MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PP ha confirmado su intención de dejar para la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Gobierno espera remitir al Congreso en febrero para que se apruebe antes del verano, la idea de exigir el cese a aquel cargo público que sea citado a juicio oral como imputado por delitos de corrupción.
El momento en que un alto cargo debe dejar su puesto en caso de verse salpicado por un caso de corrupción era uno de los puntos principales de fricción entre los partidos políticos en la tramitación de las dos leyes anticorrupción que presentó el presidente Mariano Rajoy en el Pleno del Congreso del 27 de noviembre.
El PSOE propuso enmiendas para hacer efectivo el cese cuando el cargo público esté en curso en un juicio oral y se le imputen delitos un delito de corrupción, una mandato que quiere extender a diputados, senadores y alcaldes. Izquierda Plural, por su parte, era partidario de adelantar el cese a la imputación de un delito, haya o no juicio oral.
Pero el PP no quiso entrar en este asunto en sus enmiendas a la ley que regula el estatuto del alto cargo y este miércoles, cuando lña norma se ha debatido en la Comisión Constitucional del Congreso, ha confirmado que la exigencia del cargo en casos de corrupción se resolverá en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
VINCULADO AL JUICIO ORAL
En principio, los 'populares' coinciden con el PSOE en situar el cese en el momento en que un cargo sea citado a la vista oral, pues recuerda que la mera imputación sólo es una garantía para permitir que una persona acuda a declarar ante el juez con un abogado.
La definición concreta se plasmará en la redacción LECrim, que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que piensa enviar al Congreso en febrero para que sea aprobada por las Cortes Generales antes del verano.
La redacción actual del anteproyecto de ley, que actualmente está siendo examinado en los órganos consultivos (CGPJ y Consejo de Estado), no recoge mención alguna al cese en casos de corrupción, por lo que, o bien lo incluye el Gobierno antes de remitir el texto al Gobierno, o bien lo incorpora el PP vía enmienda. En cualquiera de los dos casos, este asunto ya no será analizado por los órganos consultivos.
