gran número de bloques de hormigón, más de 20", de "gran tamaño" y con "puntas de hierro", para espantar a los peces del caladero.
El pesquero ha avisado a la Guardia Civil, que ha enviado una patrullera a la zona. Según han indicado a Europa Press fuentes del Instituto armado, la patrullera se ha acercado al remolcador y le ha preguntado qué tipo de trabajo estaba realizando. El barco interpelado no ha respondido y se ha marchado de la zona.
Poco después, han explicado estas fuentes, ha llegado a la zona una patrullera de la Policía gibraltareña que ha preguntado a su vez por lo ocurrido al Servicio Marítimo español, que le ha explicado el episodio: el contacto entre la Guardia Civil y el remolcador y la marcha de éste tras no responder a la petición de información. Según estas fuentes, no ha habido ningún momento de "tensión".
"EL DAÑO ESTÁ HECHO: NO HAY PESCA"
Para los pescadores gaditanos, se trata de "una nueva provocación" de Gibraltar y, aunque no se han producido más incidentes, han denunciado que "el daño ya está hecho", porque en el caladero "no hay pesca". Además, fuentes del sector han expresado a Europa Press su "inquietud" porque la situación se pueda repetir.
Horas después de este incidente, Gibraltar ha hecho público un comunicado en el que denuncia la "interferencia" que, a su juicio, ha cometido la Guardia Civil en su jurisdicción, y asegura que ya ha informado al Gobierno de Reino Unido para que eleve este asunto "al máximo nivel".
En el comunicado, las autoridades del Peñón denuncian que la Guardia Civil ha "impedido" el trabajo de una empresa contratada para construir arrecifes en las aguas que consideran como propias, como parte de "una estrategia para la protección marina". "Estos arrecifes aumentarán la biodiversidad y proporcionarán refugio para mucha especies marinas", aseguran en el comunicado.
En su versión de los hechos, señalan que la empresa "autorizada" por el Ministerio de Medio Ambiente estaba depositando bloques de hormigón para crear estos arrecifes cuando una patrullera de la Guardia Civil ha "obstruido" su tarea, impidiendo que concluyera su misión cuando "sólo" había sido colocada "una parte de los bloques de hormigón" previstos.
Según el comunicado, la Guardia Civil "interrogó" al remolcador "dentro de las aguas terroritoriales británicas en Gibraltar". Dado que tenía previsto parar de trabajar a mediodía, el remolcador ha dejado de hacerlo tras este episodio.
Gibraltar asegura que se ha tomado "muy en serio" este incidente. "Es totalmente inaceptable que una empresa contratada y totalmenta autorizada por el Gobierno, que lleva a cabo una actividad legal, sea interrogada y se le impida trabajar por un cuerpo de seguridad de un país extranjero", denuncia en el comunicado, en el que dice que emprenderá "las acciones que sean necesarias" para garantizar que sus políticas no sufren interferencias en este u otros casos. "Los trabajos continuarán cuando y como se requieran", añade.
Las autoridades de Gibraltar reclaman como propias las aguas que rodean el Peñón, una soberanía que España no reconoce, y son habituales sus denuncias de "incursiones" por parte de barcos de la Armada y la Guardia Civil, que España considera dentro de sus "actividades normales" en sus aguas.
